nº 1.009 - 23 de julio de 2024
Salvador González toma el relevo de Victoria Ortega al frente del CGAE
Actualidad Jurídica Aranzadi
El decano de la Abogacía de Málaga fue elegido el pasado 28 de junio y tomó posesión del cargo el 19 de julio
En la tercera ronda de votaciones contó con el respaldo de 48 votos (57,8 %) de un total de 83 emitidos
Salvador González es aplaudido tras conocerse que había ganado las elecciones. Autor: CGAE
Salvador González Martín, decano de la Abogacía de Málaga, fue elegido por mayoría absoluta como nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española con el respaldo de 48 votos (57,8 %) de un total de 83 emitidos en las elecciones celebradas durante el Pleno celebrado el pasado 28 de junio.
A estas elecciones se habían presentado un total de 28 candidaturas. En la tercera votación, en la que solo concurrían el propio González y el decano de Las Palmas, Rafael Massieu, éste último obtuvo 34 votos (40,9 %). Hubo un voto en blanco.
Victoria Ortega anunció en mayo que no se presentaría a la reelección al frente de la presidencia del CGAE después de haber cumplido dos mandatos consecutivos, tras ser elegida en 2016 y reelegida en 2020.
Fueron necesarias tres rondas de votaciones
Según informó Abogacía, la jornada electoral transcurrió de la siguiente forma: En la primera ronda de votaciones González obtuvo 35 votos, el decano de Las Palmas, Rafael Massieu, 29, el decano de Melilla Blas Jesús Imbroda, 11 y la ex consejera de la Abogacía, Carmen Pérez Andújar, ocho. En la segunda, González subió a 38 votos, todavía por debajo de la mayoría absoluta, Massieu 32 e Imbroda 12, por lo que hizo falta llegar a la tercera ronda en la que González se impuso con el 57,8 % de los votos (un total de 48), mientras que el decano de Las Palmas se quedó con el 40,9 % (34).
Especializado en Mercantil y Societario
El nuevo presidente tomó posesión el pasado 19 de julio. González Marín es decano del Colegio de la Abogacía de Málaga desde 2020. Especializado en el área de Derecho Mercantil y Societario, es asesor de empresas nacionales y multinacionales en materia de cumplimiento normativo.
Fue director legal de Grant Thornton Andalucía hasta 2022 y actualmente es director Legal de Inurepro. Sus áreas de dedicación preferente son el Derecho Mercantil, Civil, Procesal y Arbitraje.
Es profesor y coordinador del Máster de la Abogacía en práctica mercantil, que se imparte conjuntamente con la Universidad de Málaga (UMA), así como profesor asociado del Departamento de Derecho Mercantil de la UMA. Es presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
En una entrevista que concedió a CincoDías ya dejó unas claves de lo que será su hoja de ruta de cara a los cuatro años que dura su mandato. Para el hasta ahora decano de Málaga es crucial poner la mirada en el turno de oficio, la previsión social, la formación continua y en la capacidad de influir en la producción legislativa. «Mi objetivo es que el conjunto de la profesión sea reconocido como una voz unitaria en torno a intereses y reivindicaciones comunes, consiguiendo así una abogacía más fuerte e influyente en beneficio de todos», declaró a este medio.
Durante su campaña, el nuevo presidente del CGAE hizo referencia a la necesidad de renovar el consejo. Para ello, planea instaurar un nuevo modelo de relaciones institucionales y de mecanismos de comunicación más eficaces. La transparencia también será un elemento fundamental en su mandato y planea establecer un diálogo abierto y constante con todos los colegios con el fin de identificar las áreas más urgentes de mejora.
El Consejo General de la Abogacía Española, una institución con solera
El Consejo General de la Abogacía Española fue una iniciativa de Emilio Laguna Azorín, decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, en 1942. El profesional aragonés, preocupado por la situación que se estaba viviendo en el gremio en la postguerra, dirigió una carta a los colegiados de su ciudad y al Colegio de Abogados de Madrid donde llamaba a trabajar para crear un organismo de carácter superior que hiciera posible una actuación coordinada de los Colegios, diera relevancia a la profesión e hiciese presente a la Abogacía en la actividad legislativa. Antonio Goicoechea, Decano del Ilustre Colegio de Madrid, haría realidad esa idea con la creación del Consejo General de los Ilustres Colegios de Abogados de España por Decreto de 19 de junio de 1943.
El Consejo General de la Abogacía tomó una forma más definida en su IV Congreso, celebrado en León en 1970. Su Estatuto se aprobó en 1982, que fue sustituido por el aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio de 2001. En marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, que sustituye al que llevaba en vigor desde hace 20 años. El texto regula las condiciones de colegiación de los profesionales de la abogacía y las normas generales de funcionamiento de los colegios de abogados y de su Consejo General.
Desde 1996 el CGAE tiene una Delegación en Bruselas, que hace de puente entre las instituciones comunitarias y los abogados españoles, y participa activamente en la integración europea y en la construcción de la Europa del Derecho y la Justicia.
Al frente de la Abogacía institucional ha habido ya ocho presidentes antes de la llegada de Salvador González: Antonio Goicoechea y Cosculluela (1943-1952), Manuel Escobedo Duato (1952-1959), Fausto Vicente Gella (1959-1964), José Luis del Valle Iturriaga (1964-1972), Antonio Pedrol Ríus (1973-1992), Eugenio Gay Montalvo (1992-2001), Carlos Carnicer Díez (2001-2016) y Victoria Ortega (2016-2024).
El Consejo General de la Abogacía ha tenido un rol esencial en las principales leyes que afectan al gremio: Ley de Acceso, Ley de Sociedades Profesionales y regulación de la Relación Laboral Especial, la reforma de la Ley de Colegios Profesionales para adaptar España a la Directiva de Servicios, y las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del Código Penal, etc. Además, tuvo un papel protagonista en la oposición frontal a la Ley de Tasas, que acabó con el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, cuyo artículo 11 elimina las tasas para las personas físicas. En los últimos años sus recomendaciones han tenido un impacto positivo en normas como las relacionados con la Eficiencia, la Ley de Derecho de Defensa o la Ley de Justicia Pública Gratuita. ■