Práctica Jurídica

Que el fraude fiscal es un delito es algo conocido por todas las personas que nos movemos en el ambito jurídico y económico. Todos sabemos que en función del importe defraudado en impuesto y año se tipifica por el Código Penal la sanción correspondiente. Sin embargo, es bastante desconocido que el fraude fiscal es un nuevo concepto de blanqueo de capitales desde la modificación de la Ley 19/1993 con la Ley 19/2003. En ese momento se adiciona  a los conceptos ya existentes de blanqueo de capitales uno nuevo que es el fraude fiscal en aquellas operaciones que el Codigo Penal tipifique con penas de prisión superior a 3 años. Este baremo se reducirá con la transposición de la III Directiva sobre blanqueo de capitales a delitos fiscales castigados con penas de prisión superiores al año de duración.

Las autoridades han ido estableciendo ciertos controles sobre los movimientos de fondos con paraísos fiscales. La normativa de prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo, ya estaba exigiendo el control sobre estas operaciones desde el año 1995. Sin embargo, dichas operaciones siguen siendo muy atractivas, como también lo es fijar la residencia en uno de esos países. Por lo tanto, entendemos que el control existente a día de hoy no es suficiente y que se deberían establecer medidas más duras para evitar escándalos como el que se ha destapado recientemente en Liechtenstein.

El autor analiza las principales cuestiones prácticas que se plantean en relación a los reconocimientos fotográficos, en rueda y en el plenario, del acusado.

El artículo 10 del CEDH ampara tanto los juicios de valor o informaciones moderados, favorables o inocuos, como los que molesten, hieran o incomoden. Ahora bien, este tenor literal de la norma encuentra sus matices cuando el afectado es un personaje público. Más aún si se trata de un representante político.

La jurisprudencia europea relacionada con el artículo 10 del Convenio de Roma contiene elementos muy relevantes para tratar los casos en que se vean afectadas las reputaciones de personas físicas, jurídicas y de colectivos. Ofrecemos un breve resumen de las resoluciones más destacadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Empieza a no ser infrecuente el que se critique a los Jueces bajo cuyo conocimiento se encuentran temas de actualidad. En España hemos conocido en los últimos meses más de uno: el ácido bórico en los atentados del 11-M, las agresiones a Bono en una manifestación, la OPA de Endesa, las elecciones del Real Madrid. ¿Puede un Juez defender su honor? ¿Afecta éste a su independencia judicial?

La doctrina sentada en la STC de los Albertos introduce una interpretación desafortunada del derecho a la tutela judicial efectiva que genera cuando menos dos inconsistencias jurídicas: la primera, una postura sobre la prescripción de los delitos que favorece la impunidad y, correlativamente, una ficticia consecuencia de presunción de inocencia que puede dar lugar a una especie de “efecto boomerang” ante el propio TC; la segunda, un paradójico deseo de los potenciales delincuentes de que la justicia sea tardía para ganar la prescripción de los delitos.

La STC de los Albertos genera inseguridad jurídica y una irrazonable interpretación de la tutela judicial efectiva claramente contradictoria con la jurisprudencia europea y con el propio modus operandi de la jurisdicción constitucional. Por ello, existen serios motivos para articular una doble reacción jurídica frente a ella: en el caso de las víctimas directas, la presentación de una demanda ante el TEDH; y, en el supuesto de potenciales perjudicados (supuestos similares en estado de litispendencia), la invocación de la jurisprudencia del Pleno del TC sobre la materia anterior a 2005 con apoyo a su vez en la jurisprudencia del TEDH.

Si bien existe un principio de libertad de gestión que prohibe al fisco francés inmiscuirse en el funcionamiento de una empresa y, concretamente, rechazar la deducibilidad de un gasto que minora su renta imponible, la noción de acto anormal de gestión le permite calificar de anormalidad de gestión los gastos efectuados para eludir el pago del impuesto.