Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
Reglamento de Infraestructura Gigabit: un paso clave hacia una conectividad rápida y fiable en Europa
El pasado 12 de noviembre entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/1309, conocido como Reglamento sobre Infraestructura Gigabit: Ley de Infraestructura Gigabit (Gigabit Infrastructure Act, GIA). Tal y como recoge la propia norma, tiene por objeto «facilitar e incentivar la implantación de redes de muy alta capacidad fomentando el uso compartido de las infraestructuras físicas existentes y favoreciendo un despliegue más eficiente de otras nuevas con el fin de que dichas redes puedan implantarse con mayor rapidez y a un menor coste». Con esta normativa, la Comisión Europea busca garantizar una conectividad rápida y fiable en todo el territorio, un requisito clave para el desarrollo de servicios digitales avanzados basados en inteligencia artificial y computación en la nube.
El reciente marco legal reemplaza a la Directiva de Reducción de Costes de Banda Ancha de 2014, marcando un avance crucial en la modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones en Europa. Con su implementación, los Estados miembros podrán progresar hacia un mercado digital más competitivo, fomentando tanto la cohesión territorial como el acceso equitativo a servicios digitales en áreas rurales y urbanas.
El Reglamento fue publicado el 8 de mayo de 2024, entrando en vigor poco después. Sin embargo, la mayoría de sus disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del 12 de noviembre de 2025. Esto significa que, aunque ya está oficialmente vigente, sus obligaciones se irán implementando gradualmente entre 2024 y 2026.
A partir de 2026, la mayoría de las obligaciones comenzarán a ser exigibles en todos los Estados miembros.
El artículo 5 del Reglamento, que aborda la coordinación de las obras civiles, está diseñado para facilitar un despliegue más eficiente de infraestructuras. Se enfatiza la necesidad de optimizar la planificación de obras y garantizar que las instalaciones existentes, como los conductos vacíos, sean accesibles para todas las partes interesadas. Asimismo, el mismo artículo 5 establece que debe haber una coordinación eficaz respecto a los trabajos de obra. Esto tiene como objetivo reducir los plazos de espera, que a menudo pueden extenderse varios meses entre las diversas fases del despliegue, con el fin de ahorrar tanto tiempo como recursos.
Además (art. 10), la instalación de la fibra óptica pasa a ser obligatoria tanto en los edificios nuevos como en los que se realicen reformas significativas. En todos los casos deben estar dotados de un punto de acceso para fibra.
Simplificación administrativa
El nuevo Reglamento también tiene por objeto reducir los costes innecesariamente elevados del despliegue de redes de alta capacidad, que se deben, en parte, a los procedimientos de concesión de permisos. Estos procedimientos se simplifican mediante un mecanismo de conciliación obligatorio entre los organismos del sector público y los operadores de telecomunicaciones. El nuevo Reglamento aporta más transparencia y garantizará una planificación eficiente para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Para lograr un mejor acceso a los servicios de la sociedad de la información por parte del público y las empresas, el Reglamento de la Infraestructura de Gigabit también aborda por tanto el despliegue de infraestructuras físicas en el interior de los edificios y el acceso a ellas.
El nuevo Reglamento permite además cierto grado de flexibilidad a los Estados miembros, como las exclusiones para las infraestructuras nacionales críticas.
En línea con lo anterior, dado que el límite del precio al por menor actual de las comunicaciones dentro de la UE que están reguladas expiró el 14 de mayo de 2024, los límites actuales de 0,19 euros por minuto para las llamadas y de 0,06 euros por mensaje SMS se prorrogan hasta el 30 de junio de 2032 para garantizar la protección, especialmente de los usuarios vulnerables.
Las metas digitales en las que se basó la Directiva de 2014 sobre la reducción de los costes de la banda ancha o se han alcanzado ya o han quedado obsoletas desde la entrada en vigor de la Directiva derogada. Otros factores también han hecho necesaria la revisión de la Directiva. El bajo rendimiento de los fondos propios y los elevados costes de inversión que prevalecen en el sector de las telecomunicaciones han empezado a obstaculizar seriamente los avances para alcanzar las metas digitales para 2030 del Programa Estratégico de la Década Digital, pues el déficit de inversión anual asciende a unos 65 000 millones de euros.
La Comisión (en concreto, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton) presentó la propuesta de Reglamento de la Infraestructura de Gigabit en febrero de 2023. Alin Mituta (Renew Europe, RO) fue el ponente del Parlamento Europeo de este expediente y el 6 de febrero de 2024 se alcanzó un acuerdo provisional entre los colegisladores.
Conectividad eficaz
Como hemos avanzado la GIA implementa mecanismos para simplificar trámites y coordinar trabajos entre operadores, facilitando la instalación de redes en sincronía con otras obras públicas. Además, promueve la digitalización en los procesos de permisos, el acceso a datos sobre infraestructuras ya existentes, así como la preparación de nuevos edificios o renovaciones importantes con sistemas adecuados para fibra óptica.
La normativa no solo mejora la coordinación entre operadores y proyectos de obra pública, sino que también apoya el uso compartido de infraestructuras y la disminución de barreras burocráticas. Además, fomenta la adopción de tecnologías más eficientes en términos energéticos y ambientales, favoreciendo la reutilización de infraestructuras existentes y la implementación de soluciones de bajo impacto ambiental, como son la fibra óptica y el 5G. ■