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El proyecto de ley de la UE exigiría a las empresas que comprueben a los proveedores en materia de derechos humanos y ética medioambiental

Reuters
Banderas de la UE ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 2 de octubre de 2019. REUTERS/Yves Herman

BRUSELAS, 21 feb (Reuters) – La Comisión Europea dará a conocer el miércoles una propuesta para hacer que las grandes empresas que operan en la Unión Europea comprueben que sus proveedores de todo el mundo no utilizan trabajo esclavo o infantil y que respetan las normas ambientales, mostró un borrador de la ley.

La propuesta, llamada Corporate Sustainability Due Diligence, también obligará a los consejos de administración de las empresas de la UE a garantizar que su modelo de negocio y estrategia se alineen con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados, según lo acordado en el tratado climático de París.

Las empresas de la UE tendrán que asegurarse de que sus proveedores no utilicen el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la salud y la seguridad inadecuadas en el lugar de trabajo, la explotación de los trabajadores o los delitos medioambientales como las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación o la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas.

La propuesta de la Comisión, vista por Reuters, solo se convertirá en ley de la UE después de largas negociaciones con el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE que probablemente tomarán más de un año.

«La ley podría ser un verdadero cambio de juego para el impacto de las corporaciones en el planeta, o podría ser un calamar húmedo si los grupos de presión de las grandes empresas obtienen sus deseos», dijo la organización no gubernamental Amigos de la Tierra Europa en un comunicado.

La propuesta estima que se aplicaría a 13.000 empresas de la UE. El criterio principal sería que una empresa emplee a más de 500 personas y tenga una facturación neta de más de 150 millones de euros.

El umbral sería más bajo (250 empleados y 40 millones de facturación) para las empresas de sectores de alto impacto como ropa, zapatos, animales, madera, alimentos y bebidas, petróleo, gas, carbón, metales y minerales metálicos, materiales de construcción, combustibles o productos químicos.

Aún así, eso significa que el 99% de las empresas europeas estarían exentas, ya que no alcanzan estos umbrales.

La ley también se aplicaría a alrededor de 4.000 empresas de fuera de la UE, pero que operan en el bloque de 27 naciones.

Para ellos, los 150 millones de facturación neta tendrían que generarse dentro de la UE o, si entran en la categoría de sector de alto impacto, 40 millones de euros de facturación dentro de la UE.

El cumplimiento de estos objetivos sería supervisado por los gobiernos de la UE. Las empresas que los ignoraran enfrentarían multas.

Las empresas de la UE también se enfrentarían a responsabilidad civil si el delito contra los derechos humanos o el medio ambiente fuera cometido por su proveedor, con quien mantienen una cooperación duradera y frecuente.

Sin embargo, la demanda privada contra una empresa de la UE por mala conducta de su proveedor tendría que demostrar que el delito podría haber sido previsto, prevenido, cesado o mitigado con las medidas de diligencia debida adecuadas por parte de la empresa de la UE.

«En la práctica, será difícil prevenir todos los riesgos a través de las cadenas de valor globales», dijo el borrador de la Comisión.

«Sobre la base de lo que sabemos, este es un paso masivo en la dirección correcta en la lucha contra el abuso corporativo», dijo Aurelie Skrobik, Activista de Responsabilidad Corporativa de Global Witness.

«Dicho esto, debemos asegurarnos de que la ley responsabilice a las empresas por los daños a lo largo de toda su cadena de suministro y que no haya lagunas. No debe haber ambigüedad en el texto final: las víctimas deben poder buscar justicia a través de los tribunales de la UE», dijo.

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