nº 1.001 - 30 de noviembre de 2023
Reacciones
Los colectivos de jueces y fiscales muestran su indignación por la referencia al ‘lawfare’ en el acuerdo de investidura
Los jueces españoles han salido en tromba contra la ley de amnistía que, dicen, supone la eliminación de la separación de poderes. A los comunicados de todas las asociaciones judiciales y de algunas de fiscales, se han sumado protestas en distintos puntos de España. Cabe recordar que en el Gobierno de Pedro Sánchez que ha pactado y defendido la ley de amnistía hay tres jueces: Margarita Robles, ministra de Defensa y magistrada del Tribunal Supremo; Pilar Llop, ministra de Justicia, que es también letrada del Consejo General del Poder Judicial, y Fernando Grande Marlaska, juez de la Audiencia Nacional. El pasado 10 de noviembre todas las asociaciones de jueces, incluidas las que son consideradas de izquierdas, y algunas de fiscales, han criticado con dureza que el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts incluya un reconocimiento de la llamada judicialización de la política o lawfare. El acuerdo alcanzado contiene referencias explícitas a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria, a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política. En mayor o menor medida todos estos colectivos hacían suyos los argumentos del comunicado hecho público el pasado 9 de noviembre por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. El órgano rector de los jueces afirmaba que dicho reconocimiento «implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos».
Uno de estos comunicados es el que emitieron los presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales, en el que afirman adherirse al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, «tanto en lo relativo al rechazo de tal iniciativa, como a su justificación para repudiar la misma ante el riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales en una flagrante vulneración del principio de separación de poderes que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho». Este colectivo manifiesta su «más enérgico rechazo a la referencia efectuada en el documento pactado por los referidos partidos políticos al lawfare y judicialización de la política». Muestran además su «sorpresa e indignación ante el documento en cuestión, en la medida en que plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea».
Reacciones desde la abogacía
Además, al cierre de esta edición más de 40 despachos de abogados se han unido al rechazo de la amnistía: Pérez Llorca, Garrigues, Uría Menéndez, Ontier Broseta, Gómez-Acebo & Pombo, White & Case, Elzaburu, Clifford Chance, Linklaters, entre otros. Grandes equipos y bufetes prestigiosos han firmado ya el manifiesto del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que ha sacado un formulario bajo el título «súmate a la defensa del Estado de Derecho» para que cada abogado se pueda sumar a título individual «en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes». ■