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Internacional

16 de Octubre de 2014

Los organismos europeos dispuestos a clarificar sus relaciones con los 'lobbies'

Actor habitual en los procesos legislativos de la Unión Europea que regulan la actividad económica y comercial de 28 países y 507 millones de ciudadanos, los lobbies están en el punto de mira de numerosas asociaciones y de las instituciones comunitarias. En los últimos años, los grupos de presión se han multiplicado y han ganado terreno con prácticas poco claras, hasta convertirse en una figura controvertida en la escena europea. Sin embargo, sus días de opacidad están contados: la jurisprudencia del TJUE, las iniciativas del Parlamento y las intenciones de la nueva Comisión están sentando las bases jurídicas para favorecer una reglamentación más estricta.

María López Nalda,
Licenciada en Periodismo

Pierre Boulat,
Licenciado en Derecho


Los grupos de presión son una de las grandes preocupaciones de la Unión Europea en tanto afectan a su funcionamiento y transparencia. Fruto de esta inquietud, el 23 de junio de 2011 se creó el Registro de Transparencia común del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, también conocido como Registro de lobbies donde, hasta la fecha, se han inscrito un total de 6.930 empresas y organizaciones (alrededor de 500 de origen español), cuya principal tarea es influir en la elaboración de las leyes de la UE para beneficiar a sus clientes (multinacionales, pymes, ONG...), contactando para ello con comisarios europeos y eurodiputados.

Actualmente existen problemas de credibilidad en el propio Registro Europeo de Transparencia, una situación ya denunciada por las ONGs en numerosas ocasiones. Dado que éste es un registro voluntario, no existen sanciones, ni control sobre la actividad real de estas empresas que, en principio, deberían revelar sus cifras de negocio y los nombres de sus clientes.

A pesar de que los datos oficiales ofrecen apenas unas pinceladas de la magnitud de los grupos de presión, las conclusiones de la principal plataforma por la transparencia europea Lobby Facts no pasan desapercibidas. Por ejemplo, para hacerse una idea del volumen de dinero que circula anualmente por las instituciones comunitarias, se estima que sólo el top ten de lobbistas mueve alrededor de 40 millones de euros. Entre ellos, figuran grandes compañías tabacaleras, tecnológicas, petroleras o farmacéuticas, entre las que se cuentan a Philip Morris, ExxonMobil, Bayer o Microsoft.

En la actualidad, se estima que la capital europea cuenta con cerca de 30.000 lobbistas, casi tantos como empleados en la propia Comisión, según Corporate Europe Observatory. Bruselas se convierte así, después de Washington, en la ciudad con más concentración de personas que pretenden influir en los procesos legislativos.

Los lobbies bajo la lupa del TJUE

Algunos casos judiciales recientes dan cuenta de varios conflictos relacionados con los grupos de presión, entre otros, la sentencia del 14 de junio de 2012 sobre pesticidas y la esperada decisión del TJUE sobre el caso Dalligate en relación con la industria tabacalera.

En el primer caso, dos ONGs (Stichting Human Nature y Pesticide Action Network Europe), ante la sospecha de que los lobbies habían podido influenciar el reglamento técnico sobre los niveles máximos de residuos de plaguicidas adoptado por la Comisión Europea, solicitaron por carta al órgano ejecutivo comunitario que procedieran a la revisión interna de su decisión de 29 de enero de 2008.

La reclamación de ambas ONGs se basó en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, sobre la aplicación a las instituciones y órganos de la Comunidad Europea de las disposiciones de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales, vigente desde el 30 de octubre de 2001.

La petición de estas asociaciones fue rechazada por la Comisión Europea el 1 de julio de 2008. Un mes más tarde, las dos organizaciones no gubernamentales recurren el caso ante el Tribunal General que anula finalmente la decisión de la Comisión Europea.

Esta sentencia constituye una clara señal, en cuanto a la posibilidad para la sociedad civil de contestar normas cuya elaboración ha sido negociada en contra el derecho nacional y europeo.

En cuanto al llamado caso Dalligate, pendiente de sentencia, los hechos se remontan a 2012. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) concluye una investigación según la cual el entonces responsable de la cartera de Salud y Política de Consumidores de la Comisión Europea, John Dalli, habría supuestamente incurrido en tráfico de influencias modificando el proyecto de directiva sobre el tabaco, para favorecer los intereses de la industria del sector. Ante las evidencias del OLAF, la "Comisión Barroso" forzó a Galli a abandonar su puesto, hecho que ahora el excomisario ha recurrido ante el TJUE que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la dimisión, voluntaria o involuntaria, del ex mandatario.

La nueva Comisión frente al desafío de alcanzar mayor transparencia

Consciente de estos problemas, la nueva era Juncker se ha propuesto regular y poner orden en el actual funcionamiento de los lobbies en el que se incluyen, entre otras medidas, la extensión del actual registro de transparencia al Consejo Europeo, regulando la obligatoriedad de las inscripciones de grupos de influencia para las tres instituciones.

En su presentación ante los parlamentarios europeos el pasado 15 de julio, el nuevo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, reiteró su compromiso de transparencia a la hora de establecer contactos con actores del sector económico: "Nuestros ciudadanos tienen derecho a saber con quién se reúnen los comisarios, el personal de la Comisión, los diputados al Parlamento Europeo o los representantes del Consejo en el contexto del proceso legislativo. Propondré con tal fin al Parlamento y al Consejo un acuerdo interinstitucional para la creación de un registro obligatorio de grupos de presión válido para las tres instituciones y me aseguraré de que la Comisión desempeñe un papel ejemplar en ese proceso".

En esta línea, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha defendido recientemente ante la Eurocámara la necesidad de establecer un registro obligatorio. Sin embargo, señala que "será difícil porque se trata de un cambio radical de las actuales prácticas".

La idea ha ganado peso en Bruselas tras la votación del pasado 15 de abril en el Parlamento Europeo, que aprobó nuevas medidas para dificultar las actividades de grupos de presión no inscritos en el registro de transparencia de la UE. Entre otras actuaciones, está previsto limitar el acceso a los edificios del Parlamento así como a otros eventos organizados por las instituciones comunitarias a todo miembro de organizaciones no registradas.

Ahora la pelota se encuentra en el tejado de los Estados miembros pues, para que la obligatoriedad en los registros prospere, deberán brindar su apoyo unánime a la propuesta de la Comisión, en virtud del artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Si se alcanza un acuerdo, es previsible que el nuevo registro sea efectivo en 2017.


María López Nalda,
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Pierre Boulat,
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