nº 975 - 24 de junio de 2021
El 72 % de los españoles piensa que «la Administración de Justicia es tan lenta, que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella»
Actualidad Jurídica Aranzadi
El 79 % considera que en España no existe posibilidad alguna de sobornar a un juez
Tres de cada cuatro ciudadanos (74 %) consideran que, en general, los jueces y juezas de España son competentes y están bien preparados para el ejercicio de sus funciones
El 84 % cree que todos los gobiernos tienen más interés por tratar de controlar a la Justicia que por proporcionarle los recursos que precisa para funcionar de forma rápida y eficaz
¿Cómo ven los españoles a la Justicia? Una pregunta tan imprecisa no puede sino tener una respuesta ambigua del tipo: depende de sobre qué ámbito de la misma se les consulte. Esta es la primera conclusión que podemos obtener de la encuesta realizada por Metroscopia para el CGPJ Los españoles y la Justicia. La anterior reflexión no debe sin embargo ser un freno para profundizar en las conclusiones de la misma ya que, al hacerlo, se obtienen datos de gran relevancia. Destacamos los más importantes.
Una justicia lenta, falta de medios y sometida a presiones
En el ámbito de las carencias no sorprende el hecho de que 72 % de los españoles piense que la Administración de Justicia es tan lenta, que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella. Pero un porcentaje aún mayor, el 79 %, sostiene que la Justicia no cuenta con los recursos necesarios para poder actuar de forma más rápida y eficaz. Esta última creencia sube hasta el 87 % entre quienes afirman haber tenido contacto como usuarios con los tribunales y se declaran satisfechos con la experiencia.
Según el Justice Scoreboard 2020 de la Unión Europea, la Justicia española es:
– La cuarta Administración de Justicia de la Unión (de las 26 para que se cuenta con datos comparables) que tarda más tiempo en resolver un asunto civil o mercantil.
– La tercera (de las 25 para las que se cuenta con datos) que en menor medida logra resolver cada año al menos el mismo de número de casos pendientes como de casos nuevos.
– Y la quinta (del total de 27) que presenta una proporción más baja de jueces por habitante.
Al reconocimiento de la carencia de medios humanos y materiales de la Justicia se suma la opinión, sostenida por el 84 % de los encuestados, de que todos los Gobiernos, sea cual sea su orientación ideológica, muestran más interés por tratar de controlar a la Justicia que por proporcionarle los recursos que precisa para funcionar de forma rápida y eficaz.
Pero plenamente confiable
A pesar de su lentitud, siete de cada diez españoles (68 %) perciben a nuestra Administración de Justicia como la institución que representa la salvaguarda y garantía última de los derechos y libertades de la ciudadanía: es decir, es percibida como una institución que, por añadidura a su cotidiana función jurisdiccional, resulta determinante para la pervivencia misma de nuestra democracia.
La percepción de que nuestra Justicia es la garante última de los derechos y libertades ciudadanos, es expresada en exactamente la misma proporción por los españoles más jóvenes (67 %, entre los de 18 a 34 años), los de edad media (69 %, entre los que tienen entre 35 y 54 años) y los mayores de 55 años (66 %). Y tampoco se registran al respecto diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño de la localidad de residencia.
Jueces y juezas, profesionalmente competentes y bien preparados
Tres de cada cuatro ciudadanos (74 %) consideran que, en general, los jueces y juezas de España son competentes y están bien preparados para el ejercicio de sus funciones. Y en esta evaluación se registra también una destacable coincidencia a todo lo largo del arco ideológico-político y en todos los grupos de edad (siendo de resaltar que, entre los más jóvenes, esta evaluación es expresada por un porcentaje particularmente elevado: el 82 %). Esta alta consideración puede explicar la clara preferencia de los ciudadanos (la expresa un 60 %, frente a un 35 %), por un juez, y no por un jurado, para decidir sobre su culpabilidad o inocencia en el hipotético caso de haber cometido un delito.
Inasequible al soborno
La encuesta revela asimismo que el 79 % considera que en España no existe posibilidad alguna de sobornar a un juez y que esta afirmación es hecha con la misma rotundidad por los votantes del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Unidas Podemos, de VOX y de partidos nacionalistas/independentistas, siendo estos últimos –con un 82 %– los que en mayor porcentaje sostienen esta opinión.
El judicial, el mejor valorado de los tres poderes del Estado
Un 48 % de los encuestados opina que la Administración de Justicia funciona mal, frente al 33 % que cree que lo hace bien y el 18 % que estima que lo hace regular. Pese a ello, la encuesta señala que el judicial es el poder del Estado evaluado, en términos relativos, de forma más favorable en cuanto a su funcionamiento.
Así, el 26 % dice que la Justicia funciona mejor que las Cortes (Legislativo), frente al 18 % que afirma que lo hace peor. Esta diferencia de 8 puntos aumenta hasta los 15 cuando se pregunta por el Ejecutivo: el 35 % responde que la Justicia funciona mejor frente al 20 % que contesta que lo hace peor.
Imparcialidad e independencia
Para una ajustada mayoría de españoles (53 %) los tribunales suelen ser imparciales en su actuación (frente a un 44 % que expresa la opinión contraria). No hay diferencias estadísticamente significativas en esta pauta de respuesta a todo lo largo del arco ideológico-político: el 56 % entre los votantes del bloque de la derecha, y el 54 % entre los de la izquierda creen en la imparcialidad judicial. Tan solo entre los votantes de formaciones nacionalistas-independentistas constituye mayoría clara (71 %/29 %) quienes no creen en ella. En este punto el informe destaca que no resulta fácil determinar qué puede entender cada persona entrevistada exactamente por «imparcialidad». Así, recuerda que «el juez, necesariamente, ha de terminar tomando partido: lo que, para el perdedor puede aparecerse como parcialidad».
Evaluación positiva del Consejo General del Poder Judicial
La encuesta revela también que el 56 % de los españoles tiene buena opinión de la forma en que actúa el Consejo General del Poder Judicial gestionando el funcionamiento de la Justicia y decidiendo los nombramientos de quienes han de presidir los distintos tribunales.
El 87 % de los encuestados se muestra además de acuerdo con la afirmación de que las actuales dificultades para renovar el órgano de gobierno de los jueces se deben a que los partidos políticos que tienen que designar a los vocales tienen más interés en tratar de nombrar a personas que les parecen ideológicamente cercanas, que en seleccionar de común acuerdo a las más preparadas. ■