nº 1.012 - 5 de diciembre de 2024
Análisis de las repercusiones para el ejercicio de la Abogacía de la Ley de Derecho de Defensa
El BOE del pasado 14 de noviembre publicó la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa. La norma, que ha entrado en vigor a los veinte días de su publicación (4 de diciembre), propone un marco integral para fortalecer el derecho de defensa en términos de accesibilidad, calidad y respeto a los derechos fundamentales.
Esta ley, esperada desde hace años, se centra en la necesidad de que las personas físicas y jurídicas conozcan las garantías que les corresponden como titulares de su derecho de defensa y determina tanto las garantías y deberes de los profesionales de la Abogacía como la labor de los colegios de abogados de salvaguarda y garantía de su ejecución y cumplimiento.
Por tanto, estamos ante una norma de gran relevancia para el ejercicio de la abogacía, sobre la que Aranzadi LA LEY ha editado un dosier que examina el texto desde la perspectiva de las repercusiones que el mismo va a suponer para el ejercicio de la profesión. Este trabajo editorial, que lleva la firma de Óscar Fernández León, decano del Colegio de Abogados de Sevilla y presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española, ofrece al profesional una visión sistemática dirigida a agilizar la lectura y fijar los conceptos, constituyendo una primera aproximación que le permita conocer el ámbito, extensión y consecuencias que la nueva norma va a tener sobre su actividad diaria en el ejercicio del derecho de defensa.
Accede al dosier a través de este enlace
Esta norma era desde hace años una de las principales reivindicaciones de la Abogacía, pues refuerza el principio constitucional de la tutela judicial efectiva, que pertenece a la ciudadanía, y consolida a los profesionales de la abogacía como un elemento clave en el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia. De hecho, ha supuesto muchos años de trabajo y reivindicaciones por parte de la Abogacía Española, recogiendo muchas de las conclusiones del Congreso de la Abogacía celebrado en Tarragona en 2023, fruto de las ponencias y deliberaciones participativas de miles de profesionales.
En primer lugar, establece principios y derechos para asegurar una asistencia jurídica efectiva y accesible, reconociendo la importancia de garantizar el derecho de defensa a todas las personas, especialmente a los colectivos vulnerables, lo que se concreta mediante el refuerzo de la justicia gratuita y la incorporación de medios de interpretación y traducción para quienes lo necesiten, facilitando así una representación equitativa y sin barreras idiomáticas.
La ley también incorpora garantías institucionales para los abogados, incluyendo la protección de la confidencialidad en la comunicación con los clientes y el derecho al secreto profesional, aspectos que refuerzan la confianza en la relación abogado-cliente, subrayándose la obligación de los abogados de actuar con lealtad, honestidad y buena fe, de conformidad con los estándares éticos y deontológicos establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española y el Código Deontológico. Estos deberes son de gran importancia, ya que aseguran la integridad y el compromiso del abogado con el interés de su cliente y con el sistema de justicia en general.
Otro elemento clave de la norma es el enfoque en la conciliación laboral para los abogados, quienes contarán con garantías específicas para ejercer su profesión sin menoscabo de su vida familiar y personal, estableciéndose que las asociaciones profesionales y colegios de abogados tengan un rol activo en la supervisión y resolución de quejas y reclamaciones de los clientes, lo que promoverá un ejercicio profesional más transparente y responsable.
Desde el punto de vista de la Abogacía, esta ley representa tanto un desafío como una oportunidad. Los abogados verán reforzada su posición profesional y sus derechos, pero también asumirán mayores responsabilidades en el cumplimiento de sus deberes éticos y en la adaptación a nuevas normas procedimentales, como el uso de medios digitales en su actividad. En general, la Ley impulsa un cambio positivo hacia una abogacía más accesible, transparente y comprometida con los valores de defensa y justicia, respondiendo así a las necesidades de un sistema judicial moderno y eficiente.
En conclusión, la Ley de Defensa sienta bases para una reforma significativa en el ámbito de la asistencia jurídica y la práctica de la abogacía en España. Su implementación efectiva dependerá, en gran medida, de la disposición de recursos adecuados y de la colaboración entre la Administración de Justicia, las instituciones colegiales y los propios profesionales. Este marco legal aspira a reforzar la confianza en el sistema de justicia y a dignificar el ejercicio de la abogacía, consolidando su papel en la defensa de los derechos de los ciudadanos. ■