nº 1.005 - 27 de marzo de 2024
Ministerio Público
La Abogacía considera de «extrema gravedad» la revelación de datos desde la Fiscalía
La Abogacía ha condenado la supuesta «difusión del contenido concreto de comunicaciones», en referencia a correos electrónicos, entre la defensa de Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía Provincial de Madrid, señalando que esto supone «una clara vulneración de la garantía de confidencialidad» entre las partes. Tras una reunión de su Pleno, el Consejo de la Abogacía rechazó esta supuesta revelación de datos en una declaración institucional, en la que también reclama una investigación «para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda».
Según explica la Abogacía, «es legítimo que el Ministerio Fiscal, en el uso de las facultades que le atribuye su Estatuto Orgánico, informe en relación con hechos aparecidos en medios de comunicación en los que se cuestione su actuación». Sin embargo, el Consejo de la Abogacía recuerda que «dichas comunicaciones no pueden, en ningún caso, exceder de las facultades de información que atribuye a la Fiscalía el citado Estatuto en el artículo 4.5, sino que deben realizarse en el marco de la Instrucción de la Fiscalía 3/2005 de 7 de abril sobre relaciones del Ministerio Fiscal con medios de comunicación».
Rechazo desde el ICAM
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) hizo público un comunicado en el que califica de «extrema gravedad la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de las conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados». Recuerda además que en el Estatuto de la Abogacía se establece «el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas». A juicio del ICAM, la divulgación de cualquier información de este tipo, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye «una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad del Ministerio Fiscal». En contraposición, el organismo ha asegurado que «defenderá a ultranza estos principios».
La AF pide la dimisión de Álvaro García Ortiz
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF) ha defendido el «deber de confidencialidad» del Ministerio Fiscal, en relación con esta polémica por supuesta revelación de correos electrónicos y ha reclamado la «inmediata dimisión» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «como máximo responsable de estos hechos».
En un comunicado, la asociación expresó que «defiende el deber de confidencialidad que afecta al derecho de defensa» y considera que «se puede ver vulnerado con indeseadas filtraciones de las conversaciones sobre negociaciones en la búsqueda de una conformidad de las partes o de cualquier otra actuación en procedimientos que se encuentran sub iudice». «El deber de reserva afecta a los letrados defensores, pero también e incluso con mayor motivo al Ministerio Fiscal como garante que es de la legalidad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales», señala. La AF afirma que, de haberse producido «la filtración por algún miembro» de la Fiscalía, «se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación». ■