nº 971 - 25 de febrero de 2021
La vacunación de los abogados y abogadas del Turno de Oficio y otras noticias de la actualidad colegial
Actualidad Jurídica Aranzadi
Las instancias colegiales reclaman que los abogados y abogadas de Justicia Gratuita y del Turno de Oficio sean considerados un grupo de vacunación preferente
El Consell de l’Advocacia Catalana, el TSJC y el ICAB han presentado recientemente la Guía de Buenas Prácticas sobre escritos, informes orales y actuaciones judiciales
El CVCA vuelve a remitir al TSJCV un nuevo protocolo de suspensión de actos judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la conciliación
El ICAM lanza un proyecto de ‘coaching’ para ayudar a abogados en apuros a salir del bache profesional
Durante el pasado mes, la actualidad colegial ha presentado importantes novedades de las que se ha hecho eco el Consejo General de Abogacía. Resumimos algunas de las más destacadas.
Vacunación de los abogados y abogadas del Turno de Oficio
Cada vez son más las voces que piden que la hoja de ruta de las campañas de vacunación contemplen que los abogados y abogadas de Justicia Gratuita y del Turno de Oficio sean considerados un grupo de vacunación preferente, equiparándoles así a otros colectivos de riesgo como los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Así lo ha reclamado el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que ha trasladado un escrito al Gobierno autonómico en esta línea. Con esta demanda, la Abogacía andaluza reclama que, «una vez se inicie la administración de la vacuna a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y demás personal adscrito a los centros de detención y a los centros penitenciarios, se proceda asimismo a la vacunación de todos los letrados y letradas que realizan funciones de guardia y asistencia al detenido y a aquellos que prestan los servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria», según recoge la comunicación trasladada al Gobierno andaluz.
Antes incluso, el pasado 5 de enero, el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) reclamó que los letrados, especialmente los que trabajaban en el turno de oficio, estén incluidos en los grupos prioritarios del programa de vacunación del servicio público.
En parecidos términos, desde la Junta de Gobierno del ICA Oviedo se han iniciado los trámites necesarios para solicitar a la Consejería de Salud del Principado de Asturias que apruebe la vacunación a los abogados y abogadas que hacen guardia de asistencia a detenidos, «equiparándoles a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el orden de prioridad establecido en el programa de inmunización COVID-19».
Esta demanda no ha tenido sin embargo una respuesta afirmativa. Según informó el Ministerio de Sanidad el pasado 8 de febrero, la estrategia de vacunación contempla que los próximos grupos en recibir las vacunas estarán conformados, además de por el personal sanitario de segunda línea, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el personal de Emergencias como los bomberos y las Fuerzas Armadas, así como los docentes de infantil, primaria y secundaria.
La nota positiva la ofrecía el Colegio de Abogados de Málaga, al informar de que ha suscrito un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga, a través del Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) y Promálaga, por el que los colegiados pueden hacerse test de antígenos de manera gratuita en el marco del programa municipal de detección temprana de la Covid-19 Málaga segura. Los resultados se proporcionan en 15 minutos y, si el resultado es positivo, se activa el protocolo del Servicio Andaluz de Salud. Los colegiados interesados pueden presentarse en la sede del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga los martes y jueves, en horario de 10.00 a 18.00 h., sin cita previa, aportando el carné colegial para su identificación. Los colegiados también pueden hacerse la prueba, en este caso con cita previa, en alguna de las clínicas adheridas al programa. En este enlace podrás acceder a la información ampliada.
Cataluña presenta su ‘Guía de Buenas Prácticas’
El Consell de l’Advocacia Catalana, el TSJC y el ICAB han presentado recientemente la Guía de Buenas Prácticas sobre escritos, informes orales y actuaciones judiciales, que es fruto de un convenio firmado por los máximos responsables de dichas instituciones.
Según explicaron en un comunicado, el contenido de esta Guía regula las buenas prácticas a seguir para la presentación de escritos por parte de los profesionales que ejercen la abogacía, para los informes orales que estos realizan ante los tribunales y para las resoluciones judiciales que dicten los jueces y las juezas, al objeto de propiciar que la actividad judicial y de todos los operadores jurídicos involucrados resulte más ágil y eficiente en beneficio de todos.
Por eso, añade, «facilita una serie de reglas orientativas con el fin de que los escritos centren el objeto del procedimiento con la mayor concreción posible, prescindiendo de lo superfluo o redundante, pues cuanto más claro y conciso sea un escrito procesal, más ventajas conlleva para todas las partes implicadas: para quienes ejercen la abogacía – dado que les permite delimitar la controversia; para la ciudadanía, que ve reflejado su problema con más facilidad; y, obviamente, para el juez o jueza, que puede dedicar todos los esfuerzos a estudiar el núcleo del asunto, lo que permite un enjuiciamiento y resolución más ágiles. Y lo mismo ocurre con las resoluciones judiciales, en las que hay que abandonar la práctica de copiar párrafos largos de jurisprudencia para profundizar en la motivación del caso concreto».
Protocolo de suspensión de actos judiciales
Por su parte, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) ha remitido la última propuesta de protocolo de suspensiones de vistas para garantizar la seguridad jurídica y la conciliación en fecha 4 de noviembre de 2020, si bien lleva más de una década interesando de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la firma de un protocolo de estas características, que garantice la seguridad jurídica y la conciliación profesional/familiar de los profesionales del derecho, en supuestos de previsibles catástrofes naturales, maternidad/paternidad y enfermedades, entre otras. Según informan, «un protocolo que nunca se ha podido firmar al entender la Sala de Gobierno que esas decisiones eran, en todo caso, una competencia jurisdiccional».
Proyecto de ‘coaching’ del ICAM
El Colegio de Abogados de Madrid, a través del Área de Desarrollo Profesional, ha puesto en marcha un proyecto de coaching personalizado que contribuya a mejorar la situación anímica y laboral de los abogados y abogadas que estén atravesando un bache profesional. Esta iniciativa, enmarcada dentro del programa Por un buen futuro, surge por la grave situación de desempleo y vulnerabilidad que están sufriendo muchos profesionales de la abogacía a causa de la pandemia. Los beneficiarios de este servicio recibirán de manera gratuita sesiones one to one con un experto en coaching que trabajará el área motivacional y proporcionará un nuevo enfoque en la búsqueda activa de empleo.
El objetivo es que adquieran las herramientas necesarias para encontrar los puestos de trabajo que más se adapten a cada perfil, identificar prioridades y definir objetivos en el momento en que más se necesita una adaptación al cambio, descubrir y saber vender puntos fuertes, así como identificar los puntos débiles y obstáculos externos e internos que limitan a las personas.
También recibirán formación específica para elaborar un plan de acción personalizado orientado a aplicar las tendencias que se marcan en el uso de herramientas digitales, aprender a generar y mantener una red de contactos que le ayuden en su búsqueda, y trabajar en técnicas para superar la entrevista de trabajo.
El Colegio de la Abogacía de Albacete se persona en la causa contra el agresor de un letrado
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Albacete acordó por unanimidad personarse en las actuaciones seguidas contra el agresor de un letrado. El colegiado agredido había representado a la esposa del agresor en una causa por violencia de género.
Según se denuncia desde las instancias colegiales, «los hechos cometidos contra el colegiado suponen un ataque frontal para el correcto ejercicio del derecho de defensa que desempeñan los abogados y las abogadas intervinientes en los procesos en el ejercicio de su profesión, y que el Colegio no puede pasar por alto ni permitir su generalización. La consagración constitucional del Estado de Derecho y de la tutela efectiva exige, sin ningún género de duda, la actuación de una abogacía libre e independiente. El ataque al derecho de defensa supone un ataque a toda la profesión y a la labor diaria de miles de abogados y abogadas que defienden los derechos de la ciudadanía».
La representación técnica del Colegio de la Abogacía en el procedimiento, por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno, y muestra de la implicación del Colegio en la defensa de sus colegiados, la llevará a cabo el propio decano de la Corporación, Albino Escribano Molina. ■