La Fase III de implantación de los Tribunales de Instancia genera dudas ante el reto organizativo que supone
Al cierre de esta edición, Justicia abrió la posibilidad de conceder una prórroga a las CCAA que lo soliciten
Actualidad Jurídica Aranzadi
Diversos colectivos de profesionales jurídicos han pedido un aplazamiento
Dado que ahora se afronta un reto organizativo mucho mayor, la experiencia de las fases anteriores puede no ser completamente fiable
Al cierre de esta edición, el ministro de la Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, había convocado para el 22 de diciembre la Conferencia Sectorial de Justicia, que reunirá al Ministerio con las comunidades autónomas con competencias transferidas, para valorar la implementación de los tribunales de instancia. El objetivo era dar una prórroga a las Comunidades Autónomas (CCAA) que tengan competencias de justicia para la implementación de los tribunales de instancia, cuya tercera y última fase se prevé que comience el próximo 1 de enero.
«En las comunidades en las que el Ministerio es el competente en materia de Justicia está todo a punto para esa fecha y se prevé que así sea en la práctica totalidad del territorio», detallaba la nota del Ministerio.
Añadía que «si los consejeros de las comunidades con la competencia transferida solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase en algún partido (judicial) concreto al amparo de lo previsto en la propia ley, el Ministerio lo apoyará».
Dichas regiones son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.
Tercera y última fase prevista en Ley Orgánica 1/2025
El próximo 31 de diciembre, a las 00.00 horas, culminará la implantación de los Tribunales de Instancia en toda España, con la tercera y última fase prevista en Ley Orgánica 1/2025. La implantación comenzó por los partidos judiciales más pequeños y ha proseguido con los más grandes.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce un nuevo modelo organizativo en el sistema judicial mediante la creación de los Tribunales de Instancia, que integran a los juzgados unipersonales en un único órgano por partido judicial. Esta norma modifica por tanto la organización territorial existente durante más de treinta y cinco años y también el modelo de organización tradicional basado en los juzgados unipersonales.
De esta forma, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 Tribunales, favoreciendo la especialización, la unificación de criterios y permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos.
Tal y como recoge la disposición transitoria primera (Constitución de los Tribunales de Instancia) de la LO 1/2025:
La constitución de los Tribunales de Instancia, hasta alcanzar los 431 en todo el territorio nacional, se realizará de manera escalonada conforme al siguiente orden:
1.º El día 1 de julio de 2025 los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en aquellos partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción Únicas y Secciones de Violencia sobre la Mujer. En concreto, entraron en funcionamiento 315 tribunales de instancia (236 en comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia y 79 en el territorio gestionado por el Ministerio).
2.º El día 1 de octubre de 2025, los Juzgados de Primera Instancia, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en los partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles, Secciones de Instrucción y Secciones de Violencia sobre la Mujer. En total, 16 nuevos tribunales.
3.º El día 31 de diciembre de 2025, los restantes Juzgados, no comprendidos en los supuestos anteriores, se transformarán en las respectivas Secciones conforme a lo previsto en la presente ley. Esta fase afectará a todas las capitales de provincia y a las ciudades que cuenten con Juzgados de lo Penal, Social o Contencioso-Administrativo, algunas de ellas con más de cien plazas judiciales, como Valencia, Sevilla, Barcelona o Madrid. En total, 100 nuevos tribunales.
La reforma, que también conlleva la desaparición de los juzgados de paz y su sustitución por las oficinas judiciales municipales y la implantación de un nuevo modelo de oficina judicial, presenta ventajas organizativas, si bien su éxito dependerá de la disponibilidad presupuestaria, una adecuada digitalización y la correcta reorganización de las oficinas judiciales.
A falta de la culminación de la tercera y última fase, la experiencia de las dos ya ejecutadas advierte de luces y sombras en el proceso de implantación. No en vano, este cambio enfrenta desafíos logísticos y de adaptación, especialmente en términos de recursos humanos y tecnológicos. Se requiere una formación específica para jueces y personal auxiliar que asegure la operatividad plena bajo el nuevo sistema de secciones. Además, se plantea una armonización de prácticas legales y administrativas que debe resolverse para asegurar que los nuevos tribunales funcionen con igualdad en calidad y prestación de servicios, independientemente de su ubicación.
Dudas ante un reto organizativo mucho mayor
Aunque las fases I y II, que se produjeron los pasados días 1 de julio y 1 de octubre, han concluido de manera razonablemente satisfactoria, según las comunicaciones recibidas por el CGPJ de las presidencias de los de los Tribunales Superiores de Justicia, estas han advertido algunas disfunciones y, por otra parte, dado que ahora se afronta un reto organizativo mucho mayor, la experiencia puede no ser completamente fiable.
De hecho, el pasado 11 de diciembre el CGPJ trasladó a las Administraciones prestacionales las preocupaciones de los decanos de los seis principales partidos judiciales en relación con la fase final de constitución de los Tribunales de Instancia. En concreto, la comunicación del órgano rector de los jueces fue dirigida al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las consejerías con competencias en materia de Justicia de las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Canarias. La misiva recoge la preocupación de los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca por las carencias y falta de preparación que han detectado en sus respectivos territorios y que, en su opinión, pueden lastrar esta fase final de la implantación de los tribunales de instancia.
Los problemas advertidos por los decanos son los siguientes:
– Dispersión de sedes, lo que puede dificultar las relaciones entre el juez/a competente y los funcionarios/as responsables de cada asunto.
– Falta de digitalización. Donde no existe expediente digital electrónico hay riesgo de pérdida de los originales de las causas o de descoordinación entre la oficina judicial y el juez/a.
– Demora en el nombramiento de los letrados directores, lo que ha privado a muchos decanos del interlocutor necesario para coordinar la constitución de los tribunales de instancia en los meses en que se debía preparar la transformación.
– Falta de aprobación de algunas relaciones de puestos de trabajo o de culminación de los procedimientos de consolidación de funcionarios y excesivo número de funcionarios interinos, que no tienen la formación necesaria y dificulta el desempeño de sus funciones.
Los decanos señalan que las carencias detectadas podrían tener un impacto en los ciudadanos, destinatarios últimos del servicio público de la justicia, y por ello han solicitado al CGPJ que inste a las administraciones prestacionales una moratoria en la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia por un periodo de seis meses, cuya finalidad sería solventar algunos de los problemas señalados, especialmente los relativos al nombramientos de los LAJ directores y al acoplamiento de los funcionarios.
Evitar retrasos y la pérdida de expedientes judiciales
El órgano de gobierno de los jueces señala que su opinión coincide parcialmente con las preocupaciones expresadas por los decanos. Por esta razón, al haber tenido conocimiento de la posible convocatoria de una Conferencia Sectorial de Administración de Justicia para finales de diciembre, la Comisión Permanente del CGPJ expresa su disposición a participar en dicha reunión si finalmente se lleva a cabo.
Para asegurar la continuidad del servicio y evitar inconvenientes al público, el órgano de gobierno exige a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que los procesos y causas pendientes sean claramente identificados y listados. Esto permitirá a los titulares de los antiguos juzgados, quienes se trasladarán a la nueva plaza del tribunal de instancia, seguir conociéndolos y asegura su correcta transición a la nueva oficina judicial, evitando así la pérdida de expedientes.
Además, solicita que el sistema para tramitar las causas pendientes esté completamente definido antes de la puesta en marcha del Tribunal de Instancia, con el objetivo de prevenir interrupciones que vulneren el derecho a un proceso sin retrasos injustificados. Es decir, pide que se clarifique previamente si cada causa seguirá bajo la responsabilidad del funcionario que la gestionaba en el juzgado original o si pasará al equipo común de servicios en la nueva oficina judicial del tribunal de instancia.
Los Letrados de la Administración de Justicia también solicitan el aplazamiento
El requerimiento de CGPJ coincide con el hecho justo un mes antes, el 11 de noviembre y en un comunicado conjunto, por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de Letrados (UPSJ). Denuncian que la implantación prevista para enero carece de las condiciones mínimas para garantizar un funcionamiento eficaz y con seguridad jurídica.
Entre las deficiencias detectadas, destacan la ausencia de un proceso de acoplamiento efectivo para los letrados y funcionarios, la falta de nombramientos en los cargos directivos y la inexistencia de una resolución definitiva que regule las normas de adscripción. Las asociaciones subrayan que esta situación deja a cientos de profesionales sin saber qué funciones tendrán ni en qué condiciones ejercerán sus puestos.
Asimismo, denuncian que no se han aprobado los protocolos de organización de las nuevas oficinas judiciales ni los desarrollos tecnológicos necesarios para hacerlas operativas. Tampoco se ha completado la adaptación de los sistemas de gestión procesal, ni se han garantizado los accesos a las herramientas del Ministerio y de las comunidades autónomas. ■