Aplicación Privada del Derecho de Defensa de la Competencia

Javier García Marrero

Socio en Pérez Llorca, magistrado en excedencia

La obra analiza de forma práctica y exhaustiva las diferentes cuestiones relevantes sustantivas y procesales en el ejercicio de acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de Defensa de la Competencia

Tradicionalmente en nuestro país la aplicación del Derecho de la competencia estaba vinculada al ámbito público, principalmente en su relación con la autoridad de la competencia y la posterior reclamación ante la vía contenciosa administrativa. Esto no significaba que no hubiera reclamaciones en la vía civil, puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya reconoció el derecho a reclamar los daños causados por un ilícito anticompetitivo en los asuntos C-453/99 (Courage & Crehan)1 y C-295/04 (Manfredi)2. La realidad era que, a finales del siglo pasado y principios del presente, las reclamaciones ante nuestros tribunales civiles nacionales existentes derivaban de restricciones verticales sancionadas por la autoridad de la competencia nacional, unidos a las reclamaciones de restricciones horizontales en el denominado Cartel del Azúcar.

Varios hitos produjeron un cambio importante, por un lado, la creación de los juzgados de lo mercantil, que inicialmente asumían solo las reclamaciones con fundamento en el Derecho de la Unión, y que, a partir de 2007 asumieron también las nacionales. Y, por otro lado, la promulgación de la Directiva 2014/104/UE (la «Directiva de Daños») y su trasposición al Derecho nacional, mediante el Real Decreto ley 9/2017, de 26 de mayo, que han incluido en nuestro ordenamiento distintos mecanismos que facilitan y favorecen este tipo de reclamaciones para aquellos que se han visto perjudicados por una conducta anticompetitiva.

Al albur de estos dos hitos se ha producido una intensa litigación antitrust que ha comandado el panorama litigioso en nuestros tribunales, principalmente como seguimiento a una previa resolución sancionadora de la autoridad de la competencia europea o nacional.

El panorama actual nos muestra la existencia de miles de reclamaciones planteadas ante nuestros tribunales, con la peculiaridad que aún no se aplica de forma plena y total las normas sustantivas de la Directiva de Daños, puesto que la mayoría de las reclamaciones se basan en conductas realizadas antes del transcurso del plazo de su trasposición.

La peculiaridad de la litigación antitrust con presencia de elementos extranjeros, la promulgación de la Directiva de Daños y el reiterado y constante reconocimiento por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la aplicación directa de los artículos 101 y 102 del TFUE, ha dado lugar a una rica y variada jurisprudencia tanto nacional como europea en esta materia.

En este punto, habiendo transcurrido una década desde la promulgación de la Directiva de Daños, y existiendo ya una jurisprudencia consolidada de nuestro Tribunal Supremo, que ha resuelto de forma definitiva varias tipologías de reclamaciones antitrust, justifican la necesidad de efectuar un análisis pormenorizado sobre los diferentes problemas sustantivos y procesales vinculados a estas reclamaciones, sobre las que ya se ha dado respuesta de forma definitiva por nuestros tribunales.

Un examen de las diferentes conductas anticompetitivas

En este libro, Aplicación privada del Derecho de defensa de la Competencia, se lleva a cabo un examen de las diferentes conductas anticompetitivas que suelen plantearse en la práctica judicial, diferenciando si se trata de acciones de nulidad o de daños y si la reclamación es una acción «follow on» o «stand alone», puesto que los presupuestos son diferentes.

Desde un punto de vista procesal se abarcan problemas muy recurrentes cuando hay elementos extranjeros entre los sancionados, como puede ser la competencia judicial o el emplazamiento de las matrices extranjeras a través de sus filiales nacionales, o bien, elementos tan relevantes, y en parte novedosos, como el acceso a fuentes de prueba y al expediente administrativo y la protección de la información confidencial con la respuesta dada por la práctica judicial.

Se analizan cuestiones tan relevantes como la prescripción (con especial atención a la doctrina establecida tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo), el carácter irrefutable de las resoluciones de la autoridad de competencia o la legitimación activa (para el comprador indirecto) y pasiva, en especial el régimen de responsabilidad de los infractores con las posibles acciones de repetición, y los efectos del programa de clemencia en este tipo de reclamaciones.

Se efectúa un análisis pormenorizado de la cuantificación del daño, de los diferentes métodos de cuantificación y de la estimación judicial del daño, que con tanta frecuencia se ha venido acordando por nuestros tribunales en algunos cárteles muy relevantes. El análisis de la cuantificación se completa con los efectos de la repercusión del sobrecoste, el denominado passing on. Y íntimamente vinculado a la cuantificación del daño se dedica un análisis relevante a la figura de la ejecución provisional que con tanta frecuencia se está produciendo en esta tipología de reclamaciones.

Dos últimas cuestiones se abordan en esta obra. Por un lado, el derecho inter temporal, derivado de la aplicación no retroactiva de las normas sustantivas de la Directiva de Daños, que tiene relevancia porque en la actualidad, la mayoría de las reclamaciones siguen basándose en hechos cometidos con anterioridad a la finalización del plazo de promulgación de la Directiva, y que ha dado lugar a una variada jurisprudencia exteriorizado en la doctrina de la consolidación de efectos, para saber si en el caso concreto se aplican o no las normas sustantivas. Y, por último, pero no menos importante, la financiación de litigios, materia que ha ayudado de forma relevante el incremento de estas reclamaciones tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo; no en balde, las reclamaciones de mayor relevancia económica (algunas de varios cientos de millones de euros) se producen mediante la financiación o incluso mediante la compra de las reclamaciones por fondos que han aparecido en este ámbito de forma significativa.

Todas estas cuestiones, han sido tratadas de forma práctica en la obra Aplicación Privada del Derecho de Defensa de la Competencia, en la que han intervenido reputados profesionales del sector, entre los que se encuentran magistrados y letrados de la Administración de Justicia especializados en estas reclamaciones, abogados que recurrentemente intervienen en este tipo de litigios y destacados profesionales del sector universitario referentes en esta materia. ■

1. STJUE de 20 de septiembre de 2001 (Asunto C-453/99, Courage Ltd & Bernard Crehan).

2. STJUE de 13 de julio de 2006 (Asunto C-295/04, Manfredi).