nº 972 - 25 de marzo de 2021
¿Por qué en 2020 aumentaron las ejecuciones hipotecarias un 17,5 % pero los lanzamientos descendieron un 45,6 %?
Actualidad Jurídica Aranzadi
La primera causa hay que buscarla en la casi paralización de la actividad de los juzgados y tribunales durante los primeros meses de la pandemia
El segundo factor que ha entrado en liza es el legislativo, materializado en las medidas que el Ejecutivo ha ido aprobando
Otro ámbito en el que la pandemia ha dejado una dura huella es el concursal, con un incremento del 14,2 % del número de concursos presentados
Los efectos de la pandemia están teniendo un fuerte impacto en el ámbito de la Justicia. A raíz de la crisis económica de 2008, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a publicar informes estadísticos sobre el impacto de la misma. A dicha crisis, de la que no habíamos terminado de salir, se suma ahora la sanitaria, tal y como se refleja en el último estudio del órgano rector de los jueces que hace balance del año 2020.
Un ejemplo paradigmático de esta tormenta perfecta, es el dato relativo a las ejecuciones hipotecarias (20.460), que durante el pasado año experimentaron un aumento de 17,5 % con respecto a 2019. Lo más relevante es que supone el primer incremento de las mismas tras siete años consecutivos de descensos. Pero es que además no se atisba a corto plazo una vuelta acelerada a los datos de 2019, ya que el incremento interanual durante la segunda mitad del pasado año de las ejecuciones hipotecarias fue del 47,6 %. El dato para la esperanza es que el incremento durante el tercer trimestre alcanzó el pico, con un 52,7 %, mientras que en el cuarto y último trimestre fue del 42,5 %.
En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2020, con un total de 4.643. Le siguieron Andalucía (3.729), la Comunidad Valenciana (3.636), Madrid (1.771) y Murcia (1.293).
Un número inusualmente bajo de lanzamientos
A pesar de que, como hemos visto, la crisis del COVID 19 ha dejado durante el año pasado un incremento del 17,5 % de los procesos de ejecución hipotecaria, no ha ocurrido lo mismo con los lanzamientos, que han arrojado un número inusualmente bajo. En concreto, los lanzamientos disminuyeron un 45,6 %; el mayor decremento se apreció en los derivados de ejecuciones hipotecarias, que cayeron un 51,3 %, mientras que los derivados del impago del alquiler bajaron un 42 %.
¿Cuáles son las causas de esta aparente contradicción? La primera hay que buscarla en la casi paralización de la actividad de los juzgados y tribunales durante los primeros meses de la pandemia.
Como se recodará, el primer estado de alarma estuvo vigente desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio. Así se corrobora en la estadística del CGPJ al analizar la evolución por trimestres; refleja que entre abril y junio los lanzamientos experimentaron un descenso de más de un 90 %, mientras que en el último trimestre del año solo lo hacían, con respecto al mismo periodo del año anterior, un 17 %. Pero este factor judicial por sí solo no justifica el descenso total de los lanzamientos, ya que siguieron descendiendo incluso con la apertura de los juzgados. Por tanto, el segundo factor que ha entrado en liza es el legislativo, materializado en las medidas que el Ejecutivo ha ido aprobando a lo largo del año para hacer frente al impacto de la pandemia en los ámbitos económicos y social.
Un ejemplo es el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre, donde se contempla la paralización de los desahucios y lanzamientos de las viviendas en alquiler y la ampliación de los contratos, para los alquileres de las personas con vulnerabilidad. La norma recoge, entre otras medidas, una suspensión extraordinaria de los actos de lanzamientos y la paralización de los procedimientos de desahucio, cuando las personas arrendatarias acrediten ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.
Un segundo ejemplo es el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, que suspendía el desahucio de inquilinos vulnerables y que impedía además el corte de suministros básicos como la electricidad. Entre otros aspectos relevantes, regula que serán los afectados por la petición de desahucio quienes deberán solicitar la paralización del proceso de lanzamiento.
Todo esto se ha traducido en que el número de lanzamientos practicados en 2020 se quedara en la cifra de 29.406, lo que supone el citado descenso del 45,6 % respecto al año anterior, manteniéndose así una tendencia a la baja que empezó en 2015. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
Según recoge el informe estadístico, un 71,9 % de los lanzamientos (21.145), fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 6.915 (el 23,5 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.346 restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 42 %, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 51,3 %.
Cataluña, con 5.737 (el 19,5 % del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 4.517; la Comunidad Valenciana, con 4.501; y Madrid, con 2.872.
Incremento del 14,2 % en los concursos presentados
Otro ámbito en el que la pandemia ha dejado una dura huella es el concursal, con un incremento del 14,2 % del número de concursos presentados. Del total (13.741), 6.874 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial (cuya competencia corresponde desde el 1 de enero de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción), mientras que los otros 6.867 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.
Los concursos de personas físicas han mostrado en toda España un incremento interanual del 35,2 %. La comunidad con mayor número ha sido Cataluña, con 1.912. Le siguieron Madrid, con 928; la Comunidad Valenciana, con 888 y Andalucía, con 884.
Además, durante 2020 los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), aumentaron un 39,7 %, después de siete años consecutivos de descenso. En total, se presentaron 602 expedientes.
También se incrementaron las demandas por despido. En concreto, las 129.287 presentadas en los Juzgados de lo Social en 2020 supusieron un incremento del 7,7 % respecto a las registradas el año anterior. Por territorios, Madrid, con 27.547 (el 21,3 % del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Cataluña, con 24.363 y Andalucía, con 19.563.
Procedimientos monitorios y cláusulas suelo
Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2020 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 709.195, un 1,6 % menos que el año anterior. Como se sabe, este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
En cuanto a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo), en 2020 ingresaron en los juzgados especializados en esta materia 110.426 asuntos; se resolvieron 114.962 y quedaron en tramitación 239.445. Los órganos judiciales dictaron 97.450 sentencias, de las cuales fueron estimatorias el 97,9 %.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
Por último, durante el pasado ejercicio ingresaron en los órganos judiciales 3.446 asuntos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 191,8 % más que en 2019, habiéndose resuelto 2.876. En Andalucía ingresaron 827, un 24 % del total nacional. Le siguen Cataluña, con 746; Comunidad Valenciana, con 396; y Madrid, con 321. ■