nº 1.009 - 23 de julio de 2024
«La Inteligencia Artificial será un motor de eficiencia en la transformación del ejercicio de la abogacía»
Carlos Baixeras Torrecilla. Abogado Brugueras, Alcántara & García Bragado
Carlos Baixeras Torrecilla es socio del despacho barcelonés Brugueras, García-Bragado (BGB), firma con más de cien años de historia que cuenta con más de 30 profesionales, entre los que se encuentran abogados del Estado, inspectores de Hacienda y notarios en excedencia. Colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) desde el año 2008, cursó un máster en Derecho de los negocios (ICAB 2009) y un MBA (EAE 2021). Procesalista especializado en Derecho del Consumo y Derecho de los negocios, ha actuado como letrado director en más de 500 procedimientos judiciales. Actualmente es miembro de la Comisión de Transformación Digital del Colegio de Abogados de Barcelona, y está implementando soluciones para la automatización de los procedimientos, especialmente en la litigación masiva.
«La tecnología ofrece un universo de posibilidades en el sector jurídico»
«Es necesario un uso responsable y la formación adecuada para evitar los riesgos asociados a la tecnología»
Brugueras & García-Bragado se fundó hace nada menos que 120 años. Pocas firmas, si hay alguna más, pueden acreditar una trayectoria tan dilatada en el tiempo. ¿Qué principios fundacionales siguen rigiendo el desempeño del despacho?
Las raíces de nuestra firma se remontan a 1898, cuando se fundó el Bufete por Bertrán y Musitu, que fue ministro de Justicia durante el reinado de Alfonso XIII. Con una historia rica y un legado de más de un siglo, hemos evolucionado y crecido, adaptándonos a los tiempos sin perder de vista nuestros valores fundamentales.
En 1988, el Bufete Bertrán y Musitu pasó a llamarse «Brugueras, García-Bragado y Asociados». Este cambio no solo marcó una nueva etapa en nuestra evolución, sino que también reafirmó nuestro compromiso con la excelencia profesional y el servicio al cliente. A lo largo de estos casi cuarenta años hemos mantenido un sistema de trabajo que combina la excelencia técnica de nuestros profesionales con valores esenciales como la ética, la calidad humana, la discreción y el rigor.
Usted está especializado en derecho bancario y consumo. No podemos dejar de preguntarle por el alcance real que tendrá la sentencia TJUE de abril y los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo.
La sentencia del TJUE de 25 de abril de 2024 ha zanjado el debate sobre la prescripción de las reclamaciones de gastos hipotecarios. El Tribunal Supremo planteó las cuestiones prejudiciales al TJUE, que estableció que el consumidor tiene conocimiento real de la abusividad de una cláusula cuando se dicta una resolución judicial al respecto. La entidad bancaria puede probar que el consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento antes de dicha sentencia, lo que en la práctica sucederá en una minoría de casos.
Esta sentencia finaliza la diversidad de criterios de nuestros juzgados y tribunales respecto al inicio del plazo de prescripción. El plazo no puede fijarse en la fecha de celebración del contrato ni en la fecha de las sentencias que declararon la nulidad de cláusulas similares. La sentencia del TJUE protege al consumidor al no exigirle mantenerse «regularmente informado» de las resoluciones del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo ha aplicado esta doctrina en su sentencia 857/2024, de 14 de junio de 2024, estableciendo que el inicio del plazo de prescripción para la restitución de gastos hipotecarios es la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula. La unificación de la doctrina permite las decisiones judiciales sean previsibles, evitando pleitos innecesarios.
Hablando de proyecciones de futuro, la profesión jurídica está viviendo su particular metamorfosis, iniciada hace unos años con las primeras soluciones Legaltech y acelerada desde hace poco más de un año con la irrupción de la Inteligencia Artificial. ¿Asistimos realmente a un cambio disruptivo en el ejercicio de la abogacía?
Ciertamente, el ejercicio de la abogacía ha experimentado importantes cambios en muy poco tiempo. La pandemia de COVID-19 fue un catalizador de la digitalización, generalizando el uso de videoconferencias en el ámbito procesal-civil. Esto ha reducido la presencialidad en actos procesales, ganando eficiencia y rapidez, lo que favorece la mejora de la tutela judicial efectiva.
Posteriormente, se han dictado normas para la transformación digital de la administración de justicia y el uso de medios electrónicos, que se implementarán progresivamente. La Inteligencia Artificial se popularizó a finales de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT, un modelo de lenguaje basado en IA con capacidades de comprensión y generación de texto. Esta herramienta permite realizar análisis de datos, revisión de documentos, búsqueda de información, realización de due diligence e incluso redacción de documentos. Sin embargo, es necesario un uso responsable y la formación adecuada para evitar los riesgos asociados a estas tecnologías. Si no se tiene un sistema de almacenamiento de datos propios se queda almacenado y todo el mundo podría conocer o copiar las estrategias jurídicas o el secreto industrial, con lo que es importante desactivar la opción de «usar mis datos» para entrenar ChatGPT.
¿Qué riesgos puede entramar el uso de la IA generativa en el ejercicio de la abogacía?
Los modelos de lenguaje basados en IA pueden generar respuestas incoherentes o erróneas, creando analogías o soluciones imprecisas. Los profesionales jurídicos tenemos el deber de ser precisos y fiables, por lo que es necesario usar estas herramientas con cautela. En Estados Unidos existen casos de abogados que han sido sancionados por basarse en casos ficticios generados por IA, o en jurisprudencia inexistente.
Además de un uso cauteloso, es crucial la formación continua en competencias tecnológicas. A modo de ejemplo, diferentes colegios de abogados están impartiendo cursos de prompting, que es proporcionar una entrada al modelo de lenguaje para obtener una salida específica. También se han creado programas, másters y cursos para juristas realizados con las nuevas tecnologías y particularmente con la Inteligencia Artificial. Las bases de datos jurídicas juegan un papel importante ya que están desarrollando sus propios sistemas de IA alimentados por fuentes fiables para la búsqueda y análisis de jurisprudencia. Con todo, la IA será un complemento importante, pero no un sustituto del jurista.
Usted está iniciando un proyecto en el que se aprovecha la tecnología OCR e IA para litigación masiva, junto con los ERP que existen en el mercado. ¿En qué consiste?
El uso de tecnologías como OCR e IA ofrece ventajas en eficiencia y optimización de recursos y costes. Estas tecnologías pueden combinarse para lograr una automatización superior. El OCR permite convertir documentos en texto editable, que, combinado con IA, clasifica documentos, identifica discrepancias y sugiere cambios.
Un ejemplo práctico es la reclamación masiva de créditos e intereses de demora entre empresas o frente a la administración pública. Los ERP permiten la gestión de casos, organización de archivos y optimización de flujos de trabajo. Las bases de datos jurídicas diseñadas para la litigación juegan un papel relevante, al ofrecer sistemas de gestión documental y ERP diseñados para la litigación. Además, se pueden crear softwares propios que se integren en los sistemas mediante APIs, configurando sistemas de trabajo personalizados con herramientas existentes en el mercado. En mi proyecto, hemos creado softwares específicos para el cálculo de intereses o indemnizaciones, que se combinan con otras tecnologías, especialmente la Inteligencia Artificial, para generar un sistema de reclamaciones rápido, óptimo y sobre todo fiable. El papel del abogado no desaparece, sino que interviene en tareas que aportan valor, como la creación de la estrategia jurídica, la redacción de escritos complejos o la consulta de fuentes jurídicas. La tecnología ofrece un universo de posibilidades en el sector jurídico. ■