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19 de Mayo de 2016

El derecho de defensa en el delito de terrorismo a propósito del filme “Circuito Cerrado” de John Crowley

El objeto de esta breve reseña es llamar la atención sobre el tratamiento en el Reino Unido, en el seno de las causas penales seguidas por delitos de terrorismo, de aquellos elementos probatorios que pueden comprometer la Seguridad Nacional. El filme británico Circuito Cerrado (Closed Circuit, R.U. 2013), de John Crowley, supone un formidable ejemplo didáctico de la cuestión, pero también del desafortunado corto alcance de actuación para los abogados personados, en relación a esa especie de “Pieza Separada” que constituyen los Procedimientos a Puerta Cerrada (Closed Material Procedures o CMPs).

Manuel García de Mesa,
abogado


1. PROCEDIMIENTOS DE MATERIAL CLASIFICADO EN EL REINO UNIDO.

El Comité del Parlamento Europeo sobre Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (The European Parliament's Civil Liberties, Justice and Home Affairs committee -LIBE-), presentó el 31 de marzo de 2015 un informe sobre Seguridad Nacional y Pruebas de Carácter Secreto en la Legislación y ante los Tribunales de los Estados miembros. El informe realiza un análisis comparativo de algunos regímenes legales nacionales de la Unión Europea (Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Los Países Bajos y Suecia) y de sus prácticas en relación al uso de información de Inteligencia nacional. El LIBE pone bien de relieve que la Seguridad Nacional puede ser invocada para determinar la clasificación de la información y de las pruebas como "Secretos de estado", tanto en los procedimientos judiciales como respecto al cumplimiento de los Derechos Fundamentales. El LIBE concluye que la expresión Seguridad Nacional está nebulosamente definida por los estados, con el fin de poder actuar arbitrariamente. En consecuencia, en la medida que el poder judicial es significativamente obstaculizado en su función de administrar justicia y garantizar los Derechos Fundamentales, para el Comité mencionado, la Comunidad Nacional y Transnacional de Inteligencia necesitan ser incorporadas al estándar comunitario de sujeción a la ley por parte de los poderes públicos.

El caso del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es particularmente excepcional y preocupante en el paisaje europeo. La legislación británica permite que cierto material de los servicios de inteligencia sea introducido, o no, en un proceso civil o penal a través de vistas o audiencias orales de carácter secreto. Hablamos de los Procesos de Material Cerrado (Closed Material Procedures -CMPs-), que tienen lugar para decidir si determinado medio de prueba, potencialmente sensible a la seguridad nacional, puede ser revelado, o no, en la parte pública del proceso, sin quebrantar aquélla. En las audiencias a puerta cerrada sólo pueden estar presentes, el Juez, el Fiscal (los mismos del procedimiento principal), y el personal de los servicios de seguridad del país, conocido como ‘Testigo del Gobierno'. Al acusado le está vetado asistir personalmente a estas vistas. Sólo puede estar presente en su nombre, un abogado, que no puede ser aquél que lo representa en la causa principal. Se trata de un letrado designado ad hoc, denominado Special Advocate (Defensor Especial). Este abogado especial, una vez accede a la evidencia secreta, tiene completamente prohibido entrevistarse con el cliente, o hablar con el abogado defensor en el juicio principal.

En el Ordenamiento Jurídico del Reino Unido, estos Closed Material Procedures existen tanto el orden jurisdiccional penal, como el administrativo o el civil. La Ley de La Comisión Especial de Apelación en Asuntos de Inmigración (The Special Immigration Appeal Commission Act -SIAC-) del año 1997, introdujo el uso de estos procedimientos secretos. Fue creada para permitir al Gobierno apoyarse en material secreto para justificar la deportación de ciertos ciudadanos extranjeros, por razones de Seguridad Nacional; La Ley de Prevención  de Terrorismo (The Prevention of Terrorism Act) del año 2005, con las modificaciones introducidas por la Ley de Prevención de Terrorismo y Medidas de Investigación (Terrorism Prevention and Investigation Measures Acts-TPIM-) de 2011, permiten la inmediata adopción de medidas restrictivas a los sospechosos de delitos relacionados con el terrorismo a través de estos procedimientos secretos; La más reciente ley que contempla los procedimientos que mencionamos es La Ley de Justicia y Seguridad (Justice and Security Act -JSA) del año 2013. Está resultando muy controvertida en el país, pues introduce el uso codificado de los asuntos de seguridad en cualquier procedimiento civil donde se argumente la posibilidad de que sea revelado cierto material que pueda dañar la Seguridad Nacional. Con esta última ley, entre otras razones, se intenta que en los Tribunales del Orden Civil (donde, por ejemplo, se entrase a conocer de una demanda civil promovida por un sospechoso de terrorismo que, absuelto en causa criminal, reclame indemnización del Gobierno por su prolongada prisión preventiva injustificada), no sean revelados asuntos de inteligencia clasificados, especialmente en el ámbito de la cooperación internacional.

Por su propia naturaleza, esas vistas reducen el alcance efectivo de los Derechos Fundamentales del individuo procesado. En particular, los detractores de estas audiencias a puerta cerrada invocan, por ejemplo, la vulneración del Derecho del Acusado a conocer todos y cada uno de los detalles que pesan en su contra; El derecho a entrevistarse con su abogado cuantas veces sea necesario; La Igualdad de Armas de las partes procesales; el principio de Separación de Poderes. Igualmente sus detractores, han puesto de relieve la realidad de que los Jueces no poseen toda la información necesaria para resolver adecuadamente acerca de si la prueba secreta debe ser introducida en el Juicio Abierto al Jurado.

El letrado Martin Chamberlain, que ha trabajado como Defensor Especial en Juzgados a puerta cerrada desde 2003, es elocuente en sus palabras, recogidas en el informe del LIBE: "Como defensor especial puedes ver y oír tanto la prueba ‘abierta' como la ‘cerrada'. Pero a menudo, el testigo del Gobierno rehusará a responder una cuestión particular en la Vista Abierta y el asunto tendrá que ser continuado por el defensor especial en la Audiencia a puerta Cerrada. Pero después de ver el material cerrado, tengo prohibido hablar con mi cliente. Así que nunca sabré si él tenía una coartada o una explicación sobre su inocencia y el Tribunal tampoco lo sabrá".

A raíz de los dos atentados de 2015 en París y el de Bélgica en 2016, no es descartable que veamos en el continente en breve ciertas similitudes en la Justicia impartida en el continente, con este discutible modelo de justicia secreta británica. Muchas voces autorizadas se han erigido recomendando que se realice una coordinación de la información a nivel comunitario e internacional para la prevención del Terrorismo. La alarmante descoordinación entre los Servicios Secretos y de Interior en general, entre Francia y Bélgica, se ha puesto de relieve en el ataque más reciente a la ciudad de la sede de las instituciones europeas. El 14 de abril de 2016, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva PNR (Passenger Name Record) por la cual se crea una recopilación única de datos facilitados por las aerolíneas, que sólo puede utilizarse para prevenir, detectar e investigar delitos de terrorismo y delitos graves, como el tráfico de seres humanos, narcotráfico o el tráfico de armas.

2. THE CROWN VS. ERDOGAN. FILMANDO A PUERTA CERRADA. CIRCUITO CERRADO.

Borought Market, Old Bailey, Londres central, 30 de noviembre de 2012, 10:45 de la mañana. Varias cámaras de seguridad de circuito cerrado de televisión (CCTV) captan la bulliciosa vida cotidiana en torno al Mercado. A las 10:46 horas se produce una enorme y ensordecedora explosión. Los medios informativos cubren el suceso: "caos en el centro de Londres", "cuarenta minutos después reina la confusión". Ambulancias, bomberos o supervivientes van y vienen de un modo frenético. En paralelo, asistimos a la investigación policial, que culmina con una redada al amanecer en West London y la detención de Farroukh Ergodan (Dennis Moschitto) en su domicilio. El detenido es sospechoso de ser el líder del grupo responsable del atentado yihadista. El filme nos introduce a los personajes principales. Martin Rose (Eric Bana), veterano abogado de Tribunales (Barrister) reemplazará al anterior letrado en la defensa de Erdogan. En los pasillos de los Juzgados, Rose se encuentra con el Devlin (Ciarán Hinds), un Solicitor, es decir, un licenciado en Derecho cuyas funciones van desde impulsar los expedientes judiciales, hasta redactar contratos o realizar requerimientos. Devlin pone a Martin al día con el proceso y con la estrategia de defensa ya marcada por el propio acusado. El tercer personaje capital es Claudia Simmons-Howe (Rebeca Hall), la Defensora Especial (Special Advocate), la letrada de las sesiones a puerta cerrada. Los primeros minutos del filme Circuito Cerrado, que plantean de forma muy gráfica y dinámica la trama del filme, que nos conducirá hacia los entresijos de los CMPs.  

Circuito Cerrado deviene en un filme que refleja con sabiduría e interés el día a día en el trabajo de los abogados. Las entrevistas abogado-cliente, o el cumplimiento del estricto protocolo, que incluye la instalación de una caja fuerte en las dependencias del despacho y la asignación de un portátil de uso exclusivo para la redacción de cualquier escrito relacionado con la evidencia secreta, son elementos que se engarzan con la estructura de thriller de este estupendo filme, que denuncia, al estilo de los filmes políticos estadounidenses de los años 70 del siglo XX, las restricciones a los derechos y libertades cometidos en torno a la figura procesal comentada, con base en ese "cajón de sastre" que constituye la Seguridad Nacional. No debe pasar desapercibido para los juristas.


Manuel García de Mesa,
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