LO 1/2025
Los LAJ alertan de que el sistema no está listo para implementar la Fase III de los tribunales de instancia
A unas semanas de que se implemente la Fase III del Tribunal de Instancia el próximo 31 de diciembre, los secretarios judiciales alertan de que el sistema aún «no está listo». En una declaración conjunta, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de Letrados (UPSJ) critican que la implantación prevista para enero carece de las condiciones esenciales para asegurar un funcionamiento eficiente y con seguridad jurídica.
Las deficiencias destacadas incluyen la ausencia de un sólido proceso de integración para los letrados y funcionarios, falta de nombramientos en posiciones directivas, y la carencia de una normativa definitiva que establezca las reglas de adscripción. Las asociaciones resaltan que esta situación deja a numerosos profesionales en incertidumbre respecto a qué roles desempeñarán ni en qué condiciones trabajarán.
Además, señalan que no se han aprobado los protocolos organizativos para nuevas oficinas judiciales ni los avances tecnológicos necesarios para operarlas. Tampoco se ha completado la actualización de sistemas de gestión procesal, ni se ha asegurado el acceso a las herramientas del Ministerio y comunidades autónomas.
En el ámbito educativo, las asociaciones enfatizan que la formación necesaria para enfrentar nuevos procedimientos no se ha impartido. Esta falta de formación se suma a la carencia de inversiones materiales y espacios adecuados, lo que, según ellos, compromete el adecuado desarrollo del servicio público.
El CNLAJ y la UPSJ consideran que la imprudencia y falta de coordinación institucional podrían provocar los mismos problemas observados en fases anteriores del modelo. En esta instancia, el impacto sería más significativo, dado que la Fase III abarca partidos judiciales de mayor tamaño, con una alta carga laboral y un público mucho más extenso.
Por ello, ambas organizaciones solicitan al Ministerio de Justicia que posponga la implementación del nuevo modelo al menos seis meses, apoyándose en el instrumento previsto en la disposición transitoria quinta de la LO 1/2025. Solo de esta manera, concluyen, se podrá asegurar una transición ordenada, respetando criterios de eficiencia, seguridad y los derechos tanto de los profesionales como de los ciudadanos. ■