nº 1.020 - 31 de julio de 2025

El ICAB, al servicio de la Abogacía: defensa de la profesión, dignidad y formación

Cristina Vallejo Ros

Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)

Reivindicamos la dignificación del Turno de Oficio con mejoras sustanciales desde el punto de vista económico, burocrático y de medios materiales

La Abogacía tiene mucho que aportar en la defensa de la seguridad jurídica para abordar problemas que preocupan la ciudadanía como la vivienda

El pasado 3 de julio tomamos posesión una nueva Junta de Gobierno, con unos ejes estratégicos muy claros, el primero de ellos, la defensa de la profesión mediante una actitud proactiva con los demás Colegios de la Abogacía, Consejos territoriales y Consejo General de la Abogacía Española; y al mismo tiempo ante los poderes públicos, entre los que deben estar el Departament de Justicia de la Generalitat, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Dignificar el Turno de Oficio

Entre las funciones públicas del Colegio de la Abogacía de Barcelona se encuentra el Turno de Oficio, para el que debemos reivindicar su dignificación, con mejoras sustanciales desde el punto de vista económico, no teniendo sentido que en la actualidad se realicen actuaciones judiciales que no se remuneren, o que no se actualicen los módulos actuales con el IPC acumulado desde 2010, siendo este servicio esencial para la ciudadanía, la garantía del acceso efectivo a la justicia.

Como ya anticipamos en la semana dedicada al reconocimiento de la abogacía adscrita al Turno de Oficio, tenemos un serio riesgo de sostenibilidad del sistema, ya que cada año se eleva la edad media de la abogacía que presta el servicio, que en Barcelona es de 53 años. Y, por otro lado, cada año nos encontramos que un porcentaje entorno al 3 y 4% se dan de baja por la falta de medios, o falta de dignificación de la profesión, suponiendo mayor coste prestar el servicio, o la disponibilidad del mismo, que la remuneración prestada por las Administraciones Públicas para garantizar el derecho de defensa de la ciudadanía. La apuesta debe ser firme de todos, de la Abogacía y de las Administraciones Públicas. Se necesitan medios materiales para digitalizar la burocracia del Turno de Oficio, medios económicos para remunerar las actuaciones que realiza la abogacía en defensa de la ciudadanía, y visibilizar la profesión dignificando el trabajo que se realiza los 365 días del año, las 24 horas del día.

Potenciar la formación

En relación con dicho servicio esencial, un eje estratégico fundamental de la nueva Junta de Gobierno del ICAB es la formación de calidad y la excelencia profesional. Debemos garantizar como Corporación que nuestros colegiados y colegiadas tienen la oferta formativa necesaria para afrontar las novedades legislativas, los retos actuales de digitalización, y que saben y sabrán manejar el auge de la Inteligencia Artificial, como herramienta de nuestra profesión que ha irrumpido en nuestro día a día. La abogacía de prestigio es la abogacía formada y los Colegios profesionales debemos abanderar todas las necesidades formativas para que ello sea posible.

Promover acciones en favor de la igualdad

Como tercera decana de la Corporación, habiendo pasado dos décadas desde que Silvia Giménez Salinas fuera nombrada la primera Decana del ICAB, es una prioridad seguir promoviendo acciones en favor de la igualdad de oportunidades dentro de la profesión, sobre todo entre las jóvenes, estamos en porcentaje prácticamente igualitario en número de colegiados y colegiadas en el ICAB (50,23% de hombres y 49,77% de mujeres), sin embargo, el número de socias de despachos profesionales o el número de mujeres decanas y/o presidentas de corporaciones públicas está muy alejado de los porcentajes de igualdad que nos gustaría: sigue siendo insuficiente. Existe un paralelismo con el número de juezas en la Escuela judicial, de la 75ª promoción que está en la actualidad, de un total de 115 jueces y juezas en prácticas tenemos un 76% de mujeres, sin embargo, en la cúpula judicial, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo debería existir mayor representación, existiendo juristas de prestigio que pueden ocupar dicho lugar.

Escuchar a todos nuestros colegiados y colegiadas

Nos preguntamos ¿Qué Colegio queremos? Uno en el que escuchemos a los colegiados y colegiadas, uno en el que tanto jóvenes, como séniors, como abogacía de empresa, o de cualquier rama de derecho sienta que es útil y que defiende sus intereses particulares, de la «forma quirúrgica» que requiere cada uno de los intereses que comprende el colectivo.

Influir en el Poder Legislativo

Al mismo tiempo queremos una Corporación presente e influyente en el Poder legislativo, se debe dar continuidad a la presencia que ya tiene el ICAB en las propuestas de lege ferenda, en la elaboración de iniciativas legislativas que aporten seguridad jurídica a la ciudadanía. Existen problemas actuales que son la prioridad de la ciudadanía, como es la vivienda, en los que la Abogacía tiene mucho que aportar, en defensa de la seguridad jurídica, y nos deben escuchar y tener en cuenta.

La LO 1/2025 comporta un cambio de paradigma

Por otro lado, tenemos por delante el reto de la aplicación y entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia en virtud de la LO 1/2025, que resulta un cambio de paradigma para la Justicia y para el derecho a la tutela judicial efectiva, que requiere para su efectividad el paso previo de la actividad negociadora como requisito de procedibilidad obligatorio. En este punto, la seguridad jurídica nuevamente es un elemento fundamental para que la aplicación de la Ley no suponga una restricción de derechos, y la cooperación, coordinación y diálogo entre Administraciones Publicas, Poder Judicial y Abogacía va a resultar fundamental. Las oficinas judiciales se transforman y dicha transformación debe ser compatible con la escucha de los profesionales que intervenimos en el proceso judicial para que sea eficaz y con los recursos adecuados podamos reducir los plazos de pendencia que en la actualidad son alarmantes. Para poner un ejemplo, en las ocupaciones en Cataluña, los nuevos datos publicados, señalan que en 2018 lo que se tardaba en recuperar la posesión eran 4,8 meses de media; hoy, en 2025, sumando el plazo medio de las apelaciones, para obtener sentencia firme y recuperar la posesión la media es de 23,7 meses. La Justicia en la actualidad no es eficaz, por tanto, necesitamos que la LO 1/2025 funcione y no sólo para evitar que la resolución de todas las controversias sea mediante una demanda judicial, apostando por los métodos adecuados de resolución de conflictos, sino para que, si optas por acudir a los tribunales de justicia, la lentitud de la misma no haga que sea injusta. No se puede caer en el hartazgo, y normalizar como hemos hecho con resignación que la justicia es lenta.

Respeto a la tutela judicial efectiva

Estamos todos los profesionales del Derecho obligados a seguir insistiendo en el respeto debido a los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que son, en definitiva, los pilares básicos de cualquier sociedad que se quiera democrática. ■