La inteligencia artificial y la abogacía: una competencia profesional que ya no puede ignorarse
Fernando J. Biurrun. Consultor Social Media
Fundador Lawandtrends.com
En los últimos años se han registrado casos, principalmente en EEUU, pero también en nuestro país, en los que el uso inadecuado de herramientas de IA ha tenido consecuencias disciplinarias para profesionales del derecho
La transformación digital del derecho no es una amenaza, sino una oportunidad
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad cotidiana. Herramientas como los generadores de texto, los asistentes legales automatizados y los sistemas de análisis predictivo están transformando la forma en que los abogados investigan, redactan, argumentan y toman decisiones. En este nuevo escenario, la competencia tecnológica ya no es un valor añadido: es una exigencia profesional.
Durante décadas, el ejercicio de la abogacía se ha basado en el dominio del lenguaje, el conocimiento normativo y la capacidad de análisis crítico. Sin embargo, la incorporación de tecnologías basadas en IA ha introducido una nueva dimensión: la necesidad de comprender cómo funcionan estas herramientas, cuáles son sus límites y cómo utilizarlas de forma ética y responsable. No se trata únicamente de saber «usar» una aplicación, sino de entender sus implicaciones jurídicas, sus riesgos y su impacto en los derechos fundamentales.
En los últimos años, se han registrado casos, principalmente en EE. UU., pero también en nuestro país, en los que el uso inadecuado de herramientas de IA ha tenido consecuencias disciplinarias para profesionales del derecho. Algunos abogados han presentado escritos judiciales con citas falsas generadas por modelos de lenguaje, sin verificar su autenticidad. Otros han confiado en sistemas automatizados para redactar documentos legales sin supervisión humana, lo que ha derivado en errores sustanciales. Estos incidentes no solo ponen en entredicho la calidad del trabajo jurídico, sino que también plantean interrogantes sobre la responsabilidad profesional y la diligencia debida.
Profesionales capaces de interactuar críticamente con la tecnología
Ante esta realidad, la formación en inteligencia artificial está comenzando a ocupar un lugar central en los programas académicos de derecho y en los planes de formación continua de los colegios profesionales. Universidades de prestigio han incorporado asignaturas obligatorias sobre ética tecnológica, análisis de algoritmos y regulación de la IA. El objetivo no es convertir a los abogados en ingenieros, sino dotarlos de las herramientas necesarias para interactuar críticamente con la tecnología, evaluar su fiabilidad y garantizar su uso conforme a los principios del Estado de Derecho.
La competencia en IA implica, entre otras cosas, saber identificar cuándo una herramienta automatizada puede ser útil y cuándo puede resultar peligrosa. También requiere la capacidad de interpretar los resultados generados por sistemas de análisis de datos, comprender los sesgos que pueden contener y tomar decisiones informadas sobre su aplicación en contextos jurídicos. En definitiva, se trata de integrar el conocimiento tecnológico en el razonamiento jurídico, sin sustituirlo ni delegarlo por completo.
Además, la IA plantea desafíos específicos en materia de confidencialidad, protección de datos y transparencia. Facilitar a la IA datos de clientes puede llevar a sorpresas de que las termine utilizando en otros entornos. Muchos sistemas de IA funcionan como cajas negras, lo que dificulta la trazabilidad de sus decisiones. En el ámbito jurídico, donde la argumentación debe ser clara, verificable y sujeta a contradicción, esta opacidad puede ser especialmente problemática. Por ello, los abogados deben ser capaces de exigir explicaciones técnicas, evaluar la fiabilidad de los sistemas y, en su caso, rechazar su uso cuando no cumplan con los estándares legales y éticos.
La transformación digital del derecho no es una amenaza, sino una oportunidad. La IA puede liberar a los abogados de tareas repetitivas, mejorar la eficiencia de los despachos y ampliar el acceso a la justicia. Pero para que esto sea posible, es imprescindible que los profesionales del derecho asuman un papel activo en su implementación. No basta con delegar en técnicos o confiar ciegamente en las herramientas: es necesario liderar el proceso, establecer límites y garantizar que la tecnología se utilice al servicio de los valores jurídicos.
En este contexto, la formación continua se convierte en una obligación ineludible. Los despachos deben invertir en capacitación, los colegios profesionales deben ofrecer programas actualizados y los propios abogados deben asumir la responsabilidad de mantenerse al día.
En conclusión, la inteligencia artificial está redefiniendo el perfil del abogado contemporáneo. La capacidad de comprender, evaluar y utilizar herramientas tecnológicas con criterio jurídico se ha convertido en una competencia esencial. La abogacía del futuro será tecnológica, ética y crítica, o no será. ■