‘Informe 2025 del Observatorio de la Actividad de la Justicia’
Casi dos décadas contribuyendo al conocimiento y análisis de la actividad judicial
Actualidad Jurídica Aranzadi
En esta edición, el estudio presenta un análisis cuantitativo y cualitativo de la actividad judicial en 2025, destacando la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia
El nuevo modelo de tribunales de instancia ofrece oportunidades de centralización, trabajo colegiado, equilibrado reparto de asuntos y digitalización, pero enfrenta riesgos como insuficiencia de medios, resistencia al cambio, problemas tecnológicos y desigualdades territoriales
El pasado 22 de enero, la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJyLE) acogió la presentación del XIX Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, un evento organizado por la Fundación Aranzadi LA LEY y patrocinado por el Banco Santander. El informe analiza, a través de la herramienta Jurimetría, los diversos factores que afectan a la actividad del sistema judicial español, sus problemas y carencias, sus progresos y las medidas a implementar para poder mejorar el servicio público de la Justicia en España. Se basa en datos del Consejo General del Poder Judicial y el análisis de Aranzadi LA LEY, usando inteligencia artificial para evaluar millones de decisiones judiciales.
Tras la bienvenida por parte de Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, Dori Fuentes, directora del Centro de Documentación de Aranzadi LA LEY, presentó los resultados de los diez indicadores que analiza el Informe.
A continuación, tuvo lugar una Mesa redonda bajo el título «La implantación de los tribunales de instancia. Una visión multidisciplinar». Tema que se aborda este año en la parte cualitativa del Informe, acompañando al análisis cuantitativo de los diez indicadores habituales.
En la mesa, moderada por Cristina Sancho, intervinieron los autores que han participado con su valoración en el Informe de este año: María Covadonga Gil Carcedo de Morales, directora de Legal Contencioso & Legal Operations en MOEVE; Maria del Carmen Giménez Cardona, procuradora, conciliadora privada, mediadora y árbitro; Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, magistrado, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia; y Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia, director del SCG del Tribunal de Instancia de Fuenlabrada.
En el prólogo del informe y a modo de resumen, Cristina Sancho destaca que el índice general de la actividad judicial «muestra una cierta recuperación en la capacidad resolutoria de nuestros juzgados y tribunales, en 2024 éstos aún no lograron resolver más asuntos de los que ingresaron». En su opinión «será muy interesante comprobar en nuestro próximo Informe si esta tendencia se ha mantenido a lo largo de 2025 y nuestro sistema judicial ha sido capaz de absorber toda la carga litigiosa que se genera en la sociedad española».
Una mirada panorámica y reflexiva
El Observatorio de la Actividad de la Justicia contribuye desde 2007 al conocimiento y análisis de la actividad judicial. Sobre la base de paneles de indicadores permanentes, su informe anual analiza la evolución de esa actividad de forma transparente, y realiza propuestas concretas de mejora del sistema. Su objetivo: aportar una mirada panorámica y reflexiva a largo plazo sobre la actividad de los tribunales españoles en el seno de un sistema social, económico y jurídico complejo.
Su principal valor está en presentar desde 2007, con periodicidad anual, un índice global compuesto por diez indicadores sobre la actividad de la justicia, explicando la metodología de la determinación de los indicadores y su significado. El objetivo es realizar una mirada panorámica y reflexiva de largo alcance sobre la actividad judicial en el seno de un sistema social, económico y jurídico complejo.
Un magistrado, un letrado de Justicia, una abogada y una procuradora
El estudio recoge el análisis y valoración de un miembro destacado de cada uno de esos colectivos profesionales: un magistrado, un letrado de Justicia, una abogada y una procuradora; todos ellos profesionales con larga experiencia y un amplio conocimiento del funcionamiento real de nuestro sistema de Justicia.
Han colaborado:
– Una perspectiva desde la abogacía:
Maria Covadonga Gil Carcedo de Morales, directora de Legal Contencioso & Legal Operations en MOEVE.
– Una perspectiva desde la procura:
Maria del Carmen Giménez Cardona, procuradora de los tribunales; conciliadora privada, mediadora y árbitro.
– Una perspectiva desde la judicatura:
Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia; miembro del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Aranzadi LA LEY.
– Una perspectiva desde los letrados de la Administración de Justicia:
Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia; director del SCG del Tribunal de Instancia de Fuenlabrada.
A modo de resumen de los análisis de estos cuatro juristas de reconocido prestigio, se concluye que la justicia española ha evolucionado hacia un nuevo modelo organizativo para mejorar la eficiencia. La Ley Orgánica 1/2025 busca integrar servicios comunes con un despliegue completo para mejorar la calidad del servicio frente a la creciente litigiosidad. Sin embargo, el sistema enfrenta problemas como dispersión, falta de especialización, ineficiencia administrativa, lentitud procesal y desigual distribución de cargas de trabajo.
El nuevo modelo de tribunales de instancia ofrece oportunidades de centralización, trabajo colegiado, equilibrado reparto de asuntos y digitalización, pero enfrenta riesgos como insuficiencia de medios, resistencia al cambio, problemas tecnológicos y desigualdades territoriales.
La inversión en tecnología es crucial para garantizar seguridad y eficacia, mientras que la adaptación de infraestructuras y cogobernanza son necesarias para la implementación efectiva. Históricamente, la justicia sufrió promesas incumplidas de reforma ante la ineficiencia del modelo unipersonal y falta de previsibilidad, pero el nuevo modelo introduce flexibilidad y especialización. No obstante, el cambio puede ser solo cosmético sin modificaciones sustanciales, y la falta de presupuesto puede limitar efectividad. La digitalización completa es esencial para facilitar comunicación entre jueces y una respuesta homogénea.
La Ley Orgánica 1/2025 busca solucionar carencias de recursos y eficiencia, mientras las oportunidades del nuevo modelo permiten unificar información y promover homogeneidad procesal, aunque enfrenta riesgos físicos, culturales, de cogobernanza y falta de consenso que pueden comprometer su éxito. ■