La promulgación de leyes y la ausencia de promulgación
(El caso es quejarse)
J&F
Una sequía extrema asola el país. Me refiero a la ausencia de lluvia de normas estatales con rango de ley.
El pluviómetro normativo ha recogido una precipitación de ocho normas en todo lo que va de año y los pronósticos auguran un anticiclón normativo que ocupa todo el territorio nacional (aunque también se anuncian lluvias aisladas). Solo las Asambleas legislativas autonómicas garantizan precipitaciones normativas (con forma de ley) en algunas Comunidades Autónomas. De hecho, esta escasez normativa ha llevado a la adopción de medidas extraordinarias en algunos territorios, con convocatoria de elecciones (caso de Extremadura) para que la designación de nuevos expertos permita salir de esta situación de escasez y permita poner en marcha la necesaria producción normativa.
Está claro que el recurso a la queja es un vicio (feo, por indecente e indecoroso) de quienes nos dedicamos, en sus diferentes vertientes, a esto del Derecho, eso que se ha dado en llamar operadores jurídicos, expresión en la que cabemos todos (abogados, procuradores, graduados sociales, letrados de las entidades públicas, jueces, fiscales, registradores, notarios, secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local, abogados del Estado –aunque tal mención pueda constituir reiteración–, letrados de las altas instituciones del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades Locales –otras posibles reiteraciones– … disculpen si, sin querer, he omitido alguno de esos operadores).
El vicio de quejarse, porque se promulgan muchas normas, o, por lo contrario, por la escasez de precipitaciones legislativas. Porque las normas son excesivamente largas o porque son demasiado cortas. Porque tienen rango de Ley o porque no lo tienen.
Es cierto. Debemos admitir que todos estamos equivocados. Que todos esos operadores jurídicos no tenemos razón alguna en nuestras quejas. Porque no sabemos nada y, menos aún, de cuestiones jurídicas. Sólo «ellas y ellos» (y «elles», no quiero que nadie se sienta omitido y preterido) «conocen, saben y distinguen», solo los representantes (representantas y representantos), legítima y democráticamente elegidos, saben lo que nos conviene. Porque esa designación (aunque los operadores jurídicos no seamos capaces ni de verlo ni de percibirlo) le otorga, les (las, los) «inviste» de un manto de sabiduría y conocimiento jurídico inalcanzable para el común de los mortales. Da lo mismo lo que esa persona (ese operador jurídico) se haya esforzado, lo que haya estudiado, pensado, meditado. Son «ellas, ellos y elles» (y solo «ellas, ellos y elles») los que están dotados del conocimiento jurídico, al haber sido tocados por el dedo divino, eso es lo que representa la imagen dibujada en el techo de la Capilla Sixtina (la divinidad jurídica rozando con su índice a un elegido como miembro de la Asamblea Nacional).
Pero, de repente, a esos juristas dotados del total conocimiento jurídico, se le ha secado el cerebro… tal vez como a nuestro manchego más ilustre… «y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio».
Eso es lo que ha debido pasar. Que de tanto leer a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados se les ha secado el cerebro y, quienes fueran capaces de dictar leyes, a troche y moche, ahora son incapaces de sacar adelante una sola de ellas.
Los operadores jurídicos, quien más quien menos, estamos francamente preocupados (aunque hay quienes se nieguen a admitirlo). Sin ir más lejos, hace unos días un operador jurídico (no voy a descubrir el gremio) se lamentaba en estos términos: «¿Te lo puedes creer?, la Ley 8/2025, de 29 de septiembre, por la que se modifican la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, solo contiene dos artículos, a duras penas trece adicionales y cuarto transitorias, y todas sus disposiciones finales tienen que ver con el tránsito aéreo… pero dónde vamos a llegar». «Sí», le contestaba otro operador jurídico (de distinto pelaje), «ni una sola disposición final extravagante, ¡Qué locura!».
La situación es preocupante. Nuestros representantes han perdido sus poderes mágicos. No solo es que en toda la legislatura hayan sido capaces de armar unas pocas normas con rango de ley, es que se han despistado hasta el punto de que a lo largo de toda la legislatura se han olvidado (tiene que ser eso, un olvido, y no otra explicación maledicente) de hacer Leyes de Presupuestos Generales.
Ni una triste Ley que echarse a los ojos para que los operadores jurídicos podamos hacer lo único que bien sabemos hacer: criticar al legislador.
Nuestros diputados, fabricantes de leyes, están tristes y afligidos. Todas (todos y todes) suspiran, están pálidos en sus escaños (sus sillas de oro), han perdido la risa, el color y hasta la labia fácil con la que alegran nuestras aburridas vidas
Lo sé. Que no es preocupación desinteresada. Es el egoísmo, puro y vil, de los operadores jurídicos que nos hemos quedado sin nada que hacer. Sin nadie a quien fustigar y reprobar. Nos han robado el derecho a la queja. Porque lo demás no importa. ■