nº 975 - 24 de junio de 2021
Recuperar la normalidad: la visión institucional del Poder Judicial
Alberto Palomar Olmeda. Profesor Titular (Acred) de Derecho Administrativo. Magistrado de lo contencioso-administrativo (E.V). Abogado. Socio Broseta.
La quiebra del Poder Judicial es la quiebra del sistema jurídico y, por ende, del propio sistema democrático
Debemos reclamar políticas decididas de ordenación y funcionamiento del Poder Judicial
Si hay algo que está empezando a resultar difícil de admitir en este momento es el profundo deterioro institucional en el que estamos situados. De repente parece que todo da igual. Los órganos constitucionales llevan años de retraso en su proceso de reelección, hasta el punto de que hay algunas figuras que van a estar más tiempo en funciones que en su mandato, los órganos pueden ser cercenados en su función sin que ocurra nada y proyectando una idea muy peligrosa: no pasa nada si no funcionan. O, más recientemente, se ha llegado a decir que la ejecución de sentencias puede constituir una forma de venganza.
La crisis alcanza a muchas instituciones, pero se ha cebado con el Poder Judicial. El modelo constitucional de justicia es muy complejo. La dicotomía Consejo General del Poder Judicial-Ministerio de Justicia está mal delimitada (si es que lo está) y las fricciones son continuas. El binomio Ministerio de Justicia-Comunidades Autónomas tampoco tiene una delimitación precisa y si introducimos un tercero– el CGJP– en el escenario, las relaciones jurídicas resultan prácticamente imposibles. El sistema de elección del CGPJ no está, tampoco, resuelto a satisfacción de nadie. Ni el colectivo afectado está contento, ni los partidos lo acaban de ver claro ni, claro está, los usuarios muestran la satisfacción de un modelo que está precisado de una recomposición como pocos otros servicios públicos tiene hoy.
En vez de proyectar una política de modernización, de progreso, de organización, de servicio y de solución de los conflictos estos años están contribuyendo a la insatisfacción del modelo y a su descrédito. Dificil pendiente por la que nos deslizamos.
El Poder Judicial como última ratio
La constatación de esta circunstancia se presenta como muy preocupante porque el Poder Judicial es la última ratio, el último reducto en el que los ciudadanos buscan las soluciones a sus problemas. La quiebra del Poder Judicial es la quiebra del sistema jurídico y, por ende, del propio sistema democrático.
No es indiferente para un Estado que su Poder Judicial funcione o no. No es disponible. Ni en términos constitucionales ni en términos democráticos. Pero lo que es cierto es que el problema está planteado con una agudeza tan importante y una falta de visión tan notable, que podemos llegar a pensar que el problema es crónico y que debemos vivir con su mal funcionamiento.
Lejos de esto debemos reclamar políticas decididas de ordenación y funcionamiento del Poder Judicial. La garantía de su funcionamiento se está equivocando con su efecto: el control. Parece como si el Poder Ejecutivo no quisiera el control ni del Poder Legislativo ni, por supuesto, del Poder Judicial. Esta sensación se incrementa con la última línea del Tribunal Constitucional reconviniendo, una y otra vez, sobre los límites constitucionales del Real Decreto-ley y fiscalizando el concepto de urgencia que señala el Gobierno.
La posición del Tribunal Constitucional se sitúa en la línea de recomponer la figura y las instituciones y de volver, en gran medida, a los orígenes. El Poder Judicial es un órgano de control necesario y la actuación de los jueces y tribunales un elemento de garantía que nos permite la mejor ordenación de la vida social.
No es igual que…
Esto nos permite indicar que, para los juristas y para la sociedad, en general, las cosas no son iguales. No es igual que haya órgano de dirección del Poder Judicial o que no lo haya; no es igual que los jueces y magistrados se sientan respetados y criticados solo por sus resoluciones. No es igual que el resto de los poderes asuma y establezca una posición de equivalencia y ordenación sistémica. No es igual que cada uno tenga su papel y su relevancia. Ni, por supuesto, que todos creamos y alentemos este equilibrio.
La sociedad necesita referencias claras y, en estos últimos tiempos, las estamos perdiendo para entrar en un mundo difuso, de crítica personal y, sobre todo, de permanente sensación de innecesaridad de casi todo lo que conforma la estructura institucional.
Frente a esto es preciso demandar respeto, respeto institucional, respeto al funcionamiento constitucional y al papel que el propio Texto Constitucional atribuye a unos y otros. Es particularmente complejo admitir que alguien considere que la ejecución de las sentencias es un elemento de desvertebración o de conflicto social. En este argumento que se acaba de plantear con los indultos a determinados políticos condenados, hasta el punto de que la sociedad pueda pensar que el Estado es tan débil que sus propias sentencias tienen que ser enmendadas para no crear mayor conflicto social.
El argumento es peligroso. Lo es porque quien hace estas interpretaciones es, adicionalmente, el que tiene la iniciativa legislativa y, por tanto, puede transformar la sociedad para dotar a esta de aquello que precise. Pero, adicionalmente, lo es porque implica una posición de supremacía del Poder Ejecutivo que no se corresponde con el marco constitucional, de un lado, y, de otro, porque supone una preeminencia interpretativa de las necesidades sociales que no habilita actuaciones como las que se proponen. ■