nº 1.021 - 25 de septiembre de 2025
El callejón (con salida) en el que se encuentran los parques eólicos en Galicia
Juan Moreno
Socio de Derecho Público y Sectores Regulados en CMS Albiñana & Suárez de Lezo
La tramitación y construcción de 62 parques eólicos en Galicia se encuentre paralizada a la espera de que el TSJ de Galicia resuelva los recursos interpuestos por las asociaciones ecologistas
El sector da por hecho que, en los próximos meses, el Gobierno aprobará una norma que proteja a los desarrolladores eólicos gallegos y les garantice que no van a incumplir los hitos regulatorios
Desde el año 2020, y explicado en términos muy resumidos, las instalaciones de producción renovable (como los parques eólicos) han de cumplir con una serie de hitos en su desarrollo y construcción que acrediten que son «proyectos firmes» (con una inversión sólida detrás), que van progresando adecuadamente, y no meras «solicitudes especulativas» (que «ocupan capacidad» de la red a la espera de ser vendidos a un tercero).
Así, cada proyecto renovable ha de estar en operación en un plazo máximo de cinco años (ampliable a ocho años, si se cumplen determinadas circunstancias) o, de lo contrario, se producirá la caducidad automática de sus permisos de acceso y conexión, la incautación de las correspondientes garantías y, en última instancia, el proyecto dejará de ser viable.
En este contexto de desarrollo y construcción «acelerada» de los proyectos renovables (lógicamente, ningún desarrollador quiere exponerse a incumplir los hitos regulatorios y perder las garantías y el proyecto), los desarrolladores de parques eólicos en Galicia han tenido que vivir una situación todavía más compleja que la de sus homólogos en otras comunidades:
– Las asociaciones ecologistas gallegas han recurrido ante el TSJ de Galicia los distintos permisos otorgados para la construcción de estos parques eólicos ubicados en Galicia, solicitando como medida cautelar la suspensión de la vigencia de los permisos (y, por tanto, la imposibilidad de construir los proyectos mientras dura el pleito –que pueden ser más de tres años, en algunos casos–).
– De manera absolutamente sorprendente, la sección tercera del TSJ de Galicia (separándose de lo acordado por el resto de Tribunales autonómicos, el Tribunal Supremo e, incluso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha estimado estas solicitudes de protección cautelar y ha paralizado por completo la construcción el desarrollo y la construcción de los parques eólicos afectados, en unas decisiones ciertamente cuestionables (en ocasiones, los autos concediendo las medidas cautelares a los ecologistas tienen apenas una página y carecen de la fundamentación más básica) y sin exigir ningún tipo de caución o garantía a los recurrentes (que se ven así incentivados a recurrir todos los permisos de todos los proyectos eólicos).
Iniciativas legislativas para intentar paliar la incertidumbre
Esta situación ha llevado a que, en la actualidad, y según fuentes oficiales, (i) la tramitación y construcción de 62 parques eólicos en Galicia se encuentre paralizada a la espera de que el TSJ de Galicia resuelva los recursos interpuestos por las asociaciones ecologistas, (ii) los titulares de estos parques eólicos «suspendidos» por el TSJ se enfrentan al riesgo de no poder cumplir con los mencionados hitos regulatorios (mientras las medidas cautelare estén en vigor no pueden avanzar con la construcción) y que sus proyectos dejen de ser viables.
Tanto el gobierno autonómico gallego como el nacional han intentado enmendar esta situación de incertidumbre: así, el pasado 24 de junio, se aprobó Real Decreto-ley 7/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico (RD-L 7/2025), que incluía una medida expresamente dirigida a «proteger» al sector eólico gallego y declaraba la suspensión del cómputo de los hitos regulatorios para aquellos proyectos que se hayan visto afectados por medidas cautelares que impidan la construcción.
Aunque este RD-ley 7/2025 no ha sido finalmente convalidado por el Congreso de los Diputados (y es, por tanto, una disposición derogada), lo cierto es que todo el sector espera que, en los próximos meses, el Gobierno (o el legislador) apruebe una nueva norma que incluya una previsión idéntica y «garantice» así a los desarrolladores eólicos que no van a incumplir los hitos regulatorios y perder sus proyectos. Esperamos que así sea. ■