nº 1.018 - 30 de mayo de 2025
El Consejo de Europa adopta el primer tratado internacional destinado a proteger la profesión de la abogacía
Actualidad Jurídica Aranzadi
Su objetivo es garantizar el ejercicio libre y establecer estándares y procedimientos comunes de protección frente a las injerencias indebidas
Entrará en vigor una vez que al menos ocho países, seis de ellos miembros del Consejo de Europa, lo ratifiquen
El Convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión de la abogacía se ha abierto a la firma con motivo de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa organizada en Luxemburgo los días 13 y 14 de mayo. Este es el primer tratado internacional destinado a proteger la profesión de la abogacía en un contexto de crecientes denuncias de ataques a la práctica de la profesión, ya sea en forma de acoso, amenazas o agresiones, o injerencias en el ejercicio de sus labores profesionales. Accede al texto del Convenio para la Protección de la Abogacía en español.
El Consejo de Ministros del Consejo de Europa aprobó el pasado 12 de marzo este texto, que es el primer tratado internacional para garantizar que abogados y abogadas puedan ejercer de manera libre y segura. Su objetivo es garantizar el ejercicio libre y establecer estándares y procedimientos comunes de protección frente a las injerencias indebidas.
El Convenio ha sido firmado por Andorra, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Noruega, Países Bajos, Polonia y Suecia. Bélgica, Islandia, la República de Moldavia y el Reino Unido.
Este instrumento responde al creciente número de denuncias sobre acoso, amenazas, agresiones e injerencias sufridas por abogados en el desempeño de sus funciones. El convenio tiene como objetivo proteger tanto a los abogados como a sus asociaciones profesionales, reconociendo su papel esencial en la defensa del Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
El Convenio para la protección de la profesión de la abogacía del Consejo de Europa ampara a los abogados y a sus asociaciones profesionales, cuyo papel es vital a la hora de defender los derechos e intereses de los abogados en tanto que profesionales. El Convenio contempla la habilitación para el ejercicio de la profesión, los derechos profesionales, la libertad de expresión, la disciplina profesional y las medidas específicas de protección para los abogados y las asociaciones profesionales.
En virtud del Convenio, los Estados deben garantizar que los abogados puedan desempeñar su labor sin ser objeto de ninguna forma de agresión física, amenaza, acoso o intimidación, ni de ningún obstáculo o interferencia indebidos. Cuando tales circunstancias puedan constituir un delito, las partes deben llevar a cabo una investigación efectiva. Las partes también deben garantizar que las asociaciones profesionales puedan operar como organismos independientes y autónomos.
Sus impulsores destacan que los letrados desempeñan un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho y la garantía del acceso a la justicia para todos, incluida la defensa de víctimas de posibles violaciones de los derechos humanos. La confianza pública en los sistemas de justicia depende también, a su vez, del papel que desempeñen los abogados.
El convenio, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de marzo de 2025, entrará en vigor una vez que al menos ocho países –seis de ellos miembros del Consejo de Europa– lo ratifiquen. El seguimiento de su cumplimiento estará a cargo del Grupo de Expertos sobre la Protección de los Abogados y el Comité de las Partes. El cumplimiento del Convenio será vigilado por un grupo de expertos y un comité de las partes.
Thierry Wickers: «Un logro histórico»
Para Thierry Wickers, presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), su adopción constituye «un logro histórico; es crucial que sea firmado y ratificado por el mayor número posible de países para garantizar su eficacia y la protección más amplia posible para la profesión jurídica. Una vez que entre en vigor, es igualmente importante que el mayor número posible de Estados no miembros del Consejo de Europa se adhieran, ampliando así su alcance protector y reforzando el Estado de derecho a nivel global».
Thierry Wickers trasmitió su sincero reconocimiento a la Abogacía Española por la relevancia de la posición del Consejo General y su capacidad para influir en la postura de las autoridades españolas y por la firme recomendación a favor de un apoyo sin reservas al Convenio. Fuentes de Consejo de la Abogacía Europea consideraron que el Convenio aprobado está llamado a convertirse en una referencia fundamental para la garantía del ejercicio de la abogacía y, por extensión, del derecho de defensa en todo el mundo.
Salvador González: «sin Abogacía no hay Estado de derecho»
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, había pedido a todos los estados en la inauguración del World Law Congress 2025, celebrado recientemente en Santo Domingo, que ratificaran cuanto antes el convenio. El presidente de la Abogacía reiteró que la protección de quienes ejercen el derecho es clave para la salud democrática de las sociedades. «Sin la Abogacía no habría Estado de derecho», proclamó, subrayando que el nuevo tratado internacional es un avance crucial para blindar la independencia profesional frente a amenazas, injerencias y represalias.
González reafirmó el compromiso «hasta la médula» de la Abogacía Española con los valores democráticos, la colaboración internacional y la defensa de los derechos humanos. «Somos una profesión incómoda para quienes se sienten incómodos con la democracia», advirtió, demostrando así su implicación en un orden internacional «basado en el respeto a la justicia, la democracia y la libertad».
«Nos preocupa como viene preocupando a este Congreso desde hace 60 años», señaló González al referirse al deterioro del Estado de derecho en distintas regiones del mundo. Un deterioro que, recordó, también ha sido advertido por organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la Comisión Europea. ■