nº 1.015 - 27 de febrero de 2025
El CGPJ avala el anteproyecto de ley sobre el derecho de rectificación pero recomienda incluir sanciones
Actualidad Jurídica Aranzadi
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 12 de febrero y por unanimidad un informe sobre el anteproyecto de la ley que regula el ejercicio del derecho de rectificación. En términos generales, el informe valora positivamente el anteproyecto, aunque incluye una serie de recomendaciones. Entre ellas, destaca la necesidad de incorporar un régimen de sanciones que pueda ser impuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
El CGPJ ha comunicado que el informe valoró favorablemente la decisión de actualizar este derecho para adaptarlo al entorno digital.
El anteproyecto ha sido elaborado como una ley orgánica, algo que el CGPJ también aprecia positivamente, ya que, aunque se trate de un «derecho de configuración legal», está relacionado con los derechos fundamentales. En concreto, se menciona que el derecho de rectificación es una manifestación del derecho de libertad de comunicación, promoviendo el pluralismo informativo al permitir la presentación de «contraversiones o relatos fácticos contrapuestos».
El informe incluye diversas consideraciones. Por ejemplo, el CGPJ aplaude la obligación de que los medios digitales y plataformas incluyan un mecanismo accesible y visible para que los interesados puedan enviar rectificaciones de forma directa e inmediata. Sin embargo, sugiere que se incorpore un régimen sancionador mínimo para mejorar la efectividad, delegando la competencia sancionadora a la CNMC.
En relación con el plazo de diez días para ejercer el derecho de rectificación, el CGPJ considera que, debido a las particularidades de la información publicada en Internet, éste podría ampliarse a tres meses (como en Francia) o podría comenzar a contar desde el momento en que la persona afectada tiene conocimiento de la información, y no desde la fecha de su publicación.
Además, el borrador extiende el derecho de rectificación a los denominados influencers, aparte de a los medios tradicionales. Según el CGPJ, esto es una «novedad importante», aunque destaca que debe clarificarse el umbral de audiencia requerido para considerar a alguien un influencer. El CGPJ sugiere reducir este umbral a entre 100.000 y 200.000 seguidores, en lugar de uno o dos millones.
El informe considera razonable esta reducción, ya que permitirá a más personas afectadas por informaciones inexactas exigir rectificaciones. No obstante, recomienda incluir las razones de esta modificación en el anteproyecto, ya que la audiencia requerida para los influencers contrasta con la de otros sujetos obligados, como los medios digitales o tradicionales, que deben rectificar independientemente de su audiencia.
Asimismo, se sugiere que el anteproyecto deje claro que recae sobre el titular del derecho de rectificación la carga de probar el número de seguidores del usuario de plataformas en línea. Para facilitar este derecho, se propone la creación de un registro de usuarios de especial relevancia.
Limitar la inclusión de opiniones
Otra novedad que el CGPJ destaca es la regulación del derecho de rectificación en cuanto a la inclusión de opiniones o juicios de valor junto con la rectificación. El CGPJ critica que se limite la inclusión de opiniones o juicios de valor a aquellos que sean imprescindibles para entender el contexto y no se puedan separar de los hechos, un límite no impuesto por la jurisprudencia constitucional ni la del Tribunal Supremo, que favorecen la publicación íntegra de la rectificación, incluso si contiene juicios de valor.
El CGPJ considera conveniente que el anteproyecto adecúe su redacción a la jurisprudencia, máxime cuando la regulación del derecho de rectificación está dirigida por el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información.
En otro aspecto, recomienda incorporar una regla específica para el ejercicio de este derecho por parte de menores, sugiriendo que se fije un límite de edad (proponiendo 16 años) para darles seguridad jurídica y permitirles rectificar informaciones inexactas que les perjudiquen, especialmente las difundidas online.
Finalmente, el CGPJ critica que el anteproyecto no siempre utiliza un lenguaje inclusivo. Insta a revisarlo y a utilizar expresiones como «persona usuaria» en lugar de «usuario», «persona legitimada» en lugar de «legitimados» y «personas con discapacidad» en lugar de «discapacitados». ■