nº 1.006 - 25 de abril de 2024
El Ministerio de Justicia propone impulsar en 2024 un total de 18 normas: 4 LO, 4 leyes ordinarias y 10 reales decretos
Actualidad Jurídica Aranzadi
El Gobierno plantea en el ‘PAN-24’ 198 iniciativas, entre las que se incluyen 6 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 149 reales decretos
El 52 % de las 117 iniciativas normativas incluidas en el ‘PAN-23’ han sido aprobadas (47 de ellas, un 40 %) o se encuentran en tramitación (14 de ellas, lo que supone un 12 %
El Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo dio luz verde al plan Anual Normativo 2024 (PAN-24). Se trata de un documento que contempla 198 iniciativas, entre las que se incluyen 6 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 149 reales decretos. De estas, aproximadamente la mitad son compromisos con la Unión Europea: 36 con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (lo que constituye más del 18 % del total), para el cumplimiento de hitos que conllevan desembolsos de fondos europeos; y 62 en materia de incorporación al Derecho nacional de normas de Derecho europeo.
Como es sabido, el programa se configura más como una declaración de intenciones que como un contrato de obligado cumplimiento, ya que el grado de ejecución una vez concluido el periodo rara vez supera el 50 %. De hecho, en la misma reunión de la mesa interministerial el Ejecutivo dio a conocer el Informe de Evaluación Normativa del 2023. Según el balance realizado por el Gobierno, que califica de «positivo», el 52 % de las 117 iniciativas normativas incluidas en el PAN-23 han sido aprobadas (47 de ellas, un 40 %) o se encuentran en tramitación (14 de ellas, lo que supone un 12 %). Además, en 2023 el Gobierno aprobó 219 normas no contempladas en el PAN-2023, además de ocho reales decretos leyes. Este último dato refleja el hecho paradigmático de que se aprueban más normas no contempladas en la planificación anual que las comprometidas.
En referencia al balance 2023, el Gobierno justifica que «solo fue hábil a efectos de actividad normativa hasta el 21 de mayo y que hasta la última semana de noviembre no fue elegido un Gobierno con plenas funciones. Además, la actividad parlamentaria ordinaria no comenzó hasta mediados de diciembre».
En cuanto al PAN-24, el documento «recoge el compromiso del Gobierno con el avance en derechos para toda la ciudadanía», con iniciativas como la Ley Orgánica de Medidas Complementarias para Reforzar la Protección frente a la Violencia de Género, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, entre otras.
Contiene también medidas como la modificación del Estatuto de los Trabajadores o la ampliación por ley del nivel asistencial de la protección por desempleo, «dirigidas a continuar impulsando la mejora de las condiciones y los derechos laborales». El Ejecutivo asegura que la agenda legislativa de este año «culminará con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, en la que el Ejecutivo ya está trabajando». Como es sabido, el Ejecutivo renunció a tramitar la Ley de PGE del Estado para 2024 ante el anuncio de elecciones anticipadas en Cataluña y el panorama casi imposible que plantea la tramitación parlamentaria de este año.
Los ámbitos materiales en los que se prevé una mayor actuación normativa durante 2024 son Empleo y Relaciones Laborales, con 19 iniciativas, y Justicia y Medio Ambiente, con 18; mientras que, por Ministerios, destacan las 29 iniciativas propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y las 18 del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
En cuanto a las 18 impulsadas por este último Ministerio, cuatro son leyes orgánicas, cuatro leyes ordinarias y 10 reales decretos. Analizamos algunas de ellas a continuación, comenzado por las cuatro leyes orgánicas, seguidas de las cuatro ordinarias:
– Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal
Objetivo: Se pretende modernizar y actualizar la regulación del proceso penal a partir de dos principios: la coherencia con el modelo constitucional de la justicia y la armonización con el derecho de la Unión Europea. Asimismo, se atribuye la investigación al fiscal y se incorpora la nueva figura del Fiscal Europeo
– Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, complementaria de la ley que regula el procedimiento de determinación de la edad
Objetivo: Esta norma es complementaria a la Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad. Se atribuye competencia a los Jueces de Menores para conocer de este procedimiento de determinación de la edad cuando existieren dudas razonables sobre la mayoría o minoría de edad de una persona detenida.
– Ley Orgánica de medidas complementarias para reforzar la protección frente a la violencia de género
Objetivo: Se pretende la modificación de diversas normas, como el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en cumplimiento de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Incluiría la especialización en violencia sexual y la revisión de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, así como de las pruebas selectivas de especialización de jueces y magistrados. Además, regularía la composición y funcionamiento de los equipos técnicos adscritos a los juzgados de violencia sobre la mujer.
También introducirá diversos ajustes para cumplir con medidas pendientes de Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recomendaciones del Defensor de Pueblo.
Se incluirá asimismo la modificación del Código Penal para tener en cuenta, a efectos de reincidencia, las condenas emitidas en aquellos Estados que tengan suscrito con España Tratado de asistencia judicial en materia penal Internacional y Tratado de Extradición.
– Ley Orgánica para la modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer la directiva de la unión europea por la que se definen las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la unión
Objetivo: Se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se definen las infracciones y sanciones penales por la vulneración de medidas restrictivas de la Unión.
Las medidas restrictivas son un instrumento esencial para promover los objetivos de la política exterior y de seguridad común (PESC). Estos objetivos incluyen la defensa de los valores de la Unión Europea (UE), el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la consolidación y el respaldo de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Para preservar estos valores, la UE puede imponer medidas restrictivas contra países, entidades y personas físicas o jurídicas de fuera de la UE. Entre esas medidas se incluyen disposiciones individuales específicas, como por ejemplo sanciones financieras específicas (inmovilización de activos) y restricciones de admisión (prohibiciones de viajar), así como medidas sectoriales, es decir, embargos de armas o medidas económicas y financieras (por ejemplo, restricciones de las importaciones y las exportaciones o restricciones en la prestación de determinados servicios, como los bancarios).
– Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
Objetivo: Se pretende aprobar una nueva ley para adecuar la regulación a la situación que presenta en la actualidad la prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita, en relación al ámbito subjetivo de aplicación y a los efectos del reconocimiento del derecho.
– Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para regular el procedimiento de determinación de la edad
Objetivo: Se regula el procedimiento de determinación de la edad, que se configura como un procedimiento judicial de naturaleza civil, que tiene por objeto la determinación legal de la edad de una persona menor de dieciocho años cuando se desconoce con exactitud su edad o cuando existan dudas razonables sobre su minoría o mayoría de edad; y ello siempre que se hubieran agotado todos los cauces o vías no jurisdiccionales existentes.
Se aprueba en cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
– Ley para la Protección de los Menores en los entornos digitales
Objetivo: La norma tiene por objeto garantizar la protección integral de los menores en el acceso a Internet y redes sociales.
– Ley Reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal y por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
Objetivo: Se actualiza la regulación de quipos conjuntos contenida en la Ley 11/2003, de 21 de mayo; en particular sobre la intervención del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y ajusta la parte operativa del equipo tales como el régimen de solicitud de diligencias de investigación y la adopción de medidas cautelares, las facultades de los integrantes o la financiación.
Se regula además por primera vez la constitución y el funcionamiento de los equipos conjuntos de investigación con Terceros Estados.
En materia de reconocimiento de resoluciones, se pretende armonizar la normativa nacional con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018.
Reales Decretos
– Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, a. A. I.
– Real Decreto por el que se desarrolla el Reglamento de la Administración Concursal.
– Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del cuerpo de secretarios judiciales, así como el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al cuerpo de secretarios judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función.
– Real Decreto por el que se regula el Registro Público Concursal.
– Real Decreto por el que se crean y regulan los órganos de coordinación, seguimiento y participación del II Plan Nacional de Derechos Humanos.
– Real Decreto sobre concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.
– Real Decreto por el que se modifica el reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el real decreto 141/2021, de 9 de marzo.
– Real Decreto por el que se modifican el real decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales; el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de justicia; el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la policía judicial; y el Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, por el que se regula la estructura, composición y funciones de la comisión nacional de estadística judicial.
– Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de justicia.
– Real Decreto por el que por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. ■