nº 970 - 28 de enero de 2021
Colegios profesionales
La Abogacía se renueva con varios nombramientos
Durante las últimas semanas la actualidad de la Abogacía ha estado plagada de nombre propios.
El pasado 7 enero el Consejo General de la Abogacía Española nombró a la decana del Colegio de Abogados de Valencia, Auxiliadora Borja, directora de la Oficina de Representación Institucional (ORI) del órgano que representa a la Abogacía Española. De este modo, Borja pasa a dirigir la Oficina de Representación Institucional del Consejo, y se incorpora asimismo a la Comisión Permanente de la institución.
Por su parte, Antonio Morán ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón. Sustituirá a Ángel García Bernués, decano del Colegio de Abogados de Huesca. Antes de este cargo, ha ejercido como consejero de este mismo Consejo Autonómico. Morán es decano del Colegio de Abogados de Zaragoza desde 2012 y consejero y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española y presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
En un acto celebrado de forma telemática el pasado 30 de diciembre, Eulalia Barros tomó posesión de su cargo como nueva decana del Colegio de la Abogacía de Sabadell, junto a su nueva Junta de Gobierno. La decana fue elegida ganadora en las elecciones celebradas el pasado 17 de diciembre.
Federico Fernández Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, tomó posesión como consejero del Consejo General de la Abogacía Española en el Pleno celebrado el 11 de diciembre en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Carlos Fuentenebro Zabala, decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, ha sido nombrado presidente del Consejo Vasco de la Abogacía y estará en el cargo durante todo el año 2021. Fuentenebro es decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia desde 2013, además de consejero y presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española. La noticia más triste de la actualidad de la abogacía se produjo en este mismo ámbito territorial con el fallecimiento, en el día de San Raimundo de Peñafort, del ex decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, Carlos Suárez González. Fue decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia de 1987 a 1998 y presidente del Consejo Vasco de la Abogacía hasta en tres ocasiones durante esos años. ■
Balance 2020
Justicia afirma haber alcanzado los objetivos que se marcó para el primer año de legislatura
A modo de balance de cierre del ejercicio 2020, el Ministerio de Justicia afirma que en este primer año de legislatura ha cumplido con los objetivos marcados y compromisos adquiridos en su área de trabajo por el Gobierno para este periodo. En una nota difundida por el ministerio que dirige Juan Carlos Campo, pone en valor que ha sido capaz de «abordar la legislación y actuaciones necesarias para hacer frente a la COVID» y destaca la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la pandemia en el ámbito de la Administración de Justicia.
Destaca además avances como la reforma del proceso penal, para lo que cita el anteproyecto de LO de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) y el anteproyecto de LO de la Fiscalía Europea, que «han permitido avanzar hacia el fortalecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea». Dicha reforma «cumple con dos importantes objetivos»: el primero, «armonizar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal». El segundo, «incorporar a nuestro ordenamiento la nueva figura del Fiscal Europeo». En materia de reforma penal cabe recordar la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que modifica los plazos de instrucción de las investigaciones judiciales, que pasan de los 6 meses a los 12 meses de duración. Todo ello unido a que durante el pasado año se ha presentado el anteproyecto de la LECRim, «que supone la transformación integral del proceso penal».
El Ministerio también cita en su haber que ha puesto en marcha el plan para la transformación del Servicio Público de Justicia: Justicia 2030. Un plan con un horizonte a 10 años «que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas para la transformación del país», así como la creación en 2020 de 33 unidades judiciales «para contribuir a agilizar y acelerar la reactivación de la actividad judicial ordinaria alterada por la pandemia». ■
Poder Judicial
Las mujeres representan el 73,7% de la última promoción judicial
El pasado 11 de enero un total de 171 alumnos de la LXXI promoción de jueces se incorporaron a la Escuela Judicial, ubicada en Barcelona, para comenzar la fase teórico-práctica de su formación previa a ejercer. El dato más significativo es que las mujeres son el 73,7 % de los miembros de la promoción; 126 frente a 45 varones. La diferencia, que obedece a la tendencia iniciada ya hace años, es aún mayor a la de anterior promoción, en la que las mujeres representaban el 71,3 %.
La actual situación de crisis sanitaria ha obligado a la Escuela Judicial a adaptarse, implementado medidas que garanticen el plan docente y la protección de la salud ante cualquier escenario. Para ello se ha diseñado un programa formativo que plantea la impartición del curso en un doble formato: presencial, en las instalaciones de la sede de la Escuela Judicial en Barcelona; y virtual, a partir de metodologías interactivas, dinámicas y colaborativas.
En el acto de inauguración del curso el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, les animó a «afrontar vuestra formación como un gran reto, sin perder de vista la gran misión que vais a desempeñar y, sobre todo, a los destinatarios de la misma, que son los ciudadanos». Por su parte, el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, afirmó que «los ciudadanos entienden que un juez, una jueza, debe ser independiente e imparcial. Reclaman además su cortesía, un trato correcto, gran empatía, entender lo que hace y les dice, y aspiran a que tenga un talante prudente y una actitud responsable». ■
Actualidad
Mutualidad de la Abogacía compra un local comercial en la calle Serrano de Madrid
Mutualidad de la Abogacía ha informado de que ha adquirido recientemente un local comercial en la calle Serrano de Madrid. La entidad aseguradora ya cuenta con varios inmuebles en esta céntrica vía, entre los que se encuentra su sede, situada en el número 9 de la citada calle. Según informó, el local adquirido tras un acuerdo con La gestora de fondos alemana Deka Immobilien, se encuentra situado en el número 5 de la calle Serrano y cuenta con una superficie de 2.560 m2 divididos en sótano, planta baja y tres pisos en altura. La operación contó con la asesoría de la consultora internacional CBRE. En la actualidad el inquilino del inmueble es la firma de moda Adolfo Domínguez, que seguirá siéndolo por acuerdo contractual hasta, al menos, el mes de mayo de 2023.
Con esta nueva adquisición, Mutualidad de la Abogacía suma un total de 46 inmuebles en cartera, con una superficie total de 277.775 metros2 y un valor de mercado superior a los 831 millones de euros. Por su parte, el coste de adquisición asciende a más de 774 millones de euros, con un valor neto contable de la cartera de más de 674 millones de euros, lo que arroja una plusvalía latente de más de 156 millones de euros. ■
Ministerio de Justicia
Campo: «La defensa letrada es uno de los principales pilares sobre los que descansa la democracia constitucional»
Con motivo de su intervención en el Pleno Anual del Consejo General de la Abogacía, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destacó la extraordinaria importancia que tiene la abogacía en el funcionamiento del sistema jurídico español y del propio Estado de Derecho. Campo añadió que «la defensa letrada es uno de los principales pilares sobre los que descansa la democracia constitucional».
Al hilo con lo anterior, el ministro recordó que se han emprendido una serie de iniciativas legislativas que tienen por objeto garantizar su efectivo ejercicio, como la Ley del Derecho de Defensa, la Ley de Eficiencia Procesal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Recordó otras normas impulsadas por el ministerio que dirige, «que demuestran su interés por ampliar el concepto de garantías procesales, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva», en referencia a la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o la nueva Ley de Discapacidad. Además de las novedades legislativas, el titular de Justicia añadió que «es igualmente necesario llevar a cabo otras medidas de índole práctica», dirigidas a la modernización del sector, «como es el impulso y desarrollo de la Justicia electrónica, en lo que también se está trabajando».
Campo afirmó por último que «el sector requiere de importantes transformaciones que no podemos seguir aplazando». Todos estos cambios se llevarán a cabo, puntualizó, en cogobernanza con todos aquellos que integran el sector de la Justicia, «a fin de hacer de su transformación un proyecto común, un ejercicio de construcción colectiva donde todas las sensibilidades y colectivos profesionales se vean reconocidos». ■