nº 1.007 - 30 de mayo de 2023
Los presidentes de los TSJ, preocupados por los déficits estructurales y la politización de la justicia
Actualidad Jurídica Aranzadi
Granada acogió recientemente las ‘XIX Jornadas de Presidentes y Presidentas de Tribunales Superiores de Justicia’
Debatieron sobre asuntos como la situación e imagen de la Justicia o los retos que suponen la Justicia interina y las jubilaciones masivas de miembros de la Carrera Judicial
Al cierre de las XIX Jornadas de Presidentes y Presidentas de Tribunales Superiores de Justicia celebradas recientemente en Granada, los titulares de dicho órganos mostraron, por medio de un informe de conclusiones, su «preocupación» sobre la situación general de la justicia en nuestro país dados los «déficits» organizativos y estructurales que «la lastran desde hace décadas» y por la «politización, real o aparente,» a la que está sometida.
Durante las Jornadas, los presidentes y presidentas de los TSJ españoles debatieron sobre asuntos como la situación e imagen de la Justicia o los retos que suponen la Justicia interina y las jubilaciones masivas de miembros de la Carrera Judicial. También abordaron la unificación de criterios en problemas diarios de gestión gubernativa (licencias y permisos, sustituciones, etcétera) y el proceso de transformación digital de la Administración de Justicia.
Además, intercambiaron experiencias sobre diversas cuestiones –agrupación de partidos judiciales para competencia en asuntos de violencia sobre la mujer, comunicación entre los órganos judiciales y las personas con discapacidad, actuación judicial en grandes catástrofes, etc.– para poner en común los proyectos desplegados en los distintos territorios y compartir las buenas prácticas y las mejoras observadas.
En el citado informe de conclusiones reclaman a los responsables políticos que cierren, «de una vez por todas» el proceso «apenas iniciado» de modernización de la justicia y resolver «de una vez y para siempre» la crisis institucional del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018.
También recuerdan que los «grandes retos pendientes» permanecen «un año más invariables». Se refieren, en este contexto, a la necesidad de reforzar institucionalmente el Poder Judicial con la renovación del órgano de gobierno de los jueces y a la urgencia de reorganizar y modernizar el sistema actual de Justicia, que ven «totalmente superado».
En esta misma línea, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, p.s., Vicente Guilarte, reclamó en el acto de inauguración de las Jornadas un «pacto global» entre las distintas fuerzas parlamentarias para solucionar la «situación de gravísimo conflicto» que atraviesa las relaciones entre el poder político y el Poder Judicial y subrayó que «ya no vale solo con renovar el CGPJ». Según el presidente del órgano de gobierno de los jueces, en la actual situación de polarización, no sería suficiente con un acuerdo político para designar a los veinte vocales del Consejo, sino que se hace necesario «encontrar fórmulas para recomponer las relaciones entre el poder político y el Poder Judicial».
Esas fórmulas, añadió, no pueden pasar por la rebaja de las mayorías necesarias (actualmente de tres quintos de cada una de las dos Cámaras legislativas) para elegir a los vocales del Consejo: «Atreverse siquiera a proponerlo es una aberración», dijo.
Conclusiones
Además de las reclamaciones apuntadas en materia de imagen de la justicia, también observan con preocupación «la permanente descalificación de nuestra función, esto es, de nuestra legitimidad para decidir (que no al sentido de la decisión), que conlleva el creciente deterioro de la imagen de la justicia, con el riesgo añadido de provocar pérdida de confianza por parte de la ciudadanía sobre nuestra función». Para ello, constatan la necesidad de mejorar la imagen del juez ante la sociedad, «partiendo de la relevancia de sus funciones e incidiendo especialmente en su profesionalidad, independencia e imparcialidad».
Las proyecciones de futuro realizadas en el Plan Estratégico elaborado por el CGPJ alertan de un importante déficit de jueces y magistrados en esta década, como consecuencia de las vacantes que generarán las jubilaciones y la deficiente planificación de las convocatorias de selección para cubrirlas. Para atender a esta situación «resulta imprescindible que, sin demora, cada año se realicen convocatorias de oposición de jueces entre 310 y 320 plazas, además de las que correspondan a los concursos del cuarto turno». También consideran imprescindible llevar a cabo la esperada reforma organizativa de la Justicia española, «mediante la implementación de un modelo de Tribunales de Instancia que permita conseguir una mayor eficiencia de los recursos humanos y una mayor facilidad para la creación de nuevas plazas de jueces y magistrados».
Justicia interina
Para los presidentes y presidentas de los TSJ españoles, constituye una anomalía que en 2023 un 11,5 % de las resoluciones totales dictadas lo hayan sido por jueces sustitutos/as y magistrados/as suplentes, «configurándose así dos clases de justicia: la profesional y la no profesional», por lo que solicitan un incremento estructural del número de plazas judiciales.
Valoran muy positivamente la figura del Juez de Adscripción Territorial «como instrumento que dota de flexibilidad al sistema para la atención de necesidades de trabajo», figura que se hace «especialmente pertinente y conveniente en situaciones, como la actual».
Proceso de transformación digital
Ante la ausencia de un único sistema informático de gestión de los procedimientos judiciales para todo el territorio nacional, los magistrados afirman que «debe garantizarse un desarrollo similar de los distintos existentes, suprimiendo las diferencias que actualmente se constatan». También debe asegurarse la interoperabilidad y compatibilidad entre todos los sistemas, permitiendo la itineración del expediente judicial electrónico entre distintos órganos e instancias judiciales. Reclaman además la implantación de los medios técnicos adecuados en materia de ciberseguridad y reserva de los datos contenidos en el expediente judicial electrónico.
Asuntos de violencia sobre la mujer
Por otro lado, se muestran favorables a la creación de Juzgados comarcalizados de Violencia sobre la Mujer con competencia exclusiva y excluyente en esta materia, de forma que tuviesen un ámbito territorial que comprenda varios partidos judiciales y, de esta manera, conseguir una respuesta más especializada, coordinada y con mejores recursos.
Comunicación entre órganos judiciales y personas con discapacidad
Por último, consideran necesario elaborar un plan de acceso para las personas con discapacidad, cuyo objetivo es introducir mejoras significativas en cuatro planos de mejoras de acceso:
– Al servicio público de justicia con la creación de un turno específico de asesoramiento jurídico.
– A los edificios judiciales conforme al principio de accesibilidad universal.
– A los procedimientos mediante la catalogación de los ajustes de procedimiento, la creación del programa de facilitadores para la interlocución, la confección de documentos de lectura fácil…
– Información y capacitación, mediante la puesta a disposición de las personas con discapacidad de una información comprensible y actualizada sobre los servicios que presta la Administración de Justicia. ■