nº 970 - 28 de enero de 2021
Impulso al Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa da respuesta a una reivindicación histórica de la Abogacía
Los tres subgrupos de Comisión se estructuran en: contenido procesal y sustantivo del derecho de defensa, relaciones entre los ciudadanos y los Tribunales de Justicia y los profesionales del Derecho e instituciones de garantía
En el mes de febrero de 2020 el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que ya se habían iniciado los trabajos para impulsar el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, una reivindicación histórica de la Abogacía.
La comisión creada por el Ministerio de Justicia y que está presidida por el abogado Antonio Garrigues, celebró su primera reunión el 22 de junio en la sede del Ministerio de Justicia. El ministro aseguró que la Ley iría acompañada de una reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita, «que reconozca el valor del turno de oficio y haga realidad el acceso universal a la Justicia».
A principios del pasado mes de noviembre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, junto a Antonio Garrigues, presidente de la Comisión para la elaboración del anteproyecto de la ley del Derecho de Defensa, presidió en la sede ministerial la segunda convocatoria del grupo de trabajo en la que ha marcado las pautas de elaboración del borrador de la futura norma y establecido una metodología para avanzar en su redacción.
Creación de tres subgrupos de trabajo
Con el fin de optimizar los trabajos de la Comisión, se va a proceder a la configuración de tres subgrupos: contenido procesal y sustantivo del derecho de defensa, relaciones entre los ciudadanos y los Tribunales de Justicia y los profesionales del Derecho e instituciones de garantía.
La comisión está compuesta por el ponente de la Constitución Española de 1978, Miquel Roca; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer; y la fiscal del Tribunal Supremo, Isabel Rodríguez, la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro; la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo; el abogado Cristóbal Martell; el profesor de Derecho Procesal, Eduardo García; y la profesora de Derecho Constitucional, Alicia González. Por parte del Ministerio de Justicia, estará presentes el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno; la secretaria general técnica del Ministerio de Justicia, Paula Novo; y Javier Truchero, asesor del ministro. Además, Novo actuará como secretaria de la comisión.
Algunos aspectos que desarrollará la norma
La norma desarrollará conceptos como las detenciones preventivas, la intervención de las comunicaciones o la presunción de inocencia. Se prevé que sea una ley breve, sintética, clara y comprensible, con la que los ciudadanos puedan conocer las facultades y las garantías para ejercer sus derechos.
No está dirigida únicamente a la abogacía, sino que pretende que cualquier persona sepa que está sujeta al derecho de defensa, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Así, uno de los principios rectores de la ley deberá ser su orientación al ciudadano «porque, aunque ya existe un derecho de defensa, se trata de impedir las situaciones de indefensión que todavía hoy se producen», en palabras de Antonio Garrigues.
Incluirá además principios relativos al uso de las nuevas tecnologías en materia de justicia, que, como es sabido, ha sido objeto de un intenso debate con motivo de su aplicación a causa de la pandemia.
Pago del Turno de Oficio
Al hilo con lo anterior, la Abogacía Española redobló desde el inicio del año sus reivindicaciones sobre el pago del turno de oficio, que llevó a varios cientos de profesionales a manifestarse el 28 de febrero ante el Congreso de los Diputados para exigir que se garantice el ejercicio de la abogacía de oficio de manera digna y con una remuneración acorde.
Entre otras reivindicaciones, exigían el abono de las cantidades adeudadas en los pagos de la denominada zona Ministerio y devolver a la normalidad al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita que prestan más 46.100 abogados y abogadas y que sufragan las arcas públicas conforme a unos baremos establecidos.
La cita coincidió con el anuncio del Gobierno de que dichas cantidades serían abonadas en un único pago. A tal fin aprobó un Real Decreto mediante el que se regulaba la concesión directa de subvenciones por valor de 49,7 millones de euros en el ejercicio de 2020 al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de Procuradores de España, para la asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la atención a las víctimas de delitos.
Otro hito relacionado con el Turno de Oficio llegó al finalizar el año en el marco de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En su redacción final, la Disposición adicional centésima trigésima contempla la financiación conforme a baremo de los honorarios dejados de percibir por aquellos profesionales que hayan prestado el servicio de defensa derivados de la designación judicial a través del turno de oficio, cuando en el correspondiente expediente de asistencia jurídica gratuita no se hubiera obtenido dicho beneficio por insuficiencia de documentación y no se hayan satisfecho los derechos y honorarios profesionales. ■