nº 1.004 - 29 de febrero de 2024
CGPJ
La Comisión de Ética Judicial avala las protestas de jueces contra la amnistía si creen que afecta al Estado de Derecho
La Comisión de Ética Judicial, organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, ha avalado las manifestaciones de jueces contra la proposición de ley de amnistía al entender que la asistencia a ese tipo de actos se ajusta a los principios de ética judicial siempre y cuando se dé una condición: que exista en el juez o jueza «un honesto, meditado y sincero convencimiento» de que la actuación objeto de repulsa «pueda afectar al Estado de Derecho».
Así se ha pronunciado la comisión en un dictamen conocido el pasado 15 de febrero, en el que analiza el encaje ético de la participación de miembros de la carrera judicial en concentraciones convocadas ante las sedes judiciales para mostrar su rechazo frente a un concreto acuerdo político de investidura y frente a la proposición de ley que pretende amnistiar más de una década del proceso independentista catalán.
Este dictamen tiene lugar después de que el pasado noviembre profesionales de la Justicia como jueces, fiscales, abogados, procuradores y letrados de la Administración, entre otros, protagonizaran concentraciones en varias provincias de Andalucía, así como en Salamanca, contra la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes, para mostrar preocupación por si afecta a la independencia del Poder Judicial.
La consulta a la que da respuesta la Comisión de Ética plantea si las concentraciones silenciosas de jueces y juezas que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre ante las sedes judiciales afectaron a los principios éticos relacionados con la independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la Carrera Judicial.
Cabe recordar que la Comisión de Ética Judicial es un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, compuesto por seis miembros de la Carrera Judicial –elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles– y por un académico experto en ética o filosofía del Derecho, cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial. ■