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Internacional

29 de Junio de 2016

Las instituciones europeas manifiestan su preocupación por la discriminación lingüística en países como España

La situación del catalán en España, del galés en Reino Unido o del húngaro en Rumania, ha llegado hasta las puertas de las instituciones comunitarias. La preocupación sobre la discriminación lingüística en los diferentes estados miembros de la Unión Europea y el aumento de las denuncias por esta causa, está motivando un profundo debate para abordar los casos de discriminación por razón de uso de idiomas regionales o lenguas minoritarias.

María López Nalda,
Licenciada en Periodismo

Pierre Boulat,
Licenciado en Derecho


Más del 10% de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) hablan una lengua minoritaria. Actualmente, la Unión cuenta con 24 lenguas oficiales y más de 60 lenguas autóctonas minoritarias o regionales con, al menos, 40 millones de hablantes según la última encuesta especial "Los europeos y sus lenguas" del Eurobarómetro.

Esta situación cuenta con especial protección por parte de la UE que en la Carta de los Derechos Fundamentales recoge lo siguiente:

Artículo 21

No discriminación

1.   Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

2.   Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares.

Artículo 22

Diversidad cultural, religiosa y lingüística

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

Sin embargo, en este contexto ha crecido el número de casos por discriminación lingüística en diferentes Estados de la Unión Europea. España es uno de los principales países en el foco de las instituciones por esta causa.

Ya el pasado 21 de enero de 2016, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitía una recomendación en la que instaba a España a aplicar la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias (documento que rubricó en 1992 y ratificó en 2001). Tras la visita de un comité de expertos y el consiguiente informe preceptivo, en dicha recomendación, el Consejo urge la aplicación  de acciones "con carácter prioritario" para poner fin a casos de discriminación lingüística, entre otros, garantizar la presencia de las lenguas cooficiales en los servicios públicos, especialmente en los servicios de salud; o asegurar que la oferta de educación trilingüe no afecta negativamente a la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias.

Dos meses más tarde del pronunciamiento del Consejo de Europa, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE), celebró un debate específico sobre los derechos lingüísticos en el Parlamento Europeo por primera vez en su historia. Durante dicha sesión, la Red de Igualdad de Lenguas Europeas (ELEN), organización internacional dedicada a la protección y promoción de las lenguas regionales, minoritarias y en peligro de extinción, describió la situación del catalán en España como "muy grave" y llamó a un procedimiento contra España por "discriminación lingüística".  En palabras del secretario general de ELEN, Davyth Hicks, España "no ha respetado la Carta de los Derechos Fundamentales", al tiempo que hizo hincapié en que la UE no puede seguir haciendo caso omiso de una situación que "resulta totalmente inaceptable hoy en Europa". En este sentido, Hicks expuso que la puesta en conocimiento de esta situación es "el inicio de un proceso que espera que conduzca a un amplio debate" en el seno de las instituciones sobre la situación de las lenguas minoritarias en toda Europa.

Una de las últimas acciones sobre este tema tuvo lugar a principios de junio: los grupos del Parlamento Europeo GUE-NGL y los Verdes-EFA (Greens-EFA) celebraron un debate en el que solicitaron la puesta en marcha de una normativa que regule la situación al respecto, e incluso instaron la creación de una Comisión Lingüística (Language Commisioner), con el fin de luchar contra un creciente número de casos de discriminación en toda la Unión Europea.

La solicitud de creación de esta Comisión que se acaba de proponer por varios grupos de la Eurocámara tiene un precedente inmediato. Entre los años 2007 y 2010 se estableció la figura específica del Comisario para el Multilingüismo con el fin de velar por la protección de los derechos lingüísticos en la Unión Europea. El cargo monográfico ocupado durante este periodo por Leonard Orban, fue después finiquitado y sus funciones se involucraron dentro de la Comisaría de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud. La reclamación actual de algunos grupos del Parlamento Europeo insta a recuperar esta especie de figura "Ombusdman" para la protección de las lenguas regionales y minoritarias en el marco de la Unión.


María López Nalda,
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Pierre Boulat,
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