nº 1.004 - 29 de febrero de 2024
Informe del ‘Observatorio de la Actividad de la Justicia’
En España se recurre alrededor de un 8 % de las sentencias de primera instancia
Actualidad Jurídica Aranzadi
Fundación Aranzadi LA LEY presentó el pasado 1 de febrero el último Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, patrocinado por Banco Santander
La complejidad y el volumen de nuestro marco normativo (se aprueban más de 12.000 normas al año) dificulta predecir hacia dónde se inclinará un juez
El magistrado Miguel Pasqual del Riquelme y el abogado y economista Juan Mora-Sanguinetti analizaron cuál es el estado actual de la previsibilidad de nuestra Justicia
En la imagen, de izqda. a dcha.: Juan Mora-Sanguinetti, Cristina Retana, Miguel Pasqual del Riquelme, Cristina Sancho y Jesús Remón
Fundación Aranzadi LA LEY presentó el pasado 1 de febrero el último Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, patrocinado por Banco Santander. El estudio, que se realiza desde el año 2008, se ha posicionado en el sector jurídico como un referente de análisis de la actividad de la Justicia a través de diez indicadores permanentes que permiten examinar su evolución de forma transparente.
En el acto de presentación, que tuvo lugar en el Auditorio Uría Menéndez, el magistrado Miguel Pasqual del Riquelme y el abogado y economista Juan Mora-Sanguinetti, miembros del Observatorio de la Actividad de la Justicia, analizaron cuál es el estado actual de la previsibilidad de nuestra Justicia y, en particular, los aspectos jurídicos y económicos más destacados de esta cualidad esencial de los órganos judiciales.
Los indicadores del Observatorio de la Actividad de la Justicia para el año 2022 se han elaborado a partir de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial en su informe La Justicia Dato a Dato. Año 2022 y del análisis que Aranzadi LA LEY realiza de la actividad de los juzgados y tribunales en su herramienta de analítica jurisprudencial Jurimetría (www.jurimetria.es) en la que, utilizando tecnologías avanzadas del ámbito de la Inteligencia Artificial, se realizar un análisis cognitivo de millones de decisiones judiciales y de toda la estadística judicial generando paneles, indicadores, parámetros y gráficos interactivos con toda la información necesaria para un análisis de la actividad judicial en las cada una de las jurisdicciones, en los distintos ámbitos territoriales o de forma individualizada en un tribunal o juzgado concreto.
Con carácter general, el informe, al que se puede acceder desde este enlace, destaca que, si en 2021 la mejora de la situación socioeconómica y sanitaria se tradujo en un crecimiento significativo del número de casos ingresados en todas las jurisdicciones, en el año 2022 dicha tendencia continuó, pero no en todas las jurisdicciones, destacando la Civil y Penal, con un aumento de los asuntos frente al año anterior del 8,5 % y del 6,6 % respectivamente. Las jurisdicciones Social y Contenciosa, por el contrario, sufrieron un descenso respecto al 2021 del 1,4 % en el caso de la primera y del 2,4 % en el de la segunda.
En referencia a la predictibilidad de la justicia, en el que se basa el estudio, Mora-Sanguinetti explicó que dicho concepto se basa en «medir si el criterio de los tribunales, aquello que te va a decir la justicia, es más o menos algo que se haya podido predecir o prever… nos basamos en datos». Añade que, en términos de predictibilidad, somos bastante similares a nuestros vecinos. Los datos dicen que «se recurre alrededor de un 8 % de las sentencias de primera instancia. En Portugal estarían mejor: solo un 5 %. En otros países, como Francia, tiene un 12 % de recurso». Pero dicha similitud no quiere decir que no tengamos que mejorar, «porque cuando un sistema es poco previsible, hay más litigación».
Además, la complejidad y el volumen de nuestro marco normativo (se aprueban más de 12.000 normas al año) dificulta predecir hacia dónde se inclinará un juez: «te pierdes en la red normativa y terminas en conflictos. Conflictos, congestión judicial, falta de claridad y consecuencias económicas. Es la cadena de efectos».
Por su parte, Miguel Pasqual del Riquelme coincidió con Mora-Sanguinetti en que «tenemos margen de mejora en términos de previsibilidad. También es un sistema lento. Nuestro sistema de recursos provoca que tarde mucho en asentarse un criterio judicial cierto». Según recuerda el magistrado, en España hay 3.803 jueces unipersonales. Cada uno «debe interpretar novedades legislativas de calado. A veces no hay un criterio previo, o el criterio que hay es discrepante entre jueces, lo que puede provocar 3.803 instancias judiciales tratando de acertar».
Además, el sistema de recursos, de primera, segunda y tercera instancia, «con la posibilidad de acudir a la Justicia europea y a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tampoco ayuda. La depuración del criterio final se dilata tanto en el tiempo que tarda demasiado en llegar». En referencia a la litigación en masa y cómo trasladan los jueces de lo mercantil y de lo civil, y los propios abogados, afirma que «el sistema de acciones colectivas es complicado, costoso y de resultado incierto, con problemas además de representatividad de las asociaciones, y que deriva en sentencias difíciles de ejecutar».
Miguel Pasqual asegura estar a favor de los tribunales de instancia previstos en la Ley de Eficiencia Organizativa, «ya que es el tipo de medidas que tienden a promover y fomentan la seguridad jurídica y la unificación de criterios». También apuesta por la figura del juez especializado: «defiendo que esta vía otorga mayor calidad a nuestras resoluciones. Tenemos jueces muy expertos en la materia y no hay que olvidar el extraordinario ahorro de recursos que supone que un juez trabaje siempre los mismos asuntos».
Los diez indicadores y son conclusiones son los siguientes:
1. Tasa de resolución. Mide la capacidad de resolución de asuntos judiciales de los distintos tribunales y juzgados, considerando los asuntos que inician su tramitación y los que se resuelven. En 2022 fue de 0,99. Al ser un valor cercano a la unidad, se deduce que prácticamente resuelven los mismos asuntos que ingresan.
2. Tasa de congestión. Volumen de asuntos que tienen que tramitar los órganos judiciales, considerando todos los que se inician en el año, los que tienen pendientes de años anteriores y los que finalmente resuelven. En 2022 fue de 1,70.
3. Tasa de litigiosidad. Número de asuntos judiciales que se tramitan en los diferentes órganos judiciales en relación con el número de habitantes. En 2022 fue de 186,93 por cada mil habitantes.
4. Duración media de los procesos. Meses que tarda de media un proceso judicial. En 2022 fue de 8,4 meses.
5. Tasa de pendencia. La proporción de asuntos pendientes de resolver frente a los resueltos y tramitados en el conjunto de juzgados y tribunales. Cuanto menor sea la cifra resultante, menor será el volumen de casos pendientes y viceversa. En 2022 fue del 0,70.
6. Número de sentencias por juez/magistrado. Mide la carga de trabajo recibida cada año por jueces y magistrados. En 2022 fue de 306.
7. Número de asuntos ingresados por magistrado/juez. Junto con el anterior, también mide la carga media de trabajo de jueces y magistrados. En 2022 fue de 811.
8. Ejecución de las resoluciones judiciales. Número de ejecuciones de las sentencias firmes dictadas por juzgados y tribunales que se han llevado a buen fin en relación con el número total que fueron solicitadas en el ejercicio estudiado o estaban pendientes desde ejercicios anteriores. En 2022 fue de 34,04 %.
9. Confirmación de resoluciones en apelación o suplicación. Proporción de sentencias de instancia confirmadas en apelación y en suplicación. En 2022 fueron el 70,90 %.
10. Confirmación de resoluciones en casación. Proporción de resoluciones judiciales confirmadas en las distintas salas del Tribunal Supremo. En 2022 fueron el 89,60 %.
Más información sobre las conclusiones del Observatorio de la Actividad de la Justicia:
– Diario LALEY: Un 80 % de las resoluciones de instancia son confirmadas en apelación o suplicación
– CINCO DÍAS: La ruleta rusa de la justicia frena el emprendimiento: hasta un 7 % menos