Legislación
El Gobierno aprueba la nueva LECrim, pendiente de su aprobación por la Cortes
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de octubre la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la primera ley procesal penal de la democracia, que sustituirá a la de 1882.
Como es sabido, la norma atribuye las investigaciones penales al Ministerio Fiscal, tal y como ocurre en la mayoría de los países europeos, moderniza los procedimientos y refuerza las garantías para investigados y víctimas. Está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2028 y no afectará a los procesos en curso, según informó el Gobierno tras el Consejo de Ministros.
Las novedades más destacables del proyecto de ley son:
– El Ministerio Fiscal dirigirá la investigación penal, bajo el control de un juez de garantías, mientras otros jueces decidirán sobre la apertura del juicio y dictarán sentencia.
– Crea la figura del juez de garantías, encargado de proteger los derechos fundamentales y autorizar medidas cautelares.
– Simplifica el proceso penal, limitando recursos e impulsando los acuerdos de conformidad para evitar juicios innecesarios.
– Refuerza las garantías procesales de investigados y víctimas, especialmente menores y personas vulnerables, e introduce la justicia restaurativa.
– Incorpora nuevas técnicas de investigación, como ADN, biometría o sistemas basados en Inteligencia Artificial.
– Delimita la acusación popular, restringiendo su ejercicio a quienes acrediten un interés legítimo y en delitos de especial relevancia social.
El pasado 14 de noviembre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el proyecto de Ley, pendiente de aprobarse por las Cortes, no tiene nada que ver con ninguna causa abierta» que afecte al Gobierno y criticó que Sumar, socio de coalición, defienda que no se limiten las acusaciones populares, «la misma posición que Vox». El ministro negó que la reforma busque «proteger» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: «No y mil veces no. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero del 2028, la empezará a aplicar un fiscal general del Estado que será nombrado por el Gobierno que salga de las urnas en 2027».
Por parte de los grupos parlamentarios, PP y Vox criticaron que la nueva ley pretenda «concentrar» más poder en el fiscal general del Estado, «justo en el momento en el que el actual ha causado un enorme daño a la institución», manifestó la popular María Jesús Moro. «Esta ley consolida un Ministerio Fiscal más dependiente aún del Gobierno, cuando tendría que ser precisamente todo lo contrario». En este sentido, Moro censuró que esta reforma «se suma a un elenco» de leyes «dirigidas a controlar la acción de la justicia» por «investigar casos de corrupción del entorno del Gobierno».
Javier Ortega Smith, diputado de Vox, declaró que el «control» que tendrían los fiscales sobre la Policía Judicial es una «acción peligrosísima» y ha mencionado que «el mayor de los males» de la justicia es «el intento sistemático de politización y control», así como «la destrucción de la independencia real del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado».
Por su parte, el diputado de Junts Josep Pagès manifestó que les parece «de mal gusto» que se presente una reforma legislativa que deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales «en pleno juicio al fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno», añadiendo que lo que el Ministerio pretende «no es la mayor transformación, sino la mayor adquisición» de la justicia.
Por otra parte, jueces y fiscales, y algunos operadores jurídicos como el CGAE y el ICAM que públicamente han pedido más consenso, salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que son partidarios de este cambio de modelo en nuestros procesos penales, se han mostrado en contra. ■