EFE
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha cifrado hoy en más de un millón los asuntos de las jurisdicciones civil, contencioso y social que se encuentran sin ejecutar y ha destacado la necesidad de que la Justicia sea de una vez por todas «un objetivo del Estado».
"La Justicia ni da ni quita votos" y ese es "su gran problema", ha dicho
Carnicer en una rueda de prensa al ser preguntado por los efectos de la huelga
de funcionarios de la Administración de Justicia no transferida y por el informe
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los asuntos pendientes de
ejecutar en los Juzgados de lo Penal.
Para el presidente del CGAE, hay "demasiados diagnósticos" sobre la situación de la Justicia en España y lo que hace falta ahora es "introducir terapias" ya que los ciudadanos demandan que todos los sectores profesionales de este ámbito intenten resolverla.
Entre otras medidas Carnicer ha insistido en que son necesarios más del doble de jueces de los que hay actualmente y que tengan el tiempo suficiente para dictar resoluciones de calidad.
"No hay que tocar a arrebato para solucionar el momento crítico que se ha acelerado" por el caso de la niña Mari Luz y el informe del CGPJ, ha indicado el presidente del CGAE, quien ha asegurado que la huelga que mantuvieron los funcionarios ha sido "extraordinariamente perniciosa".
Carnicer, junto con el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, ha presentado hoy los resultados de dos barómetros sobre la imagen de la abogacía, tercer estudio de opinión de este tipo que realiza esta institución.
Según el estudio, la opinión de los abogados sobre la situación de la Justicia en España ha empeorado, de tal forma que el 71 por ciento de los letrados cree ahora que funciona mal o muy mal.
La encuesta refleja una mejora de la opinión social y de los propios abogados sobre esta profesión ya que, según Toharia, la imagen de los "picapleitos" pertenece ya al pasado.
Además el estudio pone de manifiesto que ha crecido la utilización de los abogados por parte de la sociedad ya que, en los últimos 30 años, el porcentaje de los ciudadanos que han recurrido a los servicios de un letrado ha pasado del 23 al 54 por ciento.
La utilización de los abogados se ha "democratizado", según la encuesta, que señala que desde 2002 ha aumentado un 34 por ciento entre las personas de clase alta o media alta y un 36 por ciento entre las de clase baja o media baja.
La puntuación que reciben los abogados de los ciudadanos se ha incrementado y son vistos como personas que velan por los derechos de los ciudadanos y protegen sus valores.
Para el presidente del CGAE, hay "demasiados diagnósticos" sobre la situación de la Justicia en España y lo que hace falta ahora es "introducir terapias" ya que los ciudadanos demandan que todos los sectores profesionales de este ámbito intenten resolverla.
Entre otras medidas Carnicer ha insistido en que son necesarios más del doble de jueces de los que hay actualmente y que tengan el tiempo suficiente para dictar resoluciones de calidad.
"No hay que tocar a arrebato para solucionar el momento crítico que se ha acelerado" por el caso de la niña Mari Luz y el informe del CGPJ, ha indicado el presidente del CGAE, quien ha asegurado que la huelga que mantuvieron los funcionarios ha sido "extraordinariamente perniciosa".
Carnicer, junto con el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, ha presentado hoy los resultados de dos barómetros sobre la imagen de la abogacía, tercer estudio de opinión de este tipo que realiza esta institución.
Según el estudio, la opinión de los abogados sobre la situación de la Justicia en España ha empeorado, de tal forma que el 71 por ciento de los letrados cree ahora que funciona mal o muy mal.
La encuesta refleja una mejora de la opinión social y de los propios abogados sobre esta profesión ya que, según Toharia, la imagen de los "picapleitos" pertenece ya al pasado.
Además el estudio pone de manifiesto que ha crecido la utilización de los abogados por parte de la sociedad ya que, en los últimos 30 años, el porcentaje de los ciudadanos que han recurrido a los servicios de un letrado ha pasado del 23 al 54 por ciento.
La utilización de los abogados se ha "democratizado", según la encuesta, que señala que desde 2002 ha aumentado un 34 por ciento entre las personas de clase alta o media alta y un 36 por ciento entre las de clase baja o media baja.
La puntuación que reciben los abogados de los ciudadanos se ha incrementado y son vistos como personas que velan por los derechos de los ciudadanos y protegen sus valores.
