nº 1.020 - 31 de julio de 2025
Asociaciones de jueces y fiscales amenazan con más días de huelga
AJA
Según los convocantes, los paros del 1 al 3 de julio tuvieron un seguimiento del 70% y según Justicia de solo el 31%
Esta movilización se considera histórica dado que nunca antes hubo tres días consecutivos de huelga de jueces y fiscales con un seguimiento tan extenso
El CGPJ aclaró que no puede «recabar imperativamente» la identidad de los jueces y fiscales que han secundado la huelga
Las asociaciones de jueces y fiscales llevaron a cabo una huelga de tres días, del 1 al 3 de julio pasado, en protesta contra las reformas anunciadas por el Gobierno respecto al acceso a las carreras judiciales y a la Fiscalía. Estas agrupaciones consideran que las reformas representan un ataque al Estado de Derecho. Según ellos, el seguimiento de la huelga tuvo una media del 70% en los tres días de manifestaciones. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comunicó cifras inferiores, indicando un seguimiento medio del 31% en el período completo.
En todo caso, las asociaciones de jueces y fiscales que convocaron la huelga –todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)– han amenazado con convocar más jornadas de protesta «si la situación persiste sin cambios sustanciales».
Así lo avanzaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) un día después del fin de la huelga de tres días, en un comunicado. «Si la situación persiste sin cambios sustanciales, retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga, con la misma firmeza, unidad y determinación que han caracterizado las acciones llevadas a cabo hasta el momento», avisan.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no han secundado ni la huelga ni las protestas contra dichas reformas, sí han criticado una enmienda socialista que plantea que los jueces y fiscales sustitutos queden adscritos al tribunal o fiscalía más cercanos al destino donde estén.
Los convocantes destacan la importancia de visibilizar sus demandas, las cuales consideran esenciales para mejorar el sistema judicial y fortalecen el Estado de Derecho. Asimismo, agradecen el compromiso de los colegas que participaron en la huelga y reafirman su defensa de los derechos civiles y profesionales.
Esta movilización se considera histórica, dado que nunca antes hubo tres días consecutivos de huelga de jueces y fiscales con un seguimiento tan extenso. Las reformas en cuestión, sobre las cuales se protestó, se tramitaron de forma urgente en el Parlamento sin consulta detallada con operadores jurídicos, otorgando más poder al fiscal general del Estado mientras se debilitan los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a las profesiones judiciales.
Las asociaciones critican la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen especial, lo cual consideran perjudicial para los derechos de 4.000 jóvenes aspirantes. A pesar de reiteradas solicitudes, alegan que el Ministerio de Justicia no ha adoptado medidas adecuadas para abordar estos problemas, ni ha iniciado diálogo, lo que consideran inusual en conflictos colectivos en España.
Competencias y postura del CGPJ
En respuesta al requerimiento realizado por el Ministerio que dirige Félix Bolaños para que le facilitara una «lista completa» para poder restarles salario por los días de paro, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aclaró que no puede «recabar imperativamente» la identidad de los jueces y fiscales que han secundado la huelga convocada.
La Comisión Permanente recordaba que «el CGPJ carece de competencia para recabar imperativamente datos de identidad de quienes participen en una huelga que el Pleno de este órgano constitucional tuvo por no anunciada en su acuerdo de 26 de junio de 2025».
Cabe recordar además que, en dicho acuerdo alcanzado por unanimidad, el CGPJ esgrimió que el derecho a la huelga de los togados carece de soporte normativo, razón por la cual desoyó la convocatoria y descartó fijar servicios mínimos. Esta misma postura fue asumida por la Fiscalía General del Estado.
La Comisión Permanente aclaró, además, que «no ha recibido comunicaciones de los órganos de gobierno interno del Poder Judicial sobre incidencias que hayan requerido la intervención de este órgano constitucional».
Asimismo, «constata que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha facilitado públicamente datos de participación en la huelga convocada a partir de la información requerida por su departamento a los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia».
Procedimientos suspendidos
Tras la primera jornada de huelga de jueces y fiscales, la Abogacía lamentó los daños incuestionables causados y alertó de que las decenas de miles de asuntos afectados ya no se resolverán durante 2025, lo cual complicará todavía más la situación de un sistema judicial con casi ocho millones de asuntos pendientes.
«No contamos con cifras oficiales del seguimiento de este primer día, pero los decanos me han ido trasmitiendo ya las incidencias, las suspensiones y los desplazamientos en vano que se han producido en sus territorios. Sea cual sea la incidencia de la huelga, un solo día es mucho y el impacto es grande», afirmó el presidente de la Abogacía, Salvador González. «El 2024 se cerró con casi ocho millones de asuntos pendientes y podríamos terminar 2025 con un panorama mucho peor», añadió.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) cifró en un 48,8% los procedimientos suspendidos por la primera jornada de la huelga, según su propio informe sobre el paro contra las reformas del Ejecutivo central que afectan a la Justicia.
Según el informe del ICAM, la jornada provocó una suspensión relevante de señalamientos judiciales, con cientos de procedimientos paralizados. La jornada de huelga tuvo un impacto significativo sobre la actividad judicial, con una significativa tasa de suspensiones de juicios y vistas programadas.
Aunque las cifras son estimativas «la magnitud del paro queda reflejada». De un total de 945 juicios señalados, 461 fueron suspendidos, lo que representa 48,8% de suspensión total; mientras que 484 juicios se celebraron conforme a lo previsto. ■