nº 1.014 - 30 de enero de 2025
Impacto para la abogacía de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Parlamento el pasado 19 de diciembre en el último pleno del Congreso de los Diputados de 2024, y publicada el pasado 3 de enero de 2025 el BOE (entrada en vigor entrará el 3 de abril de 2025, con las excepciones que se indican en el apartado 3.5.1 de este dosier), constituye una de las reformas más importantes en el ámbito judicial en las últimas décadas en España (la Ley, muy extensa, refleja su carácter integral y estructural). Esta normativa surge como una respuesta a los desafíos estructurales que enfrenta el sistema judicial, caracterizado por la sobrecarga de trabajo, la lentitud en los procesos y la necesidad de adaptarse a las exigencias de una sociedad moderna y tecnológica.
El objetivo principal de esta Ley es garantizar un servicio público de justicia más eficiente, accesible y cercano al ciudadano. Para ello, se articula en torno a varios ejes fundamentales: la reestructuración de la planta judicial con la creación de Tribunales de Instancia, la implementación de Oficinas de Justicia en los municipios, el fomento de métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC), la digitalización de los procedimientos judiciales y el fortalecimiento del papel del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todo ello sin olvidar la implementación de una importante reforma procesal que afectará a todos los órdenes jurisdiccionales.
Una herramienta práctica para el ejercicio diario de la abogacía
Aranzadi LA LEY te ofrece este dossier, que ha sido elaborado con el objetivo de proporcionar una herramienta de trabajo general que permita a los profesionales del derecho conocer el contenido general de la norma y reflexionar sobre su impacto en la práctica diaria de la abogacía. Por tanto, este documento no pretende realizar un análisis exhaustivo de su articulado, sino más bien ofrecer una visión integral de los aspectos más relevantes y de sus implicaciones prácticas.
Es conveniente destacar que el examen de la Ley que aquí se presenta se realiza desde una perspectiva positiva, partiendo de las previsiones favorables para la administración de justicia que se destacan en el preámbulo de la norma. Dichos objetivos, ya anticipados, incluyen la mejora de la eficiencia judicial, la accesibilidad para los ciudadanos y la promoción de una justicia más cercana, ágil y moderna, principios rectores que son un reflejo de la necesidad de responder a las demandas de una sociedad en constante evolución y de ofrecer soluciones innovadoras a los retos que enfrenta el sistema judicial.
No obstante, aunque este enfoque se centra en destacar los aspectos positivos de la reforma, también hemos considerado esencial dedicar un apartado específico a tratar cada novedad sobre los riesgos que entraña la aplicación de la nueva Ley. Toda reforma de esta magnitud conlleva posibles dificultades y desafíos, y nuestra intención es proporcionar una visión equilibrada que permita a los profesionales del derecho anticiparse a los problemas que puedan surgir en el ejercicio de su profesión. Este análisis, lejos de ser una crítica a la norma, busca contribuir a un entendimiento más completo y a una preparación más adecuada frente a los cambios que se avecinan.
El dosier que presentamos se organiza en varios apartados que examinan las áreas clave de la Ley, analizando su contenido general y su impacto específico en la profesión de la abogacía. Desde la reestructuración de la planta judicial con la creación de los Tribunales de Instancia, hasta la promoción de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC), pasando por la digitalización y modernización tecnológica, cada sección resalta las oportunidades y desafíos que estas reformas implican para los profesionales del derecho.
Confiamos en que este documento será de utilidad para todos aquellos que buscan adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar las oportunidades que trae consigo esta transformación del sistema judicial. La abogacía desempeña un papel esencial en la administración de justicia, y estamos seguros de que, con la información y el análisis adecuado, podrá afrontar con éxito los retos que plantea esta nueva etapa. ■