nº 1.017 - 24 de abril de 2025
‘XXIII Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales’
Los presidentes de las AP plantean igualar los honorarios de los abogados en acuerdos y demandas
Los presidentes de las Audiencias Provinciales han propuesto que los abogados reciban la misma compensación económica tanto si alcanzan un acuerdo negociado como si finalmente presentan una demanda judicial. Esta propuesta fue uno de los resultados de las XXIII Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales, celebradas hace unas semanas en Las Palmas.
En la conclusión número 34, los presidentes sugieren la «equiparación económica de los honorarios de los profesionales cuando alcancen un acuerdo previo y/o presenten una demanda (acordar y litigar), tanto en el régimen de la asistencia jurídica gratuita como en los criterios orientativos que elaboren los colegios de la abogacía para la inclusión en una tasación de costas o en una jura de cuentas».
Asimismo, en la conclusión número 33, los magistrados recomiendan el «desarrollo de incentivos fiscales para quienes logren un acuerdo negociado».
Respecto a la aplicación de los Medios Alternativos de Resolución de Controversias (MASC), los máximos responsables de órganos con jurisdicción provincial consideran que «el intento de comunicaciónde buena fe de una parte a otra, expresando la voluntad de negociar y con acceso íntegro al contenido de la solicitud o propuesta formulada, debe ser suficiente para cumplir el requisito de procedibilidad».
En cuanto a la confidencialidad de las comunicaciones, opinan que tanto «el proceso de negociación como la documentación utilizada (art. 9 LO 1/2025) son compatibles con la obligación de probar el contenido de la solicitud, propuesta inicial o invitación a negociar y la definición de su objeto, para acreditar ante el juez el inicio y el fracaso del intento de acuerdo».
Ante la próxima atribución a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de los delitos contra la libertad sexual, en las conclusions de las Jornadas se señala que es necesario un estudio pormenorizado del volumen y penosidad de estos delitos, así como dotar de plazas judiciales y demás medios personales necesarios, lo que permitirá afrontar dichas competencias evitando la revictimización que la dilación de los procedimientos penales y civiles pueda ocasionar.
Consideran positiva la implantación de los tribunales de instancia
También en relación con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el documento considera «en líneas generales, positiva» la implantación de los tribunales de instancia, «al llevar a cabo una transformación de la organización judicial que se va a inspirar en principios comúnmente aceptados en los países de nuestro entorno, como son los principios de especialización, la flexibilidad organizativa, potenciando la movilización de efectivos, la homogeneización y estandarización de las prácticas judiciales, la unificación de criterios, la reducción de la carga de trabajo mediante la promoción de métodos alternativos de solución de conflictos, la distribución racional del trabajo y la modernización de la justicia».
Las conclusiones señalan también que el Consejo General del Poder Judicial debe asumir el necesario protagonismo y liderazgo en una reforma de tanta relevancia judicial como la que se va a instaurar, recabando la información que se estime necesaria tanto del Ministerio de Justicia como de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y proponiendo las medidas que se estimen oportunas para lograr la máxima eficacia de la reforma.
Además, el documento dice que resulta absolutamente necesario que, tanto en los territorios del Ministerio de Justicia como en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, se confeccionen de forma efectiva y suficientemente dotadas las relaciones de puestos de trabajo que integrarán cada uno de los servicios comunes. ■