El tumulto es un bulto que le sale a las multitudes

Es cierto que el método de acuerdos que existe entre Administración y sindicatos para regular servicios mínimos en caso de huelga no es un mal sistema, y que el Decreto de 1977 que continúa rigiendo por el encaje del Tribunal Constitucional de 1981 no ha dado un mal resultado, no dice nada que contraste con las leyes de huelga vigentes en los países de alrededor, ni contiene nada estrafalario. Pero, como todo; y más en un carácter como el español, se presta a abusos y salidas por la puerta a atrás.

No tener una ley es una anomalía grave tras 30 años de democracia, sobre todo cuando es fruto de los miedos que asaltan a un ejecutivo tras otro a plantear el tema. Las dos veces que los gobiernos han intentado presentar proyectos tampoco se ha tratado de un acto de responsabilidad política, sino de una reacción. Fue tras dos huelgas generales, una tremenda, con Felipe González; y otra menos severa mientras gobernaba Aznar. Y fue menos severa no por nada intrínseco, sino porque la gente no tenía los temores que se infundieron en la primera.

Pero sí ha habido tiempo y ocasión para afrontar temas con conflictividad social parecida, como la flexibilización del mercado laboral, las pensiones o ayer mismo la posibilidad de negociación de las horas de trabajo entre empleador y empleado, echando por tierra las 48 horas de semana laboral como derecho social consagrado por la Organización Internacional del Trabajo hace 91 años; aunque es cierto que Corbacho es el único ministro de trabajo europeo que ha mantenido su oposición.

Lo que parece es que ni a la Administración ni a los sindicatos les interesan unos servicios mínimos regulados claramente, que les obligaría tanto a una como a los otros; porque ahí reside la fuerza de una huelga de unos, y el cartel de explotadores de los otros. Entorpecer y hacer incumplir los servicios mínimos como una forma extra de presión ya se ha hecho un clásico en las huelgas. Los piquetes con silicona forman parte de nuestra historia desde las huelgas parciales que alfirelaban al felipismo en los años ochenta, que según informaban de algo que de sobra sabía el pequeño empresario, en el acto cerraban la puerta del negocio en cuestión y llenaban de silicona las cerraduras. También se hizo un clásico que la solución a los conflictos laborales incluya el olvidar los abusos ocurridos en su transcurso.

En la práctica, sin un articulado moderno ni un arbitraje judicial de los servicios mínimos -que al final es lo que corta el bacalao en las huelgas- los ciudadanos son rehenes con la excusa de las reivindicaciones laborales. No solo los consumidores que se sienten agobiados por la posible carencia de cosas, sino los famosos piquetes. Piquetes toman carreteras, se exponen a inclemencias, a insultos, a peleas. Personas que en su día a día son padres de familia asalariados que pelean contra el cansancio por una soldada sufren en estas coyunturas una transformación hacia el embrutecimiento. Es la paradoja del dedo y la luna. Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo, pero el dedo y la luna pertenecen a dos realidades distintas. La ausencia de Ley, de tutela judicial, de un texto con el que pueda acudir la Guardia Civil a las carreteras convierten a los hombres nobles que luchan por algo justo, la luna, en necios que miran el dedo. Ninguno está a salvo de confundir planos.

Y ayer ocurrió de nuevo la confusión entre el dedo y la luna. Murió un piquete en Granada por empeñarse en parar una furgoneta. Hubo un acelerón, gritos, enganchada, y un pobre hombre de cincuenta años cayó muerto al suelo. ¿El conductor cometió un asesinato? Es seguro que no cargó contra él, por nervioso que estuviese. Pero es que la ausencia de leyes, se quieran rodear o no, provoca tumulto. Y el tumulto es un bulto que le sale a la sociedad.