nº 973 - 29 de abril de 2021
Más de 2.500 jueces y juezas advierten «inconstitucionalidad» en la reforma de la LO del Poder Judicial
El ministro de Justicia anuncia la intención del Ejecutivo de pedir a los grupos parlamentarios que registraron la iniciativa para cambiar la composición del CGPJ que la retiren
Actualidad Jurídica Aranzadi
El paso dado por el Ejecutivo de retirar la iniciativa sobre la composición del CGPJ fue calificado por Bruselas como «un avance en la buena dirección»
Los jueces han remitido una carta a Bruselas donde exponen la «situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España»
Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces y juezas españoles, remitieron el pasado lunes 12 de abril una carta a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, donde exponen la «situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España».
Los magistrados y magistradas españoles señalaban además que «puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas». Según informaron fuentes de Bruselas, como es la norma en las instituciones europeas, el Ejecutivo comunitario contestará a la misiva en las próximas fechas.
Retirada de la iniciativa sobre la composición del CGPJ
Sin embargo, el pasado 20 de abril el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la intención del Ejecutivo de pedir a los grupos parlamentarios (PSOE y Unidas Podemos) que registraron la iniciativa para cambiar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la retiren. Dicha iniciativa rebajaba de mayoría cualificada a mayoría absoluta la designación de los miembros del gobierno de los jueces.
Un día antes Juan Carlos Campo se comprometió con la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, a retirar la reforma para rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ. El paso dado por el Ejecutivo fue calificado por Bruselas como «un avance en la buena dirección».
En la citada comparecencia Campo afirmó, en referencia al Partido Popular, que «lo que es verdaderamente importante es que quien está bloqueando la renovación del Consejo dé un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales a los que hay obligación». Añadió que «urge que nos pongamos de acuerdo».
Preocupación en Bruselas desde septiembre
Como se ha venido informando, las autoridades comunitarias llevan tiempo, en concreto desde el pasado mes de septiembre, viendo con preocupación las medidas adoptadas por el Ejecutivo y sus socios sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según expresaron: «Cuando los Estados reforman el sistema judicial, deben hacerlo consultando con todas las partes implicadas, incluyendo la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida».
La carta de los miembros de la judicatura fue remitida a raíz de la tramitación y posterior aprobación de forma definitiva por el Senado el pasado 24 de marzo, de la proposición de ley que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos para evitar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda hacer nombramientos de altos cargos de la cúpula judicial una vez caducado su mandato, como ocurre actualmente.
La reforma salió adelante con 150 síes, 108 noes y 3 abstenciones. Días después, el BOE del pasado 30 de marzo publicó la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Según recoge el Preámbulo de la citada LO, «se colige la necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un Consejo saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato. Así, facultades como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones».
«Ley de Apagón del CGPJ»
En su misiva, los jueces y juezas advierten que «estamos ante una Ley de Apagón o Desapoderamiento del CGPJ, ya que esta limitación persistirá hasta que se elija al nuevo CGPJ, acentuando la dependencia política del órgano de gobierno de los jueces respecto de las Cámaras que lo nombraron. No se ha solicitado el parecer de la Comisión de Venecia, en salvaguarda de las garantías del Estado de Derecho y la independencia judicial, como era debido, según en su día subrayó esta Comisión Europea, al valorar la primera de las propuestas. Además, la segunda propuesta ha prosperado sin dar audiencia ni al CGPJ ni a las asociaciones judiciales, a pesar de que se había solicitado expresamente este trámite», señala el texto.
En este estado de cosas, el CGPJ ha adoptado la decisión de no pronunciarse como órgano sobre la carta de los jueces y juezas, lo que no obsta para que algunos de sus miembros, en su mayoría del sector conservador, la hayan apoyado positivamente de forma individual. Lo que sí hizo el órgano rector de los jueces fue encargar un informe a su Gabinete Técnico sobre las dudas generadas en relación con su actividad en funciones a raíz de la aprobación de la LO.
La ley establece que, una vez expirado su mandato, el CGPJ se deberá limitar a ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado, participar en la selección de jueces y magistrados y resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados.
Entre los ámbitos sobre los que sí tendrá competencia estando en funciones, el CGPJ podrá ejercer la alta inspección de tribunales; deberá garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial, así como ejercer la potestad reglamentaria en la publicidad de las actuaciones judiciales y deberá ejercer la potestad en régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales, en la organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.
Primeros efectos de la reforma
La reforma, que entró en vigor el pasado 31 de marzo, ya ha tenido sus primeros efectos. Unos días antes, el CGPJ optó por dejar pendientes cinco nombramientos, cuatro de ellos en el Tribunal Supremo (TS): una en la Sala de lo Civil por la jubilación de Antonio Salas; otra en la Sala de lo Social, por el fallecimiento de José Manuel López García; y dos en la Sala de lo Contencioso-administrativo, por las jubilaciones de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego. La quinta plaza pendiente es la de la Presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja.
También hay otros puestos vacantes que aún no habían sido convocados oficialmente, pero cuyas bases de convocatoria ya están aprobadas. Se trata de una plaza de magistrado en la Sala de lo Militar del TS por la jubilación de Ángel Calderón; las presidencias de las audiencias provinciales de Lugo, Girona y Burgos; y las presidencias de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco. ■