Planta judicial
Culmina la implantación de los Tribunales de Instancia
La implantación de los Tribunales de Instancia en España ha completado su última fase con la transformación de juzgados unipersonales en una estructura judicial más moderna y especializada, organizada en secciones (civil, penal, instrucción, etc.), con el objetivo de agilizar la justicia y acercarla al ciudadano, especialmente a través de las Oficinas de Justicia en el Municipio (OJM). En una nota hecha pública el pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes afirmaba que la reforma, que ha sido progresiva, ha culminado con éxito: «Más de 300 tribunales de instancia ya funcionan desde julio sin incidencias destacables. Ahora se activan los últimos 100 en grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma y Valladolid. Solo las oficinas judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés se pondrán en marcha el 15 de febrero para que puedan completar los últimos ajustes técnicos. Según el Ministerio, la mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX entró en funcionamiento el 1 de enero con la última fase de la Ley de Eficiencia. Ese día, los antiguos juzgados unipersonales (3.800) se convirtieron en 431 tribunales de instancia, con el objetivo de ofrecer un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía.
Durante las últimas semanas diversos colectivos de profesionales jurídicos expusieron sus dudas y pidieron un aplazamiento que finalmente no se produjo. El CGPJ trasladó a las Administraciones prestacionales las preocupaciones de los decanos de los seis principales partidos judiciales en relación con la fase final de constitución de los Tribunales de Instancia. En parecidos términos el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de Letrados (UPSJ) denunciaron que la implantación prevista para enero carece de las condiciones mínimas para garantizar un funcionamiento eficaz y con seguridad jurídica.
La Asociación de Fiscales denuncia que la implantación está siendo «un caos»
El pasado 16 de enero la Asociación de Fiscales (AF) denunció el «caos» que ha supuesto la implantación definitiva de los Tribunales de Instancia. La citada asociación, mayoritaria en la carrera fiscal, alerta de que, en el caso de los tribunales de violencia de género, algunas víctimas se ven obligadas a desplazarse más de 80 kilómetros, lo que puede provocar «efectos disuasorios» a la hora de interponer denuncia. En concreto, advierte de que las materias asumidas por las nuevas Secciones de Violencia de Género han puesto en evidencia «importantes carencias de estudio» en los aspectos competenciales, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento. Critican, asimismo, la falta de cálculo y consiguiente ampliación de plazas de fiscales y jueces por parte del Ministerio de Justicia y advierten de que la organización interna de las oficinas judiciales comunes no se ha determinado convenientemente en multitud de partidos judiciales, en especial los de mayor tamaño, tanto en la organización del personal como en la de los letrados. ■