nº 973 - 29 de abril de 2021
«El compromiso es que los Tribunales de Instancia sean una realidad en el segundo semestre de 2023»
Juan Carlos Campo, durante el encuentro Diálogos con el ministro de Justicia, conducido por el director de Publicaciones y Formación de Thomson Reuters, Daniel Tejada (dcha.), en el que también intervino el consejero de Justicia y Políticas Migratorias de la Comunidad Foral, Eduardo Santos
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia
‘Justicia 2030’ es un plan de evolución y no de revolución, con tres grandes pilares para abordar la modernización de la Justicia: el normativo, el organizativo y el tecnológico.
Hace falta una nueva manera de organizarse, y la ley de eficiencia organizativa lo posibilita porque es un modelo flexible
Optar por los medios adecuados de solución de controversias es optar por un camino de cohesión social
El siglo XXI es el de las mujeres, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos la obligación de favorecer, de potenciar, que esa realidad se alcance antes que después
Los jueces no son lentos, el problema es que el sistema no favorece la complejidad del pleito
La Ley de Enjuiciamiento Criminal le da el rol constitucional al juez y al fiscal, pero tenemos más juez que nunca
Desde su nombramiento en enero de 2020, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha marcado como objetivo emprender la modernización de la Justicia a través de importantes reformas legislativas, todas ellas enmarcadas en el Plan Justicia 2030. En esta entrevista concedida en exclusiva a Thomson Reuters en el marco del encuentro Diálogos con el ministro de Justicia, el titular de la cartera de Justicia ofrece las últimas novedades sobre el estatus de la hoja de ruta de algunas de estas reformas, como el Anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal, la ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras muchas cuestiones de actualidad.
La crisis sanitaria ha impulsado a la Justicia a cambios y retos tecnológicos. ¿Estamos preparados para adoptar las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia? ¿Cuáles son los tres grandes males que aquejan a la Justicia como servicio público?
Actualidad Jurídica Aranzadi
Algo que es absolutamente necesario en nuestra estrategia de país es la modernización de la Justicia. Es necesaria la adecuación de nuestro servicio público de Justicia a la modernidad, aunque yo prefiero llamarla eficiencia. Ese es el leitmotiv que hemos tenido desde el primer día que llegué al Ministerio. El 17 de febrero de 2020 presenté en la Comisión de Justicia, qué es lo que debíamos hacer con Justicia 2030, que es cómo denominamos este proceso de modernización. Llevé una “caja vacía” que había, y hay, que llenar entre todos, desde el consenso. Nos pusimos a ello y en poco más de un mes tuvimos la declaración del primer Estado de Alarma, que vino a cambiar nuestros planes, pero no nuestro destino. Entonces nos pusimos a trabajar de manera cohesionada con las CCAA, en lo que más tarde se ha conocido como cogobernanza. Llegó la desescalada, preparamos unas actuaciones que dieron lugar a la Ley 3 de 2020, que está plenamente en vigor, y que ya contó con un consenso enorme del arco parlamentario. Necesitábamos asentar un nuevo modelo de Justicia con tres ejes: las tres leyes de eficiencia. La de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa y la de eficiencia digital. Las dos primeras ya están en plena andadura y han pasado por el Consejo de Ministros. La digital, por su parte, está previsto que lo llevemos antes de verano. Esos tres pilares son sobre los que se va a asentar el nuevo edificio de la Justicia.
Todos los proyectos del Ministerio están orientados a una Administración de Justicia donde el elemento tecnológico marca ya su actividad. El salto tecnológico, con la Ley de Eficiencia Digital, constituye el tercer eje de transformación. Pero ya en la Ley de Eficiencia Procesal y en la Ley de Eficiencia Organizativa tiene también dos importantes vías para la consolidación de este proceso integral de transformación digital.
Así, en el Anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal se ha previsto, entre otras cuestiones, la obligación de que la remisión por la Administración a los órganos jurisdiccionales del expediente administrativo en los distintos procedimientos que regula la ley haya de realizarse en soporte electrónico; o el deber de los funcionarios públicos de relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios telemáticos o electrónicos.
El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, partiendo del camino marcado por la Ley 18/2011 y la más reciente Ley 3/2020, introducirá grandes avances para ciudadanos y profesionales, como la inmediación digital, que hará la Justicia más ágil y próxima, posibilitando la práctica de juicios telemáticos, comparecencias, o medios adecuados de solución de controversias, entre otros, desde el lugar más cercano al ciudadano o profesional. Así mismo, el proceso será más accesible y transparente, a través del acceso telemático a través de una sede electrónica, donde el ciudadano podrá consultar los procedimientos judiciales o practicar notificaciones de manera telemática, y todo ello en un entorno de seguridad jurídica digital, que asegure desde la identidad y firma de los intervinientes hasta los entornos “seguros” para la práctica de prueba.
Desde el punto de vista de la propia Administración Pública, pasa de la orientación al documento a la orientación al dato, lo que permitirá un análisis inmediato y exacto de los mismos, de cara a detectar márgenes de mejora y la elaboración de reformas legislativas, planes de actuación propios y colaboración con otras Administraciones Públicas, poniendo las bases, además, a la interoperabilidad entre las mismas, y dentro del marco de cogobernanza en el que nos encontramos inmersos.
Estoy convencido de que todo ello supondrá una revolución en la Administración Justicia en España, y que también, en algunos aspectos, será pionera en Europa.
Además, en el Anteproyecto de la Ley de Eficiencia Organizativa se prevé la modificación de preceptos que permiten consolidar la implantación del expediente judicial electrónico, que el trabajo de los profesionales de la Justicia se pueda prestar de manera deslocalizada, consultar expedientes, realizar actuaciones procesales por videoconferencia y relacionarse con otras Administraciones Públicas desde las futuras Oficinas de Justicia en los municipios, en modo analógico y digital. Estas últimas son también una clara apuesta por romper la brecha digital, no dejando a nadie atrás. Que el lugar de residencia, la falta de formación o la edad no sean limitaciones para el acceso a la Administración de Justicia. Aproximar la Justicia a los ciudadanos en las poblaciones más pequeñas de nuestra geografía, es un acto de Justicia en sí mismo.
Uno de los objetivos de la ley de Eficiencia Organizativa, que se ha de cumplir con los tribunales de instancia, es alcanzar una mayor especialización de los juzgadores, mediante la creación de secciones especializadas en los tribunales. ¿Esa especialización va a añadir un plus de calidad al sistema?
Podría decirse que sí, pero, sobre todo, va a potenciar la seguridad jurídica. Sin duda, compartir es mejorar y la posibilidad de estas secciones - en familia, en general, en ejecuciones donde la pueda haber, en enjuiciamiento en el primer ámbito de lo penal- creo que es tremendamente importante y todo lo que sea centrarse en eso es bueno. El frontispicio es solo uno y siempre el mismo: el ciudadano y su problema. España cuenta con una extraordinaria tutela judicial. Lo sabemos todos. El problema está en la efectividad. Tenemos que dar una mejor respuesta. Por eso, la palabra clave es eficiencia. La transformación para la eficiencia. Pero, también lo digo siempre, el Ministerio pone la primera palabra cuando aprueba un anteproyecto y luego construimos entre todos. A continuación debe enriquecerse, matizarse, pulirse, a lo mejor ampliar unos conceptos. Eso es el movimiento del proceso legislativo. El Gobierno ha puesto el impulso, la primera palabra y la última la pondrán las Cámaras y lo veremos en el BOE. Pero, esa es la esperanza y yo estoy convencido de que va a ser una realidad, porque la especialización de las secciones, sumada a la unidad de criterio, van a potenciar esa línea de previsibilidad de las resoluciones y esto es un mecanismo natural y muy fácil de poder hacerlo.
¿Para cuándo tendremos Ley de Eficiencia Organizativa?
La idea es que sea relativamente rápida. No es una ley tan alambicada, va muy consensuada. Las comunidades ya la conocen. Entramos en los trámites oficiales después, porque la idea –una regla que estamos siguiendo- es de participar todos, de una manera o de otra, con más intensidad o con menos. Empezarán las audiencias públicas, se colgará, si no lo está ya en audiencia pública, donde se retocará y se enviará a los informes pertinentes del Consejo, de la Fiscalía, del Consejo de Estado, y segunda vuelta y a empezar. ¿La idea? Hay un compromiso de que los Tribunales de Instancia sean una realidad en el segundo semestre del 2023. Estamos hablando de un año en Justicia. Que nadie piense que se puede poner la palabra revolución. Estamos ya trabajando para que en los trámites sean lo más rápidos posible, pero con el sosiego necesario para enriquecer un texto que es claramente transformador. Eso solo lo podemos hacer sin prisas, aunque sin pausas.
Estamos hablando de eficiencia organizativa, de optimizar los recursos de Justicia, sustituyendo los actuales juzgados por tribunales de instancia entre otras cosas. Desde hace tiempo se viene reclamando que se prioricen las partidas de Justicia en los PGE. La solución ¿es organizarse mejor o necesitamos también mejores recursos?
Hay parámetros internacionales, sobre todo europeos, donde nos dicen cosas como las siguientes: en España se invierte me parece que 79,1 euros por habitante; la media europea son 64. España en aportaciones tecnológicas está, con Austria y Estonia creo recordar, a la cabeza. Hemos incrementado los últimos 20 años el 50 % de la plantilla judicial. Sin embargo, los últimos años hay un 5% menos de resoluciones y el procedimiento medio ha pasado de 66 días a 162. Algo está pasando. Los jueces no son lentos. El problema es que el sistema no favorece la complejidad del pleito. Tenemos que tomar una decisión. Lo primero, las políticas incrementalistas por sí solas no son suficientes. Cualquier operador jurídico sabe que cuando se crea un nuevo juzgado para hacer frente al atasco existente, es muy probable que al año estén tan reventados como los anteriores. Eso ocurre porque el modelo lo fagocita. Hace falta una nueva forma de organizarse. El modelo será mucho más fácil y flexible. Lo vemos en montones de sitios, pero no en la Justicia, porque su atomización es un elemento de petrificación.
Hablemos de eficiencia procesal, otra de las iniciativas para modernizar nuestra administración de Justicia. ¿Nos puede adelantar las últimas novedades sobre el estado de tramitación de las dos grandes novedades: ¿Ley de eficiencia procesal y la LEcrim?
El Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal se aprobó en diciembre y está actualmente en fase de informes. Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 24 de noviembre y ha pasado a trámite de audiencia e información pública.
Sé que vivimos en la era de la prisa. A mí me interesa mucho más que va sin pausa, en los planes, en el cronograma instalado, pero cumpliendo cada momento. Hay otra, quizás la más urgente: la de la Fiscalía Europea. Porque entra en funcionamiento el 1 de junio de este mismo año. Un instrumento europeo importante para la persecución de la corrupción. Esta misma semana pasa por Consejo de Ministros. Ya hemos hecho la selección de los siete fiscales delegados de España para la Fiscalía Europea.
Antes que de plazos, yo prefiero hablar de consensos, de armazón. La Ley de Enjuiciamiento Criminal lleva 140 años esperando. Lo que quiero es que salga un texto que pueda durar como este anterior, que es un texto magnífico superado por la realidad. Siempre cuento la misma anécdota, ni siquiera se había inventado el cine cuando se promulgó la LECrim, en 1882. Algo hemos cambiado. Invito a los juristas a leer el texto. Es un texto bonito de leer, cambia el paradigma de lo que debe ser un proceso penal constitucional. La Ley de Enjuiciamiento Criminal le da el rol constitucional al juez y al fiscal, pero tenemos más juez que nunca. Tenemos el juez de garantía que está acompañando al fiscal investigador y velando por nuestros derechos, el juez de la fase intermedia que tiene la capacidad de decir qué se puede enjuiciar o no y, finalmente, el juez que juzga. También hay un fiscal que adopta el rol constitucional de promover la acción de la justicia. Un fiscal investigador. Le puse seis años de vacatio porque creo que tenemos que tener el sosiego necesario para completar entre todos la norma. Tiene muchos aspectos novedosos: Por ejemplo, se define qué es la presunción de inocencia. Es el primer texto en que aparecen regulaciones específicas para las víctimas en general, discapacitados y menores. Y hay una parte donde se regula todo el material probatorio, con una modernidad que a veces da escalofríos. Se habla de las pruebas científicas, del material forense que hoy se necesita para la averiguación del crimen y llevarlo a los juzgados, ante la Justicia. Ese paquete es tan sugerente y sugestivo que hay que hacerlo bien. Y hay que modificar muchas leyes. Estoy pensando en una fundamental, que es un clamor social que es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En ese estamos. La semana pasada tuve una reunión con la Fiscal General del Estado. El Anteproyecto de la Ley ya lo dice, que en el plazo de un año de la aprobación de la LECrim hay que adecuar el Estatuto. ¿Plazos? Esperemos que razonablemente pronto. Pero, sobre todo, que todo el mundo haya dicho lo que tenga que decir, porque para mí eso es realmente lo importante. No solo los informes oficiales. Lo he abierto a la Comisión de Codificación, que tiene mucho que decir, a las Academias, a la Universidad, a toda la doctrina general, de manera colectiva e individual, porque la primera palabra que pone el Gobierno se matiza y se enriquece con el aporte de todos. Esa es la verdadera fecha que yo quiero. Cuando la Ley esté, en un tiempo razonable, según esos términos que marca el Tribunal Europeo. Y eso vale para todas las leyes en las que estamos, que van todas sin pausa.
Entre los profesionales de la Abogacía existe el temor que la introducción de los MASC en la Ley de eficiencia procesal ralentice los procesos ya que obliga primero intentar la vía extrajudicial
La introducción de los MASC en la ley, como un requisito de procedibilidad, es optar por un camino de cohesión social. El conflicto, que acaba con una resolución como última ratio, pues, evidentemente, deja a alguien insatisfecho. Un acuerdo, en un momento de tensión social, es importantísimo.
Por una parte, puede descargar de un importante número de litigios a los tribunales, que podrán hacer eso y, por tanto, darán más celeridad a los casos en que realmente no haya esa posibilidad. Correcto. Pero no es mi obsesión evitar y bajar la litigiosidad. La litigiosidad lo que demuestra es el grado de conflictividad de una sociedad. Y, por tanto, lo que se nos exige a los gobernantes es la capacidad de resolverlos. Remover los obstáculos que impiden que ese litigio se resuelva. Pero si encima podemos ayudar a que lo que es una tensión no se transforme en conflicto, y pueda tener una mejor y pronta resolución, creo que es importantísimo.
Este asunto va a depender también mucho de la abogacía, porque el abogado es persona obligada para este requisito de procedibilidad. Pero este es, además, un tema cultural. Tiene que tener un ámbito normativo, que lo facilite, y que lo favorezca, pero es un cambio cultural. Por tanto, hay que hacerlo paulatinamente y sabiendo que no podemos esperar que, una vez que esté en vigor, ya no haya más conflictos. No, no. La realidad nos lleva a otros planteamientos.
Por eso hemos buscado incentivos fiscales; por eso hemos tenido una negociación muy rica con el Ministerio de Hacienda para incentivar, de alguna manera, estas realidades. Y por eso la entrada de los abogados desde un primer momento. Porque son actores importantísimos en esta situación. Y yo estoy esperanzado en que, insisto, sin grandes revoluciones, esto vaya cuajando y tomando cuerpo. Porque creo que, además, como sociedad, nos va a venir muy bien.
Thomson Reuters acaba de lanzar la iniciativa ‘Mujeres por Derecho’ para poner en valor su papel en el mundo legal. ¿En qué medida persisten las desigualdades en este ámbito?
Realmente hay una brecha, de muchos tipos. Y, por tanto, tenemos que incidir en muchas, en muchas cuestiones. Porque, insisto, no es solo un cambio de normas: es un cambio cultural. Porque ahora mismo, por ejemplo, en las carreras judicial y fiscal, por centrarme en un mundo muy concreto, ya hay mayoría de mujeres. Sin embargo, en las cúpulas no es así. Por tanto, debemos potenciar un verdadero cambio.
En la reforma de la ley orgánica del año 2018, establecíamos que en el Consejo del Poder Judicial tenía que tenerse en cuenta esto. También acabamos de aprobar el Estatuto de la Abogacía, en Consejo de Ministros, hace escasamente un mes o mes y medio, donde se hace hincapié la misma cuestión. En él se establece que los colegios tienen que tener este tema muy presente y de un modo muy operativo.
Por tanto, no hay una sola medida. Lo que tiene que haber es una batería de medidas. Y, por supuesto, una concienciación de que la realidad debe cambiar. De que las mujeres juristas deben poder acceder a los órganos directivos y que debemos tomar medidas para acelerar esos cambios que, de otra manera, tardarían demasiado… El siglo xxi es el de las mujeres, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos la obligación de favorecer, de potenciar, que esa realidad se alcance antes que después. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Justicia, y desde este Gobierno, no vamos a cejar. ■