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Internacional

17 de Mayo de 2018

La comisión europea aprueba las prioridades institucionales para el año 2018 e inicia la reflexión sobre el próximo marco financiero plurianual 2021-2027

El 10 de enero, en su primera reunión del año, el Colegio de Comisarios alcanzó un importante acuerdo sobre las prioridades institucionales para el presente 2018. Entre ellas figuran las siguientes: la reforma de la Unión Económica y Monetaria, la seguridad de las fronteras exteriores, la reorganización del sistema de asilo, la reforma de Schengen, continuar con la realización del mercado único digital y profundizar en el acercamiento entre los Balcanes occidentales y la UE. La Comisión tiene actualmente 89 dosieres prioritarios sobre la mesa; de ellos 29 ya han sido completados y la Comisión debate sobre los medios para finalizar los demás, desde ahora hasta mayo de 2019.

Jose Luis De Castro Ruano,
Prof. Titular de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU y Cátedra Jean Monnet


En esa misma sesión, la Comisión tuvo el primer debate de orientación sobre el próximo marco financiero plurianual, antes de realizar la propuesta "oficial" el próximo mes de mayo. Como sabemos, el marco financiero plurianual fija los montantes máximos que la UE puede gastar cada año en los diferentes ámbitos de acción. El marco actual, próximo a su finalización, cubre el periodo 2014-2020. El abandono del Reino Unido se traducirá en una pérdida en el presupuesto común de aproximadamente 12/14 millardos de euros por año. El día 10 la Comisión lanzó una serie de consultas públicas que se extenderán hasta el 8 de marzo, para alimentar la reflexión sobre las prioridades que la UE debe tener en cuenta en el próximo marco financiero 2021-2027. Obviamente deberá continuar la inversión en crecimiento, empleo, innovación, revolución digital, cambio climático, migración, defensa y seguridad. La Comisión está trabajando también sobre la idea de condicionar, a partir del 2021, la concesión de fondos europeos al respeto del Estado de derecho en los Estados miembros. Para ello es necesario contar con una definición precisa y coherente de lo que se entiende por respeto del Estado de derecho, que se aplicaría al conjunto de Estados miembros (esto es, determinar las condiciones necesarias para reconocer que un Estado dado respeta los principios del Estado de derecho y que su sistema judicial funciona correctamente). Así, en el nuevo marco financiero 2021-2027 contaríamos con una definición jurídicamente obligatoria de las nuevas condiciones de concesión de fondos para los Estados miembros.

También ese mismo 10 de enero se reunió el Consejo "a 27" para empezar a dotar de contenido el acuerdo del Consejo Europeo de diciembre pasado de autorizar el paso a la segunda fase de negociación del Brexit (según recogimos en nuestra crónica anterior). Concretamente establecieron algunas condiciones que marcarán el periodo transitorio de 21 meses (y no dos años como quería Londres) que se iniciará a partir del 30 de marzo de 2019 hasta el abandono definitivo de la UE, diciembre de 2020. En esa etapa, el Reino Unido no podrá participar en ningún órgano decisor comunitario, si bien, deberá cumplir el derecho comunitario bajo la supervisión del TJUE. Posteriormente, el 29 de enero se reunió el denominado Consejo de Asuntos Generales del artículo 50 (es decir, "a 27") para aprobar nuevas directrices -hasta un total de 22- a aplicar en ese periodo transitorio. Durante este periodo, el Reino Unido podrá negociar nuevos acuerdos comerciales con terceros, pero no entrarán en vigor sin la autorización de los 27. El paso "real" a la segunda fase de negociación del Brexit se producirá en el Consejo Europeo de marzo.

El día 13 inició su mandato como presidente del Eurogrupo, el ministro de finanzas portugués Mario Centeno, elegido para el cargo el pasado 4 de diciembre para un periodo de 2,5 años en sustitución del holandés Jeroen Dijsselbloem que lo había ocupado desde el 2013. Centeno presidió la primera reunión del Eurogrupo el pasado día 22 de enero. El Eurogrupo es un órgano informal que reúne a los ministros de finanzas de la eurozona; un Protocolo al efecto del Tratado de Lisboa fijó sus funciones.

La Comisión ha adoptado un nuevo Código de Conducta para sus miembros que, tras previa consulta con el PE, surte efecto a partir del día 31 de enero. Este Código fija nuevas pautas para las normas éticas y va más allá del código anterior, con nuevas mejoras. Así, amplía el periodo de incompatibilidad desde los 18 meses anteriores hasta dos años en el caso de los antiguos comisarios y a tres años en el del presidente de la Comisión. Durante este periodo, los antiguos miembros de la Comisión habrán de notificar a la Comisión su intención de asumir cualquier nueva función; además estarán sujetos a restricciones en determinadas actividades, como las de representación de intereses ante miembros o personal de la Comisión.  Por primera vez el nuevo Código de conducta ofrece una definición de los "conflictos de intereses" y fija el principio de que los Comisarios no solo deben evitar las situaciones de conflicto de intereses, sino aquellas que puedan ser percibidas como tales. En caso de que un ex Comisario pretenda trabajar en sectores relacionados con su antigua cartera, será preceptiva la consulta previa al Comité Independiente de Ética, creado al efecto, con un estatuto reforzado y que sustituye al anterior Comité de Ética ad hoc para estrechar el control y asesorar sobre normas éticas. Se endurecen también en este nuevo Código de Conducta las normas aplicables a los intereses financieros de los Comisarios, quienes tendrán que declarar toda inversión superior a 10.000 euros, con independencia de si puede plantear conflicto de intereses o no. Por otra parte, la información sobre los gastos de viajes de todos los Comisarios se publicará cada dos meses (la primera de estas publicaciones se realizará a finales de este mes de febrero).

El 24 de enero la Comisión adoptó la decisión de transferir la sede auxiliar del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo -en adelante CSSG- del Reino Unido a España. El CSSG es una infraestructura técnica que desempeña un cometido esencial para la seguridad del programa de la UE de navegación por satélite Galileo; y tiene su principal sede operativa en Francia. Es la sede auxiliar (ubicada hasta ahora en la localidad inglesa de Swanwick) la que se trasladará a España. El 18 de enero, los representantes de los 27 votaron a favor de la propuesta. La nueva sede será operativa en los próximos meses. ..

* Para ver el contenido completo de esta crónica y, mucho más, consulte la REVISTA ARANZADI UNIÓN EUROPEA, núm. 3 (MARZO) 2018 Año XLIV.

 

Jose Luis De Castro Ruano,
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