"El último barómetro externo del Consejo General de la Abogacía arroja un resultado positivo para la profesión". "Ya no se busca un abogado ante un pleito o un grave problema, sino también para actividad de asesoría". "En la elección del letrado pesa definitivamente la experiencia de familiares o conocidos".
Es la segunda ocasión en la que la abogacía pone sobre el papel lo que la sociedad opina de ella. El primer barómetro de la profesión se elaboró en 2002 y el segundo, presentado el miércoles 7 de mayo, confirma en líneas generales que la imagen ha ido mejorando y la idea de los “picapleitos” pertenece ya al pasado.
El acudir a un abogado para un asunto se ha desdramatizado. En los últimos 30 años el porcentaje de clientes ha pasado del 23 al 54 por ciento de la ciudadanía. También se ha "democratizado": según la encuesta dada a conocer ayer desde el Consejo General de la Abogacía, desde 2002 ha aumentado un 34 por ciento entre las personas de clase alta o media alta y un 36 por ciento entre las de clase baja o media baja.
El esfuerzo del profesional se valora y es visto como alguien que vela por el interés del cliente. El concepto que más valora el ciudadano respecto a su relación con el abogado es la atención y el trato recibido (7,9); su interés y dedicación (7,1); el resultado conseguido (6,9), y, por último, los honorarios cobrados (6,5).
El boca a boca y no la fama es fundamental a la hora de elegir abogado. De hecho, el 78% de los entrevistados desconfía de los profesionales que por un motivo u otro gozan de reconocimiento social en la ciudad, y acuden a este o aquel letrado que ayudó o trabajó bien para un conocido. Se ha perdido la fascinación y se ha ganado en honradez y eficiencia personal. En suma, la inmensa mayoría de quienes acudieron por primera vez a un bufete basó su decisión en la recomendación de familiares o amigos. Los abogados opinan que este método de elección refleja que la relación con ellos se basa en la confianza y no como una simple compra de servicios profesionales.
Se mantiene el llamativo grado de satisfacción con los servicios de los abogados que detectaron ya los dos Barómetros anteriores entre quienes dicen haberlos solicitado. La atención y el trato recibido sigue siendo el factor mejor valorado, con una espectacular puntuación media de 8.3.
Resulta especialmente llamativo el aumento a lo largo de los últimos treinta años de la proporción de población que dice haber utilizado los servicios de un abogado el 23% en 1978, el 38% en 2002, el 53% en 2005 y el 54% ahora. En el año 2002, por primera vez desde que existen datos al respecto, los españoles que dicen haber acudido alguna vez al despacho de un abogado para consultar algún problema de tipo jurídico pasan a constituir una mayoría absoluta, siendo así que hace tres decenios la situación era radicalmente distinta: entonces, tan sólo un 23% había utilizado alguna vez los servicios de un abogado. A esto también ayuda que el grado de contacto y familiaridad de la población española con el sistema jurídico -en un sentido amplio de la expresión- se ha incrementado de forma apreciable en los últimos años. En el breve lapso de tiempo (seis años: de diciembre de 2002 a marzo de 2008) transcurrido desde el primer Barómetro Externo del CGAE hasta el actual, ha aumentado significativamente la proporción de españoles que dice haber acudido alguna vez a una comisaría o que ha tenido algún tipo de contacto con la Justicia o que ha acudido a un notario.
La mayoría de la población sigue pensando (si bien en alguna ligera menor medida que hace tres años) que el apoyo que el Estado aporta a este esfuerzo por garantizar de forma generalizada la asistencia letrada sigue siendo insuficiente: uno de cada dos españoles (53%) consideran que los medios que actualmente destina el Estado para garantizar el derecho a la defensa jurídica gratuita de todos los ciudadanos debería incrementarse.
Al mismo tiempo, un 75% de la ciudadanía sabe responder, de forma razonablemente correcta, qué es la Asistencia Jurídica Gratuita, lo que indica hasta qué punto es éste un tema que concita la atención. Resulta al respecto revelador que no existan prácticamente diferencias en las respuestas dadas por quienes han sido usuarios de los servicios de un abogado y por quienes no lo han sido. Este alto grado de conocimiento de este sistema de ayuda jurídica no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que un llamativo 13% de los españoles declara, en esta oleada del Barómetro, que ha utilizado personalmente alguna vez la asistencia jurídica gratuita, o que sabe de algún familiar o amigo cercano que lo ha hecho. Este porcentaje equivale a casi cuatro millones y medio de personas mayores de 18 años. Según datos del primer Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-La Ley, cabe estimar entre 1.000.000 y 1.100.000 el número de personas que en 2006 recibieron prestaciones de justicia gratuita, de una u otra naturaleza. Es decir, el grado de conocimiento directo por la ciudadanía del servicio de justicia gratuita sería algo más de cuatro veces superior a su grado efectivo de uso.
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