nº 1.008 - 27 de junio de 2024
‘III Encuentro Aranzadi LA LEY Mujeres por Derecho’, organizado por Fundación Aranzadi LA LEY
Urge acelerar el proceso para alcanzar un liderazgo femenino sostenible
Actualidad Jurídica Aranzadi
Más de 200 juristas se dieron cita el pasado 11 de junio en un evento muy especial, en el que participaron representantes de los máximos órganos de dirección de entidades públicas y privadas
En el debate sobre el Proyecto de LO de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, los expertos recordaron que, además de reformas legislativas, la igualdad requiere también de un cambio de mentalidad social
La segunda mesa se centró en la Ética de los algoritmos de la IA y en los riegos de que esta tecnología perpetue los sesgos de género
El espacio Meeting Place acogió por segundo año consecutivo la celebración del evento organizado por la Fundación Aranzadi LA LEY
La ponencia inaugural corrió a cargo de Almudena Arpón de Mendivil, presidenta de la International Bar Association (IBA).
El espacio Meeting Place de BBVA acogió el pasado 11 de junio el III Encuentro Aranzadi LA LEY Mujeres por Derecho: Alcanzando metas, organizado por Fundación Aranzadi LA LEY. La cita sirvió, una vez más, de punto de encuentro para reflexionar sobre los grandes retos de la abogacía internacional, la ética de los algoritmos de la Inteligencia Artificial (y sus sesgos) o la regulación de la representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión. Puedes revivir el Encuentro en este enlace.
Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, dio la bienvenida a las más de 200 personas que asistieron de forma presencial al encuentro y a las más de 300 que lo siguieron vía streaming. Durante la misma, hizo referencia a algunos de los proyectos de la Fundación, dentro de las cuales se encuentra Mujeres por Derecho, que se alinean con el ODS 5 de la Agenda 2030, la igualdad de género. Destacó el Encuentro como «una iniciativa de la sociedad civil en la que aportamos nuestro punto fuerte, la transmisión de conocimiento legal».
Por su parte, Raquel Cabezón, responsable de Comunicación y Marca de Aranzadi LA LEY, quiso destacar el objetivo principal de Mujeres por Derecho: «seguir dando visibilidad a las mujeres del sector legal». «Nuestra premisa es reconocer la labor de las juristas a través de las voces de más de 300 profesionales que colaboran con esta iniciativa desde hace tres años».
Un progreso lento e insuficiente
La ponencia inaugural corrió a cargo de Almudena Arpón de Mendivil, presidenta de la International Bar Association (IBA). Es la segunda mujer que ocupa la presidencia de la organización a lo largo de sus más de tres cuartos de siglo de historia.
Durante su intervención hizo un breve repaso a los principales retos a los que se enfrenta la abogacía internacional, insistiendo en la igualdad de género, afirmando que es «una cuestión de derecho; si desde la profesión legal queremos a apostar por la igualdad, tenemos que ser creíbles. Es importante que haya un liderazgo femenino sostenible, que lleguemos todas. Cada vez hay más mujeres socias en los despachos, aunque estamos muy lejos de alcanzar buenas cifras, la progresión es muy lenta».
Algunos datos que repasó Arpón: solo el 26 % son socias en Estados Unidos, con cifras similares en el RU (35 %), España (30 %), Holanda (28 %) o Australia (33 %). En Corea, el número de abogadas es sólo el 26 % y de ellas, sólo el 16 % llegan a socias. En Uganda, el 23 %. En Chile, el 18 %. «Lo que verdaderamente debemos hacer es apartar de una vez las teorías que ya conocemos demasiado bien, pasemos a los hechos y aceleremos el progreso. Tenemos la oportunidad de alcanzar la meta de la igualdad de género en nuestra profesión, a todos los niveles, en este siglo XXI. No debemos dejarla escapar», remarcó.
Conciliación y referentes, claves en igualdad
La mesa Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, estuvo moderada por María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Contó con la intervención como ponentes de cinco juristas de reconocido prestigio: Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia; Estela Martín, presidenta de la Sección de Igualdad del ICAM; Pablo Galán, director de RRHH en Aranzadi LA LEY; Pilar Menor, global co-chair de Laboral senior partner en DLA Piper España y Cristina Camarero, socia directora de Ontier España.
María Andrés enfocó la problemática de la igualdad de género sobre dos ejes: la conciliación y la falta de referentes, que hace difícil «que las abogadas más jóvenes se sientan reflejadas y tengan a lo que aspirar».
Para Manuel Olmedo «la igualdad requiere de reformas legislativas, pero también de un cambio de mentalidad social. La ley parte de un principio básico; no se puede desperdiciar el 50 % del capital humano de la sociedad». El secretario de Estado, que también es magistrado, citó el reciente informe elaborado por la consultora Grant Thornton, Women In Business 2024: «España, es el país europeo con más mujeres directivas, un 41 %. Es una buena noticia, pero no podemos caer en la autocomplacencia, aún queda mucho. Es necesario diseccionar y ver en qué ámbitos sigue habiendo trabajo por hacer». A renglón seguido, defendió que un sistema de cuotas «puede ser la solución». «Hay más registradoras, notarias, jueces…», y, sin embargo, «cuando miramos a los puestos de responsabilidad vemos que, de 17 Tribunales Superiores de Justicia, solo hay dos presidentas». Ellas también son minorías en las Audiencias Provinciales y en el Tribunal Supremo, recordó el alto cargo del Ministerio.
Por su parte, Estela Martín afirmó que ninguna ley puede cambiar el estilo de liderazgo en los despachos y colegios profesionales, que representan a todo un colectivo y «las mujeres somos al menos al 50 % de la sociedad». Remarcó que es «una lástima que haya que llegar a que una ley obligue a los colegios profesionales» a conseguir un cupo del 40 % en sus puestos de poder. «El de los planes de igualdad es una de las obligaciones laborales más incumplidas», agregó.
Desde su perspectiva, Pilar Menor recalcó que «para optar a un puesto de alta responsabilidad hace falta competencia, confianza y la flexibilidad que permita conciliar una vida profesional muy exigente con una vida familiar sana. Llegar a socia de un despacho no debe ser para heroínas, sino para mujeres que hayan trabajado mucho y se lo hayan ganado». Reflexionó sobre si una estrategia puede pasar por rebajar las cuotas de facturación para que esto sea posible. «La idea es incorporar socios que hagan el pastel más grande, no nuevos comensales», dejó claro. En su opinión, las mujeres están más que capacitadas para cumplir los objetivos. «Para incorporar más mujeres a la sociatura hace falta pasar a la acción. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como invertir en formación de liderazgo».
Cristina Camarero, apostó por una visión optimista del asunto y destacó que «el avance en los últimos 20 últimos años ha sido inmenso. El referente para las nuevas generaciones no tiene por qué ser una mujer o un hombre, tiene que ser una persona inspiradora. La clave está en la flexibilidad del entorno empresarial». Camarero quiso hacer valer el camino recorrido y reivindicar que las mujeres «están de moda». «Tanto la sociedad, como los despachos, como el mundo jurídico, está plagado de mujeres válidas. Si hablamos de las socias, con respecto a antes de ayer, el avance ha sido inmenso». «Si tenemos entornos flexibles, donde todos los hombres y mujeres podemos organizar el trabajo, tanto hombres como mujeres podrán conciliar». Pero no cree que la solución sea «la lista cremallera». «Estar en un lugar por el género es poco enriquecedor», apostilló.
En cuanto a la igualdad en el sector público, Pablo Galán afirmó que la situación es distinta, «se han hecho muchos avances en los últimos años, las oposiciones tienen la ventaja de carecer de los sesgos del sector privado en los procesos de selección. Por desgracia, hay muchas mujeres que abandonan el sector privado para opositar y poder llegar a puestos directivos en la Administración». «Los sueldos en el sector público están mejor para las mujeres que en el privado». Galán sostuvo que la Administración es, para muchas mujeres, una vía de escape frente a la empresa privada, donde encuentran más facilidades de conciliación y menos trabas para ascender. «Hay factores que favorecen el crecimiento de las mujeres en el sector público, como las oposiciones», remarcó. La fotografía que da el IBEX 35, recordó Galán, no es representativa y la regulación sobre cupos no debe enfocarse «solo en las grandes», sino también «en todo el tejido empresarial», con especial incidencia en las pymes.
La Inteligencia Artificial no crea sesgos, los aprende
La segunda mesa se centró en la Ética de los algoritmos de la IA. Moderada por Cristina Retana, directora de Contenidos e Innovación de Aranzadi LA LEY, contó con la intervención de cuatro prestigiosos ponentes: Cristina Lorenzo, letrada de la Administración de Justicia; Clara Ruipérez de Azcárate, directora de Estrategia Jurídica de Contenidos, Marcas y Transformación Digital de Telefónica; Oscar Cortés, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y autor del libro La Inteligencia Artificial en la gestión pública y de Alejandro Touriño, socio director de Écija.
Cristina Retana abrió el debate poniendo el foco en la importancia de conocer los riesgos de la IA y destacó que «está comprobado que Chat GPT puede alucinar en un 43 % de las consultas legales», por lo que la supervisión es esencial. Según añadió, «tenemos la sensación de que estamos ante una tecnología que tiene casi presencia humana y que todo lo que nos ofrece es fidedigno con apariencia de estar hablando con un ser humano». Pero la realidad es que no hay por parte de esta tecnología un entendimiento, un razonamiento de ese resultado, por lo que tenemos que ser muy conscientes de los riegos que conlleva».
Clara Ruipérez de Azcárate sentó como fuente del problema los datos de los que aprenden los algoritmos: «la mayor parte de la información con la que se entrena la IA son textos académicos de hace años, cuando el mundo universitario estaba en su mayoría dirigido por hombres, creando un sesgo natural que la IA no es capaz de distinguir. Es muy difícil que con contenido sesgado no se generen sesgos». Remarcó que uno de los principales problemas es que los sesgos ya vienen impresos «en la información sobre la que aprende la Inteligencia Artificial» y en «la ingesta masiva de información», donde es difícil hacer una labor de filtro. No hay que olvidar que «la mayoría de investigadores y catedráticos son hombres», por lo que es normal que «los estudios que alimentan a la Inteligencia Artificial tengan un sesgo natural social».
Por su parte Oscar Cortés, aseguró que este factor amplificaría el problema, siendo «una preocupación, sobre todo a corto plazo, ya que hablamos de tecnologías muy avanzadas. Hay dos soluciones por parte de las instancias: transparencia en la creación de algoritmos y la vigilancia humana». Cortés coincidió en el análisis con Ruipérez de Azcárate. «Si la sociedad ha sido tradicionalmente machista, y la Inteligencia Artificial se entrena con datos históricos», a priori «la herramienta va a magnificar el problema». «Los estereotipos se han ido heredando por la cultura, la educación, y la costumbre, y estos llegan a los seres humanos que entrenan a la máquina y perfeccionan la técnica». El problema, dijo el ponente, es que la tecnología avanza a tal ritmo que llegará un punto que será imposible saber cómo funcionan los entresijos de la Inteligencia Artificial. La caja negra de las máquinas, aseguró el investigador, será cada vez más inescrutable.
En materia de regulación, Alejandro Touriño afirmó que «tratar de regular lo que va a pasar con la IA dentro de un año es imposible, el reglamento europeo se centra en advertir de los riegos, para que en aquellos supuestos donde haya un nivel alto de sesgo de género se puedan implementar las medidas oportunas». ¿Cómo regular la ética de un algoritmo? Sobre este asunto, Touriño señaló que «los usuarios tienen derecho a conocer el orden de los resultados de búsqueda», es esencial que los destinatarios de la información generada por Inteligencia Artificial sepan «cómo se ha producido esta información». Si bien, admitió, «es imposible predecir qué pasará con la Inteligencia Artificial dentro de un año». Será, a ojos del experto, un fenómeno muy difícil de controlar legislativamente.
En opinión de Cristina Lorenzo, ante este campo inexplorado, «la Administración de Justicia debe hacer un análisis serio que determine cómo hacer los procesos más eficientes usando IA y cómo evitar desigualdades y sesgos. En los próximos años vamos a tener mucho trabajo en materia de regulación y estamos a tiempo de sentar bases éticas para no repetir los errores». Lorenzo aportó su visión de cómo la IA cambiará la vida de los tribunales y el servicio para los ciudadanos. Los juzgados están inmersos en una revolución digital «enfocada al dato», no a las resoluciones, lo que está abriendo la puerta a que muchas actuaciones «sean automatizadas». Pero hay deberes por hacer, expuso: «Las Administraciones tienen que analizar cómo hacer más eficientes los procesos, pero también cómo evitar desigualdades y sesgos con la IA».
Reconocimientos
El encuentro finalizó con la entrega de cuatro reconocimientos a personas y entidades que han destacado este año «por su compromiso con el valor de la igualdad y su entrega extraordinaria al Derecho y la Justicia».
En esta edición los reconocimientos fueron otorgados a Lola Conde, responsable del área jurídica corporativa de Santander, a título póstumo (Recogió el reconocimiento su hijo Fernando Donoso Conde); la Fundación Fernando Pombo por su labor en la promoción de iniciativas enfocadas a fortalecer el Estado de Derecho y los derechos humanos y, en particular, por su línea de actuación en defensa de los derechos de víctimas de violencia de género y trata de seres humanos (recogió el reconocimiento el presidente de la Fundación, Manuel Martín); Katharina Miller, presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas, por su labor en apoyo a personas refugiadas, y Alicia Ramírez, una de las procuradoras más longevas de España.
Entregaron los reconocimientos, respectivamente: Vicente Sánchez Velasco, CEO de Aranzadi LA LEY; Cristina Sancho Ferrán, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY; Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; y Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España. ■