nº 1.006 - 25 de abril de 2024
Conflicto laboral
División sindical ante el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia por UGT y CSIF
El Ministerio de Justicia anunció el pasado 11 de abril que había llegado a «un acuerdo con los sindicatos de Justicia» que, entre otros aspectos, contempla una subida salarial de entre 165 y 250 euros al mes para los funcionarios del territorio Ministerio de los Cuerpos Generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como a los de los Cuerpos Especiales de Médicos Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El acuerdo fue rubricado por el ministro Félix Bolaños y por Javier Jordán de Urries, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, y Carlos Javier Álvarez, secretario general de Servicios Públicos de UGT. El aumento de las retribuciones a través del complemento específico se llevará a cabo de forma escalonada y progresiva en 2024 y 2025, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. El acuerdo también contempla la convocatoria de la mesa delegada en el plazo de tres meses para mejorar las condiciones laborales en materias como la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo.
Según informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –sindicato mayoritario en Justicia– y UGT, la subida se aplicará a través del complemento específico. Los otros sindicatos, sin embargo, no se sumaron al acuerdo al considerarlo insuficiente.
Solo un día después los sindicatos STAJ, CCOO y CIG emitieron un comunicado rechazando dicho acuerdo y en el que acusaban a las dos plataformas firmantes de haber «traicionado» la unidad sindical, a la vez que anunciaban una gran manifestación en Madrid para el 27 de abril. Cabe recordar que desde hace un año los sindicatos reclamaban una subida de 450 euros en línea con el incremento que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
«Junto al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia a quienes otros sindicatos han traicionado, seguimos reclamando que se paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia hasta que no se haya producido su preceptiva y efectiva negociación con los sindicatos para modificar su contenido en todos aquellos aspectos que ponen en riesgo los centros de destino, la movilidad voluntaria, los puestos de trabajo, las retribuciones complementarias de muchos centros de trabajo, incluidas guardias», explican.
Entre sus reivindicaciones se incluyen que el Ministerio que lidera Félix Bolaños «plantee ya un incremento del complemento general del puesto que abarque al personal de todos los ámbitos de la Administración de Justicia en consonancia con el acuerdo» de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), «incluyendo también la eliminación de los grupos de población». ■