nº 1.019 - 26 de junio de 2025
Minería y transición energética: una alianza estratégica para la descarbonización
Javier Toribio
Socio de Andersen, director del Área de Dcho. Público y Regulatorio en Andalucía. Doctor en Derecho
Silvia del Saz
Of Counsel de Andersen, catedrática de Derecho Administrativo
La minería del siglo XXI ha demostrado que es posible compatibilizar la actividad extractiva con la protección ambiental
La minería es un pilar imprescindible para construir un modelo energético renovable, descarbonizado y ambientalmente sostenible
En el actual contexto de transición energética, la minería ha sido identificada como un sector estratégico para la economía y la sostenibilidad medioambiental. La capacidad de suministro de materias primas estratégicas, esenciales para la descarbonización y la autonomía energética e industrial europea, le confiere un papel clave en la implementación del Pacto Verde Europeo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima «PNIEC 2023-2030» y la Agenda 2030. Este artículo aborda los desafíos regulatorios y las oportunidades que ofrece la minería responsable para el conjunto del Estado y, en particular, para Andalucía.
La minería como vector estratégico de la transición energética
La minería arriba con fuerza en Europa, España y, especialmente, en la zona sur. La creciente demanda de minerales estratégicos, así como el objetivo de reducir la dependencia de terceros países, han situado de nuevo a la industria extractiva en la agenda económica y política, como sector de trascendencia para la transición energética.
La minería constituye un sector clave para la competitividad de la economía europea, española, y especialmente de la andaluza, cuya relevancia no se circunscribe a la dimensión económica, sino que se proyecta sobre la seguridad en la regularidad del suministro, la innovación tecnológica y la cohesión territorial. No podemos olvidar que los recursos minerales forman parte de la riqueza nacional y, per se, están subordinados al interés general, conforme a la doctrina pacífica y consolidada del Tribunal Constitucional, desde su Sentencia 227/1988 (FJ 14), en torno a la interpretación del artículo 128.1 de la Constitución Española.
La transición energética y el objetivo de descarbonización marcado por la Unión Europea exige garantizar un suministro seguro, sostenible y, en la medida de lo posible, autónomo, de materias primas estratégicas —v. gr. críticas como el litio, el cobalto y/o las tierras raras— indispensables para la producción de energías renovables, la implantación de tecnologías limpias y la movilidad eléctrica. En este marco, a pesar de la oposición de ciertos agentes y sectores, la minería moderna deviene en aliada estratégica de la descarbonización, al facilitar tanto la base material del cambio energético como la reindustrialización sostenible de Europa. La minería del siglo XXI constituye el cauce para la obtención de materias primas necesarias para la generación y producción de energía a partir de fuentes no consumibles, como el uso de tecnologías innovadoras que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs).
Minería ambientalmente responsable y regulación estratégica
El respaldo institucional a esta nueva minería responsable y sostenible queda patente en el Reglamento (UE) 2024/12521, sobre materias primas fundamentales, que configura un marco normativo que disciplina y refuerza el carácter estratégico de la minería. Entre otros aspectos, dicho marco normativo establece la identificación de proyectos estratégicos, promueve su financiación público-privada e impone a los Estados miembros el mandato de simplificar su tramitación.
En el ámbito nacional, la magnífica Ley de Minas de 1973 mantiene su vigencia y, a pesar del esfuerzo que se ha realizado a lo largo de los años con los diversos desarrollos reglamentarios en la materia que pivotan en torno a la protección del medio ambiente en los espacios mineros, su reforma se revela necesaria para atender, de forma integral, las exigencias de sostenibilidad, transparencia y participación pública. Complementariamente, iniciativas como la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, y la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental y, como no, el Real Decreto 975/2009 sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, articulan un marco garantista para el control de impactos y la restauración de los ecosistemas afectados.
Todo ello, junto con las estrategias para una minería sostenible de cada ámbito territorial, constituye la hoja de ruta para impulsar la actividad extractiva bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social conforme a los criterios ESG, situando a España a la cabeza de este sector en el marco comunitario.
Binomio minería y sostenibilidad, una alianza inescindible
En este contexto, es necesario preservar un adecuado equilibrio entre el uso responsable de los recursos mineros con un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 CE.
La minería del siglo XXI ha demostrado que es posible compatibilizar la actividad extractiva con la protección ambiental, integrando los principios de prevención, precaución y restauración del daño recogidos en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Las técnicas actuales minimizan el impacto en el entorno, optimizan el uso de recursos —como el agua— e incorporan tecnologías limpias en todo el ciclo de vida.
Ejemplo paradigmático es el caso de la mercantil Lain Tech, cuya tecnología permite extraer metales sin emisiones y con menor impacto en el balance hídrico. Casos como este ilustran cómo la minería puede alinearse con los compromisos climáticos asumidos en el marco del Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo y el PNIEC 2023-2030.
Además, su potencial de arrastre sobre la economía local —especialmente acentuado en zonas rurales— contribuye a la cohesión territorial, a la fijación de población y al empleo cualificado, reforzando la dimensión social del desarrollo sostenible.
Oportunidades y desafíos regulatorios
Pese a su renovado protagonismo, los proyectos mineros enfrentan obstáculos normativos y procedimentales. La obsolescencia de la legislación básica, la complejidad de la tramitación administrativa y el riesgo reputacional asociado a conflictos socioambientales, demandan una gobernanza regulatoria más eficaz y transparente.
La simplificación administrativa no debe suponer una merma de las garantías ambientales, sino una optimización de procesos y plazos, eliminando trámites redundantes y reforzando la coordinación interadministrativa. Ello es especialmente relevante en la tramitación de los Proyectos Estratégicos reconocidos por la UE.
En este sentido, el 25 de marzo de 2025, la Comisión Europea adoptó la Decisión C (2025) 1904 final, mediante la cual reconoce 47 proyectos de extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas como Proyectos Estratégicos bajo el citado Reglamento (UE) 2024/1252. De estos, 7 proyectos se localizan en España y dos de ellos en Andalucía (Huelva y Sevilla): Aguablanca Project de Río Narcea Recursos (Badajoz); CirCular de Atlantic Copper (Huelva); Las Navas de Lithium Iberia (Cáceres); Mina Doade Project de Recursos Minerales de Galicia (Ourense); El Moto Mining Project de Abenójar Tungsten (Ciudad Real); P6 Metals de Iberian Resources Spain (Cáceres); Polymetallic Primary Sulphite Project de Cobre Las Cruces (Sevilla).
Asimismo, la consolidación de asociaciones como EUROMINES, CONFEDEM y, en particular, AMINER/PRIMIGEA, permite avanzar hacia una autorregulación sectorial y una mayor interlocución con las Administraciones y la sociedad civil.
Litigiosidad en el sector extractivo y control jurisdiccional
La litigiosidad sigue presente en el desarrollo de proyectos mineros, promovida en un porcentaje significativo por asociaciones cuyo objeto social comprende la defensa del medio ambiente cuando es precisamente la transición energética y la descarbonización la que reclama el fomento de la minería. Esta circunstancia merece alguna reflexión acerca de la labor pedagógica que aún falta por realizar para hacer partícipe a la sociedad en general de las bondades de la minería.
A pesar de esta resistencia, los tribunales están avalando iniciativas y proyectos mineros tras verificar el cumplimiento de la legalidad ambiental y administrativa vigente; cuestión que evidencia la profesionalización del sector, el empleo de las mejores técnicas disponibles y la rigurosidad de los procedimientos administrativos.
A título ilustrativo, se puede destacar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 18 de septiembre de 2024 (rec. 528/2024), que revocó una medida cautelar contra un permiso de investigación otorgado a MINAS DE AGUAS TEÑIDAS, S.A.U. (SANDFIRE MATSA), por considerar que su ejecución no comporta riesgo ambiental.
Igualmente relevante puede ser la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 10 de abril de 2025, que ha desestimado el recurso de interpuesto por una mercantil contra la adjudicación a otra compañía (Minera Los Frailes) de la explotación de la mina de Aznalcóllar, avalando la conformidad a Derecho del procedimiento administrativo seguido.
La minería como sector clave para la descarbonización
El sector minero español avanza hacia una nueva etapa, marcada por la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y su papel central en la transición energética. Los avances normativos, el reconocimiento de proyectos estratégicos y el respaldo judicial sientan las bases de un entorno propicio, aunque aún persisten retos importantes: la reforma de la legislación de minas, la agilización administrativa y la mejora del diálogo social.
Concienciar a la sociedad sobre el valor estratégico de una minería responsable es esencial para su aceptación. Lejos de ser una actividad del pasado, la minería se revela como un pilar imprescindible para construir un modelo energético renovable, descarbonizado y ambientalmente sostenible. ■
1. Reglamento (UE) 2024/1252, de 11 de abril de 2024del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 y (UE) 2019/1020.