nº 1.010 - 26 de septiembre de 2024
Acto de apertura del año judicial
Isabel Perelló aprueba con nota su estreno como presidenta del CGPJ y del TS
Actualidad Jurídica Aranzadi
Perelló exigió respeto al trabajo de los jueces, subrayando que «ningún poder del Estado puede dar instrucciones» a los magistrados
La Fiscalía avisa de un aumento de la criminalidad vinculada a infracciones cometidas por menores de 14 años
El pasado 5 de septiembre tuvo lugar en el Tribunal Supremo el acto solemne de apertura del año judicial 2024-2025, el primero que se celebra con normalidad institucional tras un bloqueo de cinco años y medio en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Presidido como es tradicional por el Rey Felipe VI, en el acto intervinieron el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la nueva presidenta del CGPJ y el Alto Tribunal, Isabel Perelló, ante la presencia de altas autoridades, entre ellas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en representación del Ejecutivo.
El bloqueo llevó a Carlos Lesmes a presidir el acto de forma interina durante cuatro años, mientras que el magistrado Francisco Marín Castán lo hizo en calidad de presidente suplente el último año, de modo que los discursos de ambos estuvieron plagados de llamamientos al diálogo para alumbrar un acuerdo que finalmente llegó el pasado mes de junio. El nuevo Consejo y tras varios intentos infructuosos, eligió a Isabel Perelló como su nueva presidenta, quien tomó posesión del cargo el pasado 4 de septiembre.
Perelló surgió en el último momento como candidata de consenso, una vez que los bloques habían encallado con los nombres de Pablo Lucas, Pilar Teso y Ana Ferrer, siendo ésta última la otra candidata finalista. La nueva presidenta ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y ocupó destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca) y en la Audiencia Provincial de Barcelona. Magistrada especialista de lo contencioso-administrativo desde 1991, ha servido también en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (1991-1992) y en la de la Audiencia Nacional (1993-1994 y 2001-2009). También ha sido letrada en el Tribunal Constitucional (1994-2001). Desde 2009 era magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, que ha sido elogiado desde muy diferentes sectores, Perelló exigió respeto al trabajo de los jueces, subrayando que «ningún poder del Estado puede dar instrucciones» a los magistrados, al tiempo que pidió evitar «ataques injustificados», destacando en concreto la «excelente labor» del Tribunal Supremo. Añadió que «en esta nueva etapa que hoy se inicia quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan».
Perelló quiso dejar claro que «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico». «Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estados de derecho, de ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas», añadió.
En este sentido, indicó que, si bien «las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica», «las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación y el insulto», por lo que pide «evitar ataques injustificados».
Señaló por último que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial «permite mirar al futuro con renovada esperanza», y destacó que el «hecho histórico» del nombramiento de una mujer al frente del Alto Tribunal y del CGPJ constituye «un paso más en el paulatino proceso de reconocimiento de la importante labor de las mujeres en la Administración de Justicia a todos los niveles».
Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo en el Alto Tribunal «como un balón de oxígeno», en el contexto de una «época difícil» para la judicatura por los «ataques» lanzados desde la esfera política contra su desempeño, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Algunas voces incluso han descrito como «valiente» la actitud de Perelló al expresarse con tanta claridad ante representantes del Gobierno, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que estaban presentes en el acto.
Ello tras un curso judicial marcado por las acusaciones de lawfare contra jueces y magistrados por perseguir el procés y tras los sucesivos llamamientos desde el Ejecutivo al Judicial a respetar la voluntad del legislador con la ley de amnistía.
Aumento de la criminalidad cometida por menores de 14 años
Como es tradicional, con motivo de la apertura del año judicial la Fiscalía presentó los datos de su último informe anual, correspondiente al ejercicio 2023. Entre otras conclusiones, el Ministerio Público alerta del aumento de la criminalidad vinculada a infracciones cometidas por menores de 14 años, dato que «ha de observarse con cautela, pues al tratarse de un inimputable no es posible recabar prueba cierta de su responsabilidad; siendo el análisis más complejo».
En concreto, según los datos de la Fiscalía, las diligencias preliminares archivadas por ser los presuntos culpables menores de 14 años han pasado de 7.660 en 2022 a 11.143 en 2023. Aunque, según precisa, «en su mayor parte» se trata de delitos de carácter leve o menos grave, advierte de que «no deja de aumentar la preocupación de los fiscales por despuntar la presunta intervención de estos menores en otros delitos más graves, como lo son los delitos de acoso escolar, contra libertad sexual, la violencia intrafamiliar, y otros cometidos a través de las redes sociales».
La memoria anual revela un notable incremento en la actividad del Ministerio Fiscal durante el ejercicio 2023, con un crecimiento significativo en varios tipos de procedimientos penales, un mayor compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, un refuerzo de la lucha contra la violencia de género y contra la corrupción y una mayor presencia internacional del organismo.
El documento, que recoge la actividad de todos los órganos de la Fiscalía española en el ejercicio 2023, resalta que en total se incoaron 1.663.862 procedimientos de diligencias previas el pasado año, lo que representa un aumento del 11,1% respecto a 2022. Los delitos contra la vida y la integridad supusieron el 31% de estos procedimientos, mientras que los delitos contra el patrimonio se mantuvieron en el 20%.
Las diligencias urgentes también se incrementaron un 4,6%, con un total de 239.647 procedimientos iniciados. De ellos, en el 75,6% se llegó a la conformidad en los juzgados de instrucción, lo que representa un 51,7% del total de las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal en 2023.
Según la Memoria Anual 2024, se tramitaron 369.793 juicios leves, superando las cifras de años anteriores. Los procedimientos abreviados mostraron un ligero descenso del 2,5%, mientras que los ordinarios o sumarios aumentaron un 6,9% con respecto a 2022 y los procedimientos ante el tribunal del jurado se mantuvieron estables con 653 casos.
En cuanto a la actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal a través de las diligencias de investigación, se ha concretado en la incoación de 14.470 procedimientos en 2023, lo que supone un aumento del 11,60% respecto del 2022.
En total, el Ministerio Fiscal asistió a 316.418 juicios en 2023. El 74,1% de las sentencias se dictaron con pronunciamientos acordes a las pretensiones del Ministerio Fiscal, un 69,3% en el caso de las audiencias provinciales. ■