nº 1.019 - 26 de junio de 2025
La medicina lo entendió hace tiempo… ¿Y la abogacía?
Óscar Fernández León
Abogado experto en habilidades profesionales. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla
La población en general considera que los abogados son profesionales que solo deben ser consultados como último recurso
El abogado preventivo debe ofrecer el mejor consejo legal, tratando siempre a anticiparse y prevenir los posibles problemas legales que puedan surgir en el futuro
La mayoría de las personas acude al médico con una finalidad eminentemente preventiva para cuidar de su salud. Igualmente, es habitual que aseguremos la casa, el vehículo, la vida,… Sin embargo, esta cultura preventiva aún no ha calado en el ámbito de los problemas legales. Si la medicina preventiva promueve la buena salud, ¿por qué razón los ciudadanos, bajo determinadas circunstancias, no están interesados en promover tanto la reducción de futuros problemas legales como la de menores costes legales?
La respuesta a esta cuestión es muy compleja debido a que nos enfrentamos a un problema de percepción social. Es un hecho constatado que la población en general considera que los abogados son profesionales que solo deben ser consultados como último recurso, es decir, cuando algo ya va mal y ya no queda más remedio que buscar su consejo. El abogado es un profesional que sirve para resolver problemas, un «apaga fuegos». Es entonces cuando consultamos a nuestros conocidos para que nos recomienden a un buen abogado, quien aparece en escena quizás sea demasiado tarde y la llama ya haya prendido…
Ciertamente, es posible que los propios abogados hayamos contribuido a esa visión, ya que nuestra propia cultura profesional nos enseña que los conflictos encuentran su solución en el contexto hostil del litigio basado en el axioma del ganador/perdedor, y esto es lo que siempre ha entendido nuestra sociedad, pero también el ciudadano ha contribuido a ello eludiendo la intervención de un profesional, bien porque sobreestima su propia capacidad y conocimiento para controlar la operación (por ejemplo, una compraventa o un arrendamiento), bien porque decide ahorrar los costes adicionales del abogado.
Sin embargo, somos conscientes tanto de que este modelo no funciona, como lo son la inmensa mayoría de los clientes que han tenido que sufrir un litigio. Vivimos en una sociedad reglamentada en la que el conflicto jurídico puede asomar a la vuelta de la esquina sin que hayamos participado en su causa, situaciones que tienen que resolverse en unos juzgados y tribunales que se encuentran colapsados en todos sus niveles y cuya capacidad de respuesta es lenta y limitada, y para colmo, los procesos son costosos y rodeados de una peligrosa incertidumbre que, sea cual sea el resultado, siempre cobran un elevado coste emocional a las partes, por no decir un alto coste económico.
Y aquí es donde la prevención del conflicto adquiere máxima relevancia.
Características de la prevención del conflicto
La prevención del conflicto constituye el empleo de una serie de técnicas orientadas a la anticipación y prevención de problemas y conflictos legales y, en su caso, a la minimización de riesgos legales y maximización de derechos y de salidas negociadas a conflictos ya existentes.
Entre las características de la prevención del conflicto podemos destacar las siguientes características:
– Es un enfoque diferente para la evitación y solución de conflictos.
– Surge frente al planteamiento reactivo y basado en la gestión de hechos pasados que preconiza el enfoque de solución de conflictos.
– El enfoque preventivo es eminentemente proactivo (no reactivo) y orientado a la evitación de conflictos futuros.
– Encuentra su fundamento en que, aun siendo conscientes de que el sistema de resolución judicial de conflictos, a pesar de ser necesario, puede evitarse en numerosas ocasiones empleando otros enfoques que puedan lograr una mayor satisfacción del cliente.
El abogado preventivo, evaluando y sopesando las dificultades del caso, debe ofrecer el mejor consejo legal, tratando siempre de anticiparse y prevenir los posibles problemas legales que puedan surgir en el futuro o, en su caso, a reducir los perjuicios ya existentes y evitar que el conflicto se instale. Su actividad, por tanto, debe proporcionar al cliente la seguridad que requiere para llevar a cabo el proyecto de que se trate. En todo caso, para el abogado, la prevención equivale no solo a colaborar con la justicia, sino también a mantener una relación duradera y no ocasional con los clientes, lo que supone una fidelización de los mismos con una mayor posibilidad de prestarles diversos servicios.
Las herramientas con las que debe contar necesariamente el abogado para desarrollar su labor de prevención legal son, entre otras, las siguientes:
– Formarse en una educación basada en un sistema de prevención de las crisis en lugar del sistema de gestión y solución de crisis.
– Familiarizarse con las técnicas de negociación tanto para la solución de conflictos con terceros como para convencer al cliente del valor de una solución negociada y disuadirlo de posiciones perjudiciales.
– Conocer al cliente, su filosofía, sus valores y sus necesidades tanto como los escenarios en los que el cliente suele operar.
– Debe dominar el uso de la cautela y la prudencia en el consejo basado en la honestidad.
– Finalmente, tiene que usar el pensamiento creativo, abierto y orientado en la búsqueda de alternativas para la solución del conflicto.
En definitiva, la abogacía preventiva no solo representa una forma más eficaz, ética y estratégica de ejercer la profesión, sino que también se alinea con una concepción moderna del Derecho como herramienta de anticipación, orientación y servicio continuado al cliente. Frente a un sistema judicial colapsado, costoso y emocionalmente desgastante, el abogado preventivo se erige como un verdadero aliado del ciudadano, capaz de ofrecer soluciones sostenibles, minimizar riesgos y fomentar una cultura jurídica de responsabilidad y previsión. Asumir este enfoque no solo mejora la calidad del servicio legal, sino que dignifica la profesión y contribuye a una justicia más accesible, eficiente y humana. ■