De universidades y universitarios
(Sobre la preocupación por la calidad y la falta de preocupación por la igualdad de acceso)
J&F
Existe una polémica sobre la universidad española que alcanza a la diferente naturaleza, pública o privada de esos centros, y la función social que cumplen.
Si damos un paso atrás (o varios) para tomar distancia sobre la discordia que, de una manera tan simplista como indocumentada (y es muy simplista), pretende ver la bondad de lo público (y solo de lo público) y la perversidad de lo privado (por resumir, lo de los chiringuitos). Es preciso analizar la cuestión en términos de universitas.
Por eso, y cambiando de enfoque, debemos recordar que en nuestra Constitución las referencias a las universidades se limitan a dos. La primera de ellas, en el artículo 27.10, en el marco del derecho a la educación, en la que se señala que «Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca». La segunda en el artículo 159.2, que al regular quienes pueden ser miembros del Tribunal Constitucional incluye entre los posibles a los «Profesores de Universidad». El resumen no sería otro que el de autonomía y autoritas (auctoritas).
Sobre la primera cuestión está todo escrito y bien escrito. Me remito a la obra «El mito de la autonomía universitaria» de Francisco Sosa Wagner publicada en Civitas, con varias ediciones, la primera de 2004. Ensayo demoledor y preclaro que explica dónde estábamos y dónde estamos. Sobre la segunda, y a pesar del tiempo transcurrido, basta con releer el ensayo Autoridad y potestad de Alvaro D’Ors (CSIC, 1973), por el que parece no pasar el tiempo.
Nótese que las referencias lo son a dos profesores que sirvieron una en la universidad pública y otro en la universidad privada (primero, también, en la pública), lo que, por extensión desmonta esa idea que desde determinados sectores se quiere transmitir de que solo la Universidad pública puede ser buena. A la Universidad española le está costando mucho destacar y ser reconocida más allá de nuestras fronteras, pero los que hemos vivido años fuera de España sabemos que eso no es así y que sigue habiendo personas, doctores y profesores, que se siguen esforzando, aunque ese esfuerzo sea, por lo general, baldío, porque nuestra universidad pública se está convirtiendo en reinos de taifas en los que toda la vida se desarrolla en el mismo centro universitario. Se estudia y obtiene el grado en la misma Universidad en la que ese alumno cursa estudios de posgrado y se doctora y que sigue siendo la misma en la que se hace carrera universitaria… atrás quedaron los tiempos de moverse, tiempos de contraste y enriquecimiento.
Esa visión sesgada y parcial es la que transmite el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios; el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos; el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales; y el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad… si no se ha perdido el título dice bastante.
Pero en momento alguno se aborda el primer problema, el del acceso y el de la desigualdad de oportunidades de acceso a unas universidades públicas que son financiadas (entre el 80 y el 90 %) por los ciudadanos y que vienen a depender, económicamente, de las Comunidades Autónomas. Desigualdad que se produce con pruebas diferentes (y desiguales) a los estudiantes de segundo de bachiller (llámense como se llamen) en las que se obtienen notas claramente diferentes en función de la Comunidad Autónoma y que tienen el efecto de beneficiar a unos alumnos y, en consecuencia, perjudicar a otros.
La cuestión es simple. Si la prueba de acceso es autonómica el sistema de acceso no puede ser nacional. O todo es autónómico, o todo es nacional, y parece que la única social correcta es que prueba y acceso sean nacionales… aunque el coste de las universidades recaiga en las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la carrera universitaria, y aunque forme parte de la propia definición, resulta preciso volver a la universalidad, poner límites al aldeanismo, obligando a que esa carrera universitaria discurra necesariamente en centros distintos. Es el caso de países de nuestro entorno que no permiten a quien obtiene el grado de doctor por una Universidad obtener una plaza en esa misma Universidad… hay que salir de la aldea, conocer gente nueva, compartir conocimiento y contrastar opiniones. Eso es la universidad, y no otra cosa.
Así que, quien busque la calidad, que empiece por el principio. Que chiringuitos públicos, haberlos haylos, como excelencia privada la hay, y en la universidad española a calderadas. Solo hay que echarle uno ojo a los resultados del MIR, a las principales (y más duras) oposiciones jurídicas, o a cuál es la única facultad española que se ha conseguido colar entre las cien primeras del mundo.
O tal vez sea porque quien habla de chiringuitos es lo único que conoce. Ya saben, la tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia, porque la inteligencia tiene sus límites y la tontería no. ■