Nos dijeron que habría justicia: la abogacía joven frente al caos de los Juzgados de Familia

Lara Rayón Zapater

Abogada de Zarraluqui Abogados de Familia

Los tribunales de familia, llamados a ser un espacio de sensibilidad y especialización, se han convertido en muchos casos en escenarios de improvisación

En este contexto, la justicia deja de ser un principio rector del sistema para transformarse en un ejercicio arbitrario, imprevisible y, en demasiadas ocasiones, profundamente injusto

Incorporarse al ejercicio de la abogacía siempre ha supuesto un reto. Sin embargo, para quienes hoy nos adentramos en el ámbito del Derecho de Familia, la sensación es que hemos llegado a un terreno minado por la inseguridad jurídica, la falta de medios y una justicia que, lejos de proteger a los más vulnerables, a menudo los somete a procesos interminables y contradictorios.

Hoy toca improvisar…

Los tribunales de familia, llamados a ser un espacio de sensibilidad y especialización, se han convertido en muchos casos en escenarios de improvisación. Las resoluciones judiciales varían drásticamente de un juzgado a otro, sin una línea jurisprudencial coherente que oriente ni a las partes ni a los profesionales, pero, además nos enfrentamos a un panorama judicial desordenado y plagado de descontrol:

– Pocas muestras de desorden y arbitrariedad son tan elocuentes como lo que ocurre con las exploraciones de los menores en los tribunales de familia. No existe un criterio uniforme: mientras algunos juzgados permiten el acceso al acta o a la grabación –cada uno aplicando su propio sistema, ya sea con actas extensas, notas escuetas, grabaciones o simples explicaciones verbales–, el juzgado de al lado puede negarse por completo a facilitar cualquier información sobre lo sucedido. Esta disparidad, además de absurda, supone una vulneración flagrante del derecho de defensa y una abierta desobediencia a la doctrina consolidada de nuestro Tribunal Constitucional.

Se ha normalizado que el conocimiento de una diligencia tan trascendental dependa del capricho o la «sensibilidad» del órgano judicial que te toque en suerte, dejando esta falta de transparencia no solo indefensas a las partes y a sus letrados, sino que traiciona el principio que debería inspirarlo todo: el interés superior del menor. Porque cuando la justicia actúa con oscurantismo, lo que se resiente no es solo el derecho de defensa, sino la confianza en todo el sistema.

– Se habla de «criterios unificadores», pero, lo que en un juzgado se da por válido y «razonablemente acreditado» en relación con el cumplimiento de los MASC, en el de la planta de abajo se tacha de «insuficiente». Esta disparidad no es una mera anécdota. Así de frágil es la seguridad jurídica en la práctica diaria.

– El descontrol y el desorden que imperan en la Administración de Justicia alcanzan de lleno a los sistemas de notificación, generando situaciones tan inaceptables como preocupantes. No es extraño que las partes reciban en octubre de 2025 demandas de procedimientos que afectan a menores iniciados en abril de 2024 o en junio de 2025. Y no, no es un ejemplo hipotético: es la realidad diaria de una justicia que llega tarde, mal y sin excusas.

– La presentación de escritos, la contestación a demandas o la interposición de recursos deben realizarse en tiempos tasados, bajo la amenaza de consecuencias procesales graves, como la inadmisión o la caducidad de derechos. Sin embargo, esta rigurosidad no se aplica con la misma vara al propio sistema judicial. Es habitual que los jueces y tribunales (incluso el propio Ministerio Fiscal) demoren meses, e incluso años, en dictar resoluciones que deberían haberse emitido en plazos razonables, provocando una situación de profunda inseguridad jurídica. Esta asimetría no solo genera frustración entre nuestros clientes (que también en nosotros), sino que además vulnera el principio de igualdad ante la ley, al someter a las partes a un sistema en el que las exigencias son unilaterales.

Mientras las partes deben correr contra el reloj, la Justicia se mueve a un ritmo que, en ocasiones, roza la inoperancia. Y es que, una justicia que llega tarde, simplemente no es justicia.

¿Qué número jugamos hoy?

La inexistencia de una verdadera seguridad jurídica y la disparidad de criterios entre los distintos Juzgados (ahora Tribunales de Instancia) han convertido la justicia de familia en una especie de lotería judicial. Ciudadanos y profesionales nos movemos entre la inseguridad y la impotencia, viendo cómo el artículo 24 de la Constitución Española –garante del derecho a la tutela judicial efectiva– se vacía de contenido cada día. La defensa de los derechos y el correcto desarrollo de los procedimientos procesales ya no dependen de la ley, sino –con el mayor de los respetos– del criterio personal del juez que nos toque en suerte. En este contexto, la justicia deja de ser un principio rector del sistema para transformarse en un ejercicio arbitrario, imprevisible y, en demasiadas ocasiones, profundamente injusto.

Pero ¿qué es lo que más me preocupa? Que, agotados de luchar contra la irregularidad y el desorden, hemos acabado asumiendo esta situación como parte del paisaje judicial. Y es que, resulta alarmante que cuando un juzgado actúa como debería, conforme a la ley, la jurisprudencia y al sentido común, los abogados, lo vivamos como una excepción digna de celebración, cuando en realidad debería ser lo mínimo exigible en un Estado de Derecho.

La justicia no puede seguir dependiendo de la suerte, sino de la ley. ■