nº 1.010 - 26 de septiembre de 2024
La debilidad institucional de la Administración Pública
Alberto Palomar Olmeda. Profesor Titular (Acred) de derecho Administrativo. Magistrado de lo contencioso-administrativo EV. Abogado. Socio de Broseta
Una de las formas más conocidas de asentar el funcionamiento del Estado, aun en épocas de crisis, es que el apartado administrativo esté plenamente operativo y se perciba la imagen de que el Estado funciona
La ordenación de las políticas públicas exige organización, sistema, apuesta a largo plazo y validación de objetivos
Marco conceptual
Es este un momento de incertidumbre. Muchas de las situaciones que considerábamos consolidadas han entrado en crisis simplemente porque las pautas de reacción son diferentes a las que esperábamos. Estamos viviendo una reconfiguración del principio de igualdad es su proyección personal y territorial de la que tendremos que reponernos porque está suponiendo un enorme tirón de los estereotipos previos.
Las instituciones están en prórroga de mandato que la menoría prácticamente nos impide saber hasta cuándo fue la situación de normalidad y la opinión pública o la publicada (como se decía antes) muestra niveles de confrontación que ciertamente nos colocan en una situación en la que los valores de convivencia han dado paso a los del conflicto verbal sin respeto a las personas, a los cargos que pueden representar y a la función que les corresponde realizar. Es cierto que todos los estudios politológicos ponen énfasis en señalar que cuanto acaba de decirse no es propio de nuestro país y de este momento sino una tendencia que, con mayor o menor agudeza, se percibe en el conjunto de países fruto del deterioro del sistema liberal y, finalmente, del incremento de las desigualdades sociales que se ha convertido en tan típico de este momento.
Siendo, por tanto, un problema común (no en su intensidad) la solución o el punto de llegada está, claro está, por definir y por solventar. La pregunta clave es ¿cómo resisten más los Estados en una situación de crisis como la propuesta? La respuesta es evidente: los efectos de una crisis como la que padecemos se perciben con menor intensidad cuanta más normalidad exista y hay más normalidad cuanta más Administración Pública exista, más fuerte sea, más eficaz y más capaz de solventar los problemas sociales.
El papel de la Administración en el Estado democrático
La Administración es un elemento de cohesión que no transforma la sociedad porque el impulso les corresponde a los Gobierno y, finalmente, al Parlamento pero que contribuye a que los mandatos y las políticas se generalicen y sean percibibles por los ciudadanos.
Para cumplir este efecto es necesario interesarse por la Administración y ese interés implica medios, políticas, sistemática y organización. La Administración Pública española vive un momento de profunda crisis. Las erráticas políticas de selección del personal nos han conducido a un problema de temporalidad que la Unión Europea no admite como normal y que tiene una salida (sea cual sea) que cuando menos debe considerarse compleja. Durante muchos años hemos encubierto esta situación en la coyuntura y en el deseo de reducir los servidores públicos para conseguir una mayor eficacia. El diagnóstico era incorrecto, el tratamiento complicado y el resultado, nefasto.
Esta política de personal se ha cruzado en el tiempo con una consecuencia previsible como es la jubilación de, al menos, un 25 % de la plantilla general de las Administraciones Públicas.
A este esquema de gestión se une el que solo ahora – 2024– se ha intentado desarrollar el marco del empleo público estatal que lleva en stand by desde la aprobación del EBEP y, finalmente, de nuevo, la incidencia en dicho marco jurídico de una constelación de decisiones organizativas que implican políticas diferenciadas (laboral-funcionario-especialización-generalización) que es muy dificil hacerlas convivir a la vez en un marco presupuestario que tampoco admite muchas alegrías, sobre todo a la espera de la solución de la temporalidad.
Si a esto le añadimos el profundo cambio tecnológico y la necesidad de que los servicios funcionen para todos y sin «cortes generalizacionales», podemos concluir que el sistema vive un momento ciertamente inédito.
El resultado final
El resultado final es evidente: la diversidad de políticas, la demanda de servicios que deben ofrecerse al público, la necesidad de no perder generaciones en el marco de las relaciones con las Administraciones y, en general, la provisión de bienes y servicios necesita de mayor profesionalidad, de una organización solvente y sólida que coadyuve a visualizar una organización al servicio de los ciudadanos que funcione y sea operativa y que permita entender el papel del Estado y la cohesión que aporta la eficacia en el cumplimiento de las políticas públicas. Seremos más creíbles cuanto más eficaces seamos en el cumplimiento de los objetivos y contribuiremos a la atonía general cuando más debilitemos (por acción y omisión) la Administración. ■